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Un grupo de pasajeros reclama en un mostrador del aeropuerto de Valencia

Tras la militarización de personal civil a consecuencia de un conflicto laboral, el Fiscal General de España, Cándido Conde-Pumpido, dice que solicitará penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo, tras conocer las arteras maniobras del Gobierno. En ese sentido, las distintas fiscalías se están coordinando para ponerse de acuerdo en las actuaciones y, supongo, que en las penas a aplicar.