El ambiente conspirativo que se respiraba en la Biblioteca de la mansión de James Cason, ex Jefe de la Sección de Intereses de Norteamérica en La Habana, la tarde del 18 de septiembre de 2002 cuando mandó a salir a las empleadas domesticas y le pidió a Carmen, su esposa, que sirviera personalmente el habitual whisky y los camarones empanados con salsa agridulce que matizaban nuestros más íntimos encuentros me llevó a la conclusión de que el extraño personaje que detalló ese día su currículum diplomático estaba emparentado en primer grado de consanguinidad y afinidad con la Agencia Central de Inteligencia.

Pese a tratarse de una interdicción violatoria de la Constitución, la prohibición de viajar a Cuba impuesta a los ciudadanos estadounidenses se ha mantenido a lo largo de los períodos de gobierno de diez presidentes -demócratas y republicanos-, lo que es muestra de que se trata de una voluntad de la élite del poder no sujeta a otras consideraciones.

Tal como se había anunciado, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesoro (OFAC) dio a conocer un conjunto de regulaciones para limitar los viajes, estancias y envío de remesas monetarias a Cuba, fruto de la estrategia anticubana de la ultraderecha norteamericana en el poder y de sus alianzas con la mafia cubano americana de Miami. Este conjunto de medidas, emanadas de las recomendaciones dadas a conocer en mayo último por la “Comisión de Asistencia para una Cuba Libre”, representan una infame maniobra con fines electoreros por parte de George W. Bush, dirigidas a afectar particularmente al pueblo cubano sobre la base del arreciamiento del criminal bloqueo contra la Isla.