El 15 de noviembre, el Tribunal Supremo de EE.UU. decidió no revisar la decisión de un tribunal inferior que confirmó la prohibición de un libro para niños (Vamos a Cuba) en las escuelas del condado de Miami-Dade de la Florida. La ACLU (Unión Norteamericana de Libertades Civiles) argumentó que la decisión de la Junta Educacional de Miami de eliminar el libro de las escuelas públicas porque presentaba una visión demasiado edulcorada de la visa en Cuba negaba la libertad de palabra y el debido proceso.

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no tomar el caso de una disputa entre funcionarios de escuelas públicas de Miami y activistas por los derechos civiles en torno a un libro sobre Cuba que muestra a niños sonrientes de la Isla. “Esos libros fueron retirados bajo el pretexto de ‘imprecisiones’, pero la verdadera razón por la que fueron retirados fue debido a que los libros contradicen la ortodoxia política de una mayoría de los miembros de la junta escolar”, dijo Howard Simon, director de la rama de la ACLU en la Florida, en un comunicado distribuido el lunes.

Activistas de derechos humanos y juristas cuestionan la enmienda, y abrogada por el gobierno de Estados Unidos, de la Ley de Comisiones Militares que durante la presidencia de George W. Bush habilitó las cortes marciales contra supuestos terroristas. Según los críticos, la revisión era innecesaria. La nueva ley, dicen, determinará nuevos retrasos en los procesos y creará un “sistema de justicia de segunda clase”.

Un tribunal de apelaciones en el estado de Idaho calificó hoy como repugnante la política de arrestos seguida por el Gobierno del ex presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El tribunal integrado por tres jueces señaló en Boise, capital del estado, que el entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, podría ser procesado judicialmente por al menos uno de los hombres arrestados bajo sospechas que resultaron infundadas.

La Agencia Central de Inteligencia se niega a divulgar una serie de documentos claves sobre su programa de prisiones secretas y torturas. El anuncio se realizó en respuesta a un plazo judicial impuesto en un caso presentado por la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU). La CIA sostiene que la divulgación de información sobre las denominadas “técnicas de interrogatorio incrementadas” (torturas) pondría en riesgo la seguridad nacional al exponer fuentes y métodos clasificados de inteligencia.