A poco más de un año de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 en Argentina, el caso Fernando Cerimedo obliga a discutir qué capacidad tienen estructuras privadas que concentran dinero, tecnología, medios, inteligencia de datos y milicias digitales para intervenir sobre un proceso electoral y alterar las condiciones en las que se define la voluntad popular, pero también qué sucede cuando esas estructuras se articulan con zonas históricamente opacas del Estado y encuentran en la inacción judicial una garantía para continuar operando.
Lo que la investigación boliviana comenzó a descubrir después del atentado contra Nadia Beller excede largamente la trayectoria de un consultor acusado de tentativa de femicidio: permite observar conexiones entre operadores electorales de las derechas latinoamericanas, tecnologías desarrolladas en Estados Unidos, estructuras mediáticas, empresas privadas de seguridad, movimientos de dinero y sociedades vinculadas con integrantes históricos del sistema de inteligencia argentino.
La pregunta para la Argentina no debería ser solamente quiénes serán los candidatos presidenciales, sino qué entramado queda expuesto detrás de actores como Cerimedo, cuál es su capacidad para intervenir sobre las elecciones de 2027 y por qué la Justicia argentina todavía no parece interesada en investigarlo.
Cerimedo cumple 180 días de prisión preventiva en Bolivia mientras la Fiscalía lo investiga como presunto autor intelectual del ataque contra Beller, quien recibió tres disparos el 17 de agosto. El peritaje de su celular encontró un texto registrado cuatro días antes en el que se plantea “eliminar” a Nadia y comunicaciones mantenidas durante el atentado con un contacto identificado como “ECG”; paralelamente, cinco allanamientos derivaron en otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, luego del hallazgo de más de medio millón de bolivianos entre distintas monedas, un teléfono satelital, documentación, elementos policiales, mobiliario con compartimentos ocultos y dispositivos que el fiscal Carlos Torrez calificó como una “mini granja de bots”. También quedó detenido Fritz Juniors Gironda Aquize, exteniente del Ejército que huyó durante el allanamiento de una casa de cambios relacionada con la investigación económica.
La dimensión política del caso se comprende al reconstruir la trayectoria de un operador que fue uno de los principales aportantes declarados de la campaña presidencial de Javier Milei, participó de su estrategia digital y tuvo a su cargo parte de la organización de la fiscalización electoral en 2023; había trabajado en el universo de Jair Bolsonaro en Brasil, posteriormente asesoró a Rodrigo Paz en Bolivia y a Nasry Asfura en Honduras, mientras La Derecha Diario, fundada junto con Juan Pablo Carreira entre otros y hoy propiedad de Javier Negre, se expandía como plataforma regional.
Negre, intentó desmarcarse de Cerimedo en un comunicado público de La Derecha Diario, a pesar de la sobrada evidencia pública que documenta su relación. Ya en 2023 Cerimedo reconocía públicamente que utilizaba trolls creados mediante inteligencia artificial para “intervenir en los algoritmos” y convertir determinados asuntos en temas relevantes de la conversación pública.
La definición permite superar la discusión limitada a las fake news: el objetivo consiste en intervenir sobre las condiciones de circulación y jerarquización de la información y, con ellas, sobre aquello que una sociedad percibe como verdadero, relevante, mayoritario o posible.
La escala de esa intervención adquiere otra dimensión cuando se incorporan las conexiones internacionales entre Cerimedo, Brad Parscale, responsable de la maquinaria digital de Donald Trump, y el petrolero texano Tim Dunn, uno de los grandes financistas de la derecha religiosa estadounidense.
Cerimedo fue presentado como representante latinoamericano de Campaign Nucleus y EyesOver -empresas de Parscale-, plataformas destinadas a integrar análisis en tiempo real de la opinión pública con ejecución de campañas políticas; la propia Campaign Nucleus presenta esa arquitectura como un mecanismo capaz de detectar modificaciones del sentimiento público y convertirlas inmediatamente en decisiones de campaña. Cerimedo agradeció públicamente a Parscale por haber puesto “su tecnología” a disposición y a Dunn por su respaldo a la disputa política latinoamericana.
Los dispositivos que la Fiscalía boliviana caracterizó como una granja de bots permiten desplazar entonces la discusión desde las herramientas hacia la organización política que las utiliza. Trolls, cuentas automatizadas, inteligencia artificial, medios digitales y plataformas de análisis de opinión pueden funcionar como componentes de estructuras más amplias que se sintetizan en la caracterización de milicias digitales: dispositivos organizados, dotados de recursos, conducción y objetivos políticos, capaces de intervenir coordinadamente sobre la conversación pública, instalar agendas, construir enemigos, perseguir adversarios y producir una representación artificial de mayorías y minorías.
Durante los días posteriores a los allanamientos se registraron modificaciones significativas en las métricas de cuentas pertenecientes al ecosistema libertario, incluida la de Milei. La coincidencia obliga a preguntarse cuánto de la potencia política presentada como opinión pública espontánea expresa relaciones sociales efectivamente existentes y cuánto responde a una capacidad organizada y financiada para intervenir sobre ellas.
Es necesario incorporar, para completar el mapa, una capa menos visible y probablemente más estructural, porque los registros societarios conectan a Cerimedo con Vicente Federico Quintanal, socio suyo en Compañía Sudamericana de Inversiones y Surlibre Inversiones, y con Natalia Basil, su esposa y exfuncionaria de ANDIS.
Quintanal comparte sociedades y domicilios con personas vinculadas al entorno de Silvia Majdalani, ex subdirectora de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) durante el macrismo: Hollybar SA incorporó como integrantes al marido de Majdalani y a su yerno, Julián Giménez, quien además había sido secretario privado suyo en Inteligencia.
Otra rama conduce hacia Oscar Ramón Giménez, quien tomó el control de National Security Enterprise, empresa fundada por Basil dedicada a seguridad y posteriormente ampliada a ciberseguridad, y que aparece relacionado societariamente con Darío Richarte, ex número dos de la SIDE; Juan José Gallea, exdirector de Finanzas del organismo; y empresarios del entorno de Sergio Szpolski y Antonio “Jaime” Stiuso.
Las coincidencias de domicilios, sociedades cruzadas y objetos comerciales revelan que la estructura empresarial de Cerimedo se encontraba mucho más próxima al elenco histórico de la inteligencia argentina de lo que permite su caracterización como simple especialista en marketing electoral (Volosin, 2026).
Es precisamente en esa articulación donde puede observarse una transformación más profunda de los sótanos de la democracia argentina. Los antiguos aparatos de inteligencia, las empresas privadas de seguridad y las estructuras especializadas en operaciones no necesariamente desaparecen frente al capitalismo financiero-digital: pueden articularse con capacidades nuevas de procesamiento de información, segmentación social, vigilancia digital, inteligencia artificial y manipulación algorítmica.
La posibilidad de intervenir sobre una elección tampoco requiere alterar físicamente una urna; puede operar mucho antes, sobre las condiciones materiales en las que millones de personas reciben información, identifican amenazas, construyen preferencias y finalmente deciden. La soberanía popular comienza a ser disputada, en ese terreno, antes del acto electoral.
La producción industrial de enemigos mediante esos dispositivos adquiere una gravedad adicional cuando se articula con la violencia como herramienta política. El intento de femicidio contra Beller presenta una investigación penal propia y sería irresponsable establecer conexiones automáticas con otros hechos, pero Argentina ya comprobó las consecuencias de naturalizar que un adversario pueda transformarse discursivamente en alguien eliminable.
El 1° de septiembre de 2022 Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner; alrededor de aquel atentado aparecieron organizaciones como Revolución Federal, circuitos de financiamiento y relaciones económicas con la familia Caputo que la investigación judicial nunca logró -ni quiso- reconstruir integralmente.
La persistencia de estas redes durante períodos prolongados resulta difícil de explicar sin incorporar el componente que completa el dispositivo: la impunidad.
Desde el hospital, Beller describió presuntos negocios de Cerimedo relacionados con combustibles, oro, seguros y contratos estatales en Bolivia, denunció mecanismos de lavado en Argentina y afirmó que su expareja conocía información sobre la trama de corrupción investigada en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) y sobre Karina Milei.
La diputada Marcela Pagano pidió que Beller sea citada como testigo y entregue las pruebas que afirma conservar; Cerimedo, además, ya había declarado ante el fiscal Franco Picardi que Diego Spagnuolo le había hablado de las irregularidades de ANDIS.
Mientras la Fiscalía boliviana abrió de oficio una investigación patrimonial, allanó propiedades y comenzó a reconstruir sociedades y movimientos económicos, hasta el momento no existe información pública sobre una causa argentina iniciada a partir de esos hallazgos, una actuación de la UIF para reconstruir sus movimientos financieros o un pedido de cooperación dirigido a Bolivia.
Esa ausencia de reacción institucional resulta todavía más significativa frente al intento del Gobierno de convertir ahora a Cerimedo en un personaje externo al mileísmo. Milei afirmó que dejó de relacionarse con él en 2023, pero los registros oficiales muestran al menos trece ingresos posteriores a la Casa Rosada entre diciembre de 2023 y junio de 2024, autorizados por funcionarios del Gobierno, incluida la última visita, por Santiago Caputo (a quien Karina Milei acaba de desvincular de la comunicación presidencial, en medio del escándalo). Juan Pablo Carreira, socio de Cerimedo en La Derecha Diario, ocupa hoy la Dirección Nacional de Comunicación Digital.
Las elecciones presidenciales de 2027 comienzan, por lo tanto, mucho antes del ingreso al cuarto oscuro y se disputan también en la infraestructura tecnológica capaz de fabricar relevancia, en el capital que financia esas herramientas, en las milicias digitales que producen y persiguen enemigos, en los medios que convierten operaciones en información, en las redes privadas de seguridad e inteligencia que atraviesan gobiernos y en un Poder (Partido/Mafia) Judicial cuya selectividad determina qué tramas serán investigadas y cuáles podrán continuar funcionando.
El caso Cerimedo importa menos por el derrumbe de uno de sus operadores que por aquello que permite observar detrás suyo: la posible articulación entre los viejos sótanos de la democracia y las nuevas tecnologías de intervención política, dentro de una arquitectura regional de poder con capacidad acumulada para actuar sobre las condiciones en las que nuestros pueblos deciden.
Si la democracia supone que la voluntad popular pueda expresarse libremente, la discusión argentina antes de octubre de 2027 deberá comenzar por determinar quiénes tienen capacidad material para condicionarla, quién financia esa capacidad y por qué, cuando algunos fragmentos de esas estructuras salen a la superficie, la Justicia argentina vuelve a mirar hacia otro lado.
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