Como parte de su ofensiva contra los inmigrantes, el gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, ha enjaulado a más de 6 mil niños en centros de detención, más de 205 mil menores han sufrido la detención de por lo menos uno de sus padres –a veces ambos– y después de años todavía no se ha logrado reunificar a más de mil pequeños con sus familias tras ser separados durante el primer periodo del actual mandatario.
Todo esto en el único país en el mundo que aún no ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1989.
A pesar de advertencias de pediatras y sicólogos sobre el trauma de largo plazo que sufren los menores de edad al ser encarcelados, de presenciar a sus padres esposados y a veces golpeados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o de ser separados de sus familias, la administración de Trump continúa usando estas medidas contra menores a propósito como un arma para frenar el flujo migratorio e imponer un clima de terror entre las comunidades de extranjeros sin documentos.
Más de 6 mil 200 menores de edad han sido detenidos y encarcelados por el gobierno federal desde que comenzó el segundo periodo del mandatario republicano, según un análisis del Marshall Project emitido en abril.
En promedio, hay 226 niños encarcelados en un dado día, es decir, 10 veces más en comparación al promedio al final de la presidencia de Joe Biden.
“Jamás ningún niño inocente deberá ser encarcelado. La cruel campaña de deportación masiva del gobierno de Trump está destrozando a la infancia e inflige traumas que estos menores llevarán por el resto de sus vidas”, denunció el diputado federal Joaquín Castro, uno de varios legisladores que han intentado visitar centros de detención para examinar las condiciones, incluyendo el de Dilley en Texas, que por algún tiempo fue el preferido para enviar familias con niños detenidos alrededor del país.
Bajo la ley, establecida por un acuerdo legal conocido como el acuerdo Flores de 1997, los menores de edad no pueden permanecer encarcelados por más de 20 días y también tienen derechos a condiciones básicas de bienestar. Pero esas normas, denuncian investigadores, han sido violadas constantemente. No sólo hay cientos de quejas formales por las condiciones insalubres severas –incluyendo alimentos con gusanos o contaminados, falta de atención médica y sin acceso a juguetes o lápices. Más aún, según el Marshall Project, más de mil 600 niños han estado enjaulados por más de 20 días, algunos por meses.
Justificaciones de la Casa Blanca
Las autoridades federales justifican que estas familias optan por estar encarceladas con sus niños, ya que pueden decidir “autodeportarse” y no permanecer en un centro de detención. Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca y arquitecto de estas medidas, ha justificado todas las políticas contra los inmigrantes “ilegales”, al afirmar que si tanto quieren a sus familias la mejor opción es abandonar Estados Unidos y regresar con los suyos.
De hecho, expertos afirman que ese es el objetivo. Este es “un esfuerzo estratégico y coordinado específicamente dirigido contra niños, con la meta de hacer que la vida sea tan intolerable para las familias inmigrantes para que sientan que no tienen otra opción más que irse”, afirmó Kika Matos, presidenta de la National Immigration Law Center, al The New Yorker.
Un nuevo informe de la Brookings Institution calcula que más de 205 mil niños, tres cuartos de ellos –145 mil– ciudadanos de Estados Unidos, han tenido por lo menos un padre detenido desde el inicio de este gobierno de Trump.
El informe de Brookings, uno de los centros de investigaciones y análisis de mayor prestigio en Washington, calcula además que más de 53 mil de estos infantes con por lo menos un padre detenido son menores de seis años de edad.
El reporte señala que “no existe una manera sistemática para proteger a los hijos de los detenidos por el ICE” y que “no hay una entidad responsable del bienestar” de estos menores de edad. De hecho, no se sabe realmente qué sucede con ellos después de que uno y a veces ambos padres son detenidos.
Separados por la fuerza, 5 mil 500 infantes
Durante el primer periodo presidencial de Trump, su gobierno, bajo una política de control migratorio en la frontera llamada Cero tolerancia, separó por la fuerza a más de 5 mil 500 niños de sus padres y familias –algunos bebés– y no implementó un sistema de rastreo y monitoreo para permitir la reunificación posterior.
Después de protestas y condenas públicas y fallos judiciales en contra, el republicano anuló esa medida y aceptó facilitar un proceso de reunificación de las familias, pero aún no se sabe si eso se ha logrado. Human Rights Watch emitió un informe a finales de 2024 en el cual detalló que unos mil 360 de esos niños separados no se habían rencontrado con sus padres.
La academia y la asociación estadunidenses de Pediatría, la Asociación Estadunidense Médica, organizaciones de siquiatras y otros especialistas en salud de niños y jóvenes han llamado, desde 2025, poner fin a las prácticas de detención de familias. En una carta enviada al presidente y al Departamento de Seguridad Interna afirmaron que ningún menor inmigrante debería ser encarcelado.
“No hay ninguna evidencia de que cualquier tiempo en detención es seguro para niños y el arresto mismo presenta una amenaza a su salud. De hecho, aun en periodos breves de retención pueden causar trauma sicológico y riesgos de salud mental a largo plazo”, advirtieron.
La agrupación Physicians for Human Rights emitió un informe en 2020 el cual concluye que el trauma padecido por niños y adultos bajo la medida de separación de menores constituye “tortura”.
Médicos, siquiatras y miles de otros profesionales de salud han llamado repetidamente a liberar a todo niño en detención, aplicando la recomendación de la Academia Estadunidense de Pediatría. Políticos opositores siguen denunciando las prácticas.
Una y otra vez se reportan historias sobre los niños en detención que expresaron que lo único que deseaban era regresar a sus escuelas con sus amigos, y aseguraron no entender por qué de repente estaban en un centro de arrestos. Una pequeña de siete años, recluida en las instalaciones de Dilley, preguntó a su madre, una inmigrante ecuatoriana: “¿mamá, que crimen cometí para ser prisionera?”. La mujer señaló en entrevista con la agencia Ap que “no sabía qué contestar”.
Desprecio a leyes internacionales
El abierto desprecio a la Organización de Naciones Unidas por parte del gobierno de Trump hace improbable que Estados Unidos ratifique la Convención sobre los Derechos del Niño, permaneciendo así como el único Estado miembro en no ser parte de esta legislación internacional.
La Convención establece “que los estados partes deben velar porque todos los niños –sin discriminación de ninguna clase– se beneficien de medidas especiales de protección y asistencia; tengan acceso a la educación y a la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente sus personalidades, capacidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa”.
Ante ello, es notable por su ausencia, la condena de los 196 países firmantes de la convención, como también de los gobiernos de los países de origen de las familias con niños enjaulados en Estados Unidos.
(Tomado de La Estrategia)