El Decreto-Ley 94/24 (De la Lengua de Señas Cubana) constituye un hito para Cuba, al reconocer la Lengua de Señas Cubana como lengua natural, primera y oficial de la Comunidad Sorda. Este reconocimiento no se limita a declarar un derecho; establece un marco integral que garantiza el acceso a la información, la educación, la cultura, los servicios y la participación social de las personas sordas. Más allá de la igualdad formal, el decreto refleja un enfoque de cuidado social, al reconocer la necesidad de acompañar y respaldar a quienes requieren apoyo para desarrollar su autonomía, ejercer sus derechos y participar plenamente en la sociedad.
El Decreto-Ley 94 surge en respuesta a las recomendaciones de 2019 a Cuba como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reafirmando que la inclusión de la Comunidad Sorda es una política pública estructural, sostenible y verificable. Además, se sustenta en la Constitución de la República, que establece la dignidad humana como valor supremo y la obligación del Estado de crear condiciones que favorezcan la rehabilitación, la autonomía y la inclusión plena de las personas en situación de discapacidad.
Al colocar la Lengua de Señas Cubana al mismo nivel que otros idiomas oficiales, la ley visibiliza la cultura sorda y reconoce su valor como patrimonio lingüístico, educativo y cultural, fortaleciendo la identidad de sus integrantes y consolidando su dignidad.
La lengua como identidad cultural, patrimonio social y herramienta de cuidado
La Lengua de Señas Cubana no es únicamente un medio de comunicación. Es el elemento central de la identidad cultural de la Comunidad Sorda, con reglas gramaticales, semánticas y pragmáticas propias. Su carácter viso-gestual-espacial permite expresar ideas, emociones y percepciones de manera completa, fortaleciendo la autonomía comunicativa. Reconocida como primera lengua natural y oficial, posee un valor educativo, lingüístico y sociocultural, y puede ser utilizada tanto por personas sordas como oyentes, consolidándose como instrumento de integración social y cohesión cultural.
La identidad cultural sorda, definida por el decreto como un conjunto de rasgos socioculturales específicos y distintivos frente al resto de la sociedad, se transmite de generación en generación, fortaleciendo la autoestima y el sentido de pertenencia de la comunidad. La creación de literatura, proyectos culturales, investigación científica, así como la categorización y evaluación sistemática de los servicios de interpretación y traducción, incluidos los medios audiovisuales, aseguran que la lengua se mantenga viva, dinámica y plenamente reconocida.
Este enfoque evidencia cómo una política lingüística puede convertirse en un instrumento de justicia social y cohesión comunitaria, al mismo tiempo que refuerza el pluralismo cultural. La preservación y promoción de la lengua beneficia no solo a la Comunidad Sorda, sino a toda la sociedad, fomentando comprensión, diversidad y participación activa en la vida social y cultural.
Derechos y principios fundamentales: inclusión, autonomía y protección
El Decreto-Ley 94 establece principios fundamentales que van más allá de la igualdad formal: dignidad, libertad de tomar decisiones, no discriminación, igualdad de oportunidades, participación activa y respeto a la diversidad. Protege la igualdad de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes sordos a preservar su identidad mientras desarrollan sus capacidades. Además, reconoce que las personas sordas deben ser aceptadas como parte integral de la diversidad humana y participar activamente en la toma de decisiones que afectan su vida.
Desde la perspectiva del Derecho al Cuidado, estos principios representan una obligación activa del Estado, pues crean condiciones que permitan a las personas sordas desarrollarse plenamente, recibir acompañamiento, formación y acceso a recursos que fortalezcan su autonomía y bienestar. La inclusión activa se traduce en un acto de cuidado social y cultural, donde la diversidad se percibe como un recurso que enriquece a toda la sociedad.
El decreto garantiza la accesibilidad integral al entorno físico, social, económico y cultural, así como la evolución de las facultades de los niños, niñas y adolescentes sordos. La implementación de estos principios convierte la inclusión en un valor activo y medible, promoviendo la participación efectiva en educación, trabajo, cultura y vida pública, generando un efecto multiplicador de cohesión social y corresponsabilidad ciudadana.
Educación bilingüe, formación profesional y acceso integral
La educación bilingüe constituye un derecho central, y el Decreto-Ley 94 garantiza recursos humanos, metodológicos y financieros desde la educación inicial hasta la superior. La formación de intérpretes y docentes especializados, así como la inclusión de la Lengua de Señas Cubana en procesos académicos y profesionales, asegura que la educación sea accesible y significativa.
El decreto promueve también la accesibilidad integral en transporte, espacios públicos, tecnologías, medios de comunicación y producción cultural y científica. La participación directa de la comunidad, a través de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba, asegura que políticas y programas respondan a necesidades reales, fortaleciendo autonomía y protagonismo.
Se establecen obligaciones precisas: servicios de interpretación en todos los contextos estatales, formación continua de profesionales, actualización sistemática de docentes e intérpretes, y desarrollo de bienes, servicios y espacios con diseño universal para satisfacer necesidades específicas de las personas sordas.
Foto: Archivo/ Cubadebate
Los órganos del Estado tienen funciones coordinadas:
- Ministerios de Educación y Educación Superior: educación bilingüe, formación de intérpretes y docentes, primera lengua en ingreso y defensa de ejercicios académicos, actualización sistemática.
- Ministerio de Transporte: servicios de interpretación en todas las terminales.
- Ministerio de Comunicaciones: accesibilidad tecnológica y sistemas de apoyo.
- Instituto de Información y Comunicación Social: interpretación televisiva y proyectos culturales en coordinación con la Asociación Nacional de Sordos de Cuba.
Esta estructura convierte la inclusión en política pública efectiva, planificada y sostenible.
Impacto social, cultural y proyección hacia el futuro: inclusión y cuidado como valores centrales
El Decreto-Ley 94 transforma la percepción social de la discapacidad auditiva, promoviendo autonomía, identidad cultural y participación plena de la Comunidad Sorda. Su implementación efectiva requiere coordinación interinstitucional, formación continua de intérpretes y sensibilización de funcionarios, educadores y trabajadores, garantizando prácticas sostenibles y significativas.
Desde la perspectiva del Derecho al Cuidado, establece un compromiso social de acompañamiento, protección y promoción del bienestar, vinculando autonomía y acceso a la educación con la responsabilidad colectiva del Estado y la sociedad. Además, define mecanismos claros de seguimiento. Los jefes de órganos estatales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social supervisan la implementación y rinden cuentas periódicamente ante el Consejo de Estado, asegurando que la inclusión sea efectiva y evaluable.
Este decreto proyecta una sociedad donde educación, cultura y participación social se articulan para crear un futuro de ciudadanía plena, consolidando un cambio social tangible que trasciende la normativa y se refleja en la vida cotidiana.
Hacia una Cuba inclusiva y consciente del valor de la diversidad
El Decreto-Ley 94 es más que un avance legal. Constituye un hito en la construcción de una sociedad inclusiva, donde la diversidad se reconoce, respeta y protege activamente. La oficialización de la Lengua de Señas Cubana consolida la identidad cultural de la Comunidad Sorda, garantiza acceso pleno a educación y cultura, y refuerza autonomía y participación social.
Este marco legal refleja un compromiso colectivo de cuidado y corresponsabilidad. Estado, comunidad y sociedad trabajan juntos para transformar la igualdad formal en igualdad real. Así se sientan las bases para un futuro en el que la inclusión sea práctica constante, y donde la diversidad lingüística y cultural se convierta en motor de desarrollo social, educativo y humano para toda Cuba.
