Aunque el sistema estadounidense suele ampararse en una calculada ambigüedad entre declaraciones personales y pronunciamientos institucionales, ese juego burocrático de conveniencia no disuelve la gravedad del hecho, es decir, la publicación revela, por su propio texto, una operación jurídicamente frágil en sus fundamentos y, por supuesto, en absoluto, manifiestamente ilegal.