Hacia dónde se inclina la balanza (+Fotos)

Son cerca de las 10 de la mañana, Arminda llega a la bodega con sombrilla, gafas de sol, pañuelo en la cabeza y nasobuco. Debe rondar ya los 60 años de edad y aunque no le gusta salir de casa por la COVID-19  hoy tenía que coger los mandados. Cuando le toca su turno, saca de la jaba la libreta, el monedero y una pesa digital “ya no venden de forma liberada el arroz o la azúcar, por eso necesito que me despachen bien lo que me toca por la libreta” plantea la señora.

Jorge Luis confiesa haberse vuelto bastante “quisquilloso” con el peso de los productos que adquiere “siento que existe poca fiabilidad en las pesas o básculas, ya sea por no estar bien calibradas o por traquimañas de los vendedores”, cuestiona el cliente.

Ante las inquietudes con los instrumentos de pesaje este usuario de Cubadebate esboza algunas ideas. Una buena solución –dijo Jorge Luis- sería pasar al uso de pesas digitales en kilogramos y que el costo de la certificación y su adquisición corra por los vendedores. “Lo que no se puede permitir son pesas digitales en kilogramos y los precios de los productos en libras, como sucede en el mercado de Egido”, denuncia este comentarista.

Varios son los factores que influyen sobre los instrumentos de pesaje en el Sistema del Comercio Interior, pero quién se encarga de la certificación de las pesas. La técnica de gestión de la calidad del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), Yudiefmin Sosa Collazo informó que en La Habana, el Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET) es el órgano encargado de la certificación de las pesas y en el resto de las provincias del país está acción es realizada por las Oficina Territoriales de Normalización.

Cuando estos organismo verifican las pesas – advirtió la funcionaria- emiten un certifico y de acuerdo con los resultados colocan dos tipos de sellos: uno amarillo, significa que el instrumento está apto para el uso y otro de color rojo que simboliza no apto. “Si la pesa es considera no apta debe ser retirada y no puede continuarse utilizando en la venta a la población. Si los problemas identificados, ya sea por mantenimiento o calibración, son corregidos se vuelve a solicitar la inspección”, agregó Sosa Collazo.

Acorde con lo establecido por la Oficina Nacional de Normalización, los instrumentos de medición se verifican una vez al año.

La técnica de gestión de la calidad del MINCIN alertó que si la pesa no tiene visible el certifico los clientes tienen el derecho de dirigirse a los órganos reguladores entre ellos, la Dirección Estatal de Comercio o del Gobierno, “ahí radican cuerpos de inspectores que deben verificar la situación” o plantearle la inquietud al administrador del lugar.

Los “errores” humanos también son un factor determinante cuando hablamos de pesaje, debido a la existencia de trabajadores inescrupulosos. “En el caso de los agromercados, está establecida la existencia de una báscula de comprobación para verificar el peso de los productos, aunque en las bodegas no existe este mecanismo para confirmar que los cliente se lleven el peso justo”, indicó la funcionaria del MINCIN.

“Una buena parte de las pesas con las que se trabaja en los establecimiento de la red de Comercio Interior están obsoletas, algunas tienen más de 50 años de explotación. La intención es cambiar este equipamiento. Estamos trabajando con la Empresa de Fabricación y Servicios a medios de pesar (PEXAC) para adquirir pesas digitales que serán enviadas a las bodegas, carnicerías y pescaderías. Esta modernización ya se ha realizado en algunos Mercados Ideales y en tiendas de materiales de la construcción”, informó.

¿Protección al consumidor?, que no caiga en saco roto

La Resolución 54 del 2018 ampara la Protección al Consumidor en el Sistema de Comercio Interior. En esta resolución se emiten la “Indicaciones para su organización y ejecución” y están dirigidas a las personas naturales y jurídicas que realizan la actividad de comercio, relacionadas con la venta de mercancías, la gastronomía, servicios técnico y alojamiento para proteger los intereses y derechos de los consumidores.

De acuerdo a la información ofrecida por Blanca Isabel Peláez Fernández, especialista principal de la dirección de Protección al Consumidor del MINCIN entre los principios de esta norma jurídica se destacan el respeto de los derechos de los consumidores, así como la actuación ética y razonabilidad social del proveedor, la actuación transparente y profesional del que brinda productos y servicios para minimizar actos que violen los derechos.

Si bien en la norma quedan refrendados los derechos y deberes de los consumidores y las obligaciones de los proveedores de productos y servicios por qué se vulneran estas premisas. Surgen las interrogantes ¿Quiénes son los encargados de hacer valer la resolución? ¿Los clientes exigen sus derechos? ¿Qué seguimiento se les da a las reclamaciones?

Eduardo se siente desprotegido. Tiene conocimiento de las leyes que en el país  amparan a los consumidores pero para él “muchos se burlan de lo legislado y en algunos casos la arbitrariedades quedan impunes”. El engaño al consumidor –dice, este comentarista de Cubadebate- existe en casi todos los establecimientos de comercio y gastronomía.  “Este sistema necesita una buena sacudida para ver si los consumidores sufrimos menos daños a la hora de recibir los servicio que tanto necesitamos” añade.

La especialista principal de la dirección de Protección al Consumidor del Mincin explicó que es responsabilidad de la administración de cada establecimiento instruir a sus subordinados en materia de protección al consumidor, así como de instancias superiores ejercer el control de lo establecido.

El Ministerio de Comercio Interior – dijo- cuenta con una línea única 80022624, donde los consumidores pueden emitir quejas y denuncias. “Otras vías son los páginas en Facebook de Protección al Consumidor y la del Ministerio”.

Existen las normas y las vías para hacer las denuncias, pero ¿se cumple lo establecido en la resolución 54?. Este tema lleva un análisis profundo por parte de las administraciones de cada establecimiento del comercio en el país, para que la protección al consumidor no sea un sintagma que caiga en saco roto.