Cubadebate

Termina la legislatura de una AN que no superó su nivel ante sus electores. Cinco años después, el Gobierno encabezado por Maduro está más legitimado y fortalecido en el poder, frente a una derecha en descomposición y reconfiguración. Foto: Reuters

El 6 de diciembre (6D) se renovará la Asamblea Nacional (AN) venezolana, en un ejercicio democrático que empoderará al pueblo para escoger a quienes, por los próximos cinco años, determinarán la vida legislativa del país bolivariano. Sobre las circunstancias en que tendrá lugar ese proceso expusimos nuestras consideraciones en la entrega anterior, en la que defendimos el escenario probable de que el chavismo logrará imponerse.

Para el chavismo, el reto no pareciera estar en solo ganar la AN, sino en demostrar que lo consigue con un voto de calidad, refrendado en el tipo de mayoría que alcance en el Parlamento, en la cantidad de votos logrados, en la participación general –a pesar del abstencionismo de sectores de derecha–, y en obtener mayoría de los curules asignados a los circuitos estratégicos que garantizan gobernabilidad.

Si en cada uno de esos aspectos el Gran Polo Patriótico (GPP, coalición de partidos encabezada por el PSUV) alcanzara un saldo favorable, el Gobierno estaría en mejores condiciones para trazar políticas acompañadas del ejercicio legislativo.

En la AN se definen dos tipos de mayoría: la simple, también conocida como absoluta o relativa y que se adquiere con la mitad más uno de los diputados, y la calificada, que a su vez tiene una ramificación de dos terceras partes y otra de tres quintas partes.

Cada una de esas mayorías regula el margen de maniobra y atribuciones que puede tener el poder legislativo, con respecto a la aprobación o sanción de leyes de acuerdo con sus diversas competencias. En consecuencia, la mayoría que conquiste el GPP definirá su control sobre la actividad parlamentaria.

Recordemos que la actual AN –en desacato desde 2016 y de mayoría opositora– pretendió ampararse en haber obtenido dos terceras partes para intentar sacar al presidente Nicolás Maduro del poder; incluso, aseguró que lo haría en menos de seis meses.

Ahora bien, para ganar mayor legitimidad, el chavismo necesitaría que sus votos y la participación general se comporten de modo similar –o superior– a eventos precedentes.

Aclaremos entonces que las parlamentarias no constituyen los comicios de mayor participación en la vida política venezolana y habitualmente a ese tipo de elección concurre entre 50-75% del padrón electoral (como referencia, en circunstancias normales en las presidenciales suele participar sobre el 80%). Considerando nuevamente el abstencionismo, sería un buen resultado si el 6D votara el 40-45% de los 20 710 421 ciudadanos habilitados para ello.

En cuanto al voto del chavismo, cualquier cifra entre los 5.6 millones que logró en las parlamentarias del 2015 y los 6.2 millones que reeligieron a Maduro en 2018, enviaría un mensaje de consolidación del proceso. Un reto semejante tienen las coaliciones opositoras que participan este 6D, ávidas de ocupar espacios políticos en reconfiguración, dado el vacío que dejan los partidos que han llamado a la abstención.¹

En eventos electorales de cualquier tipo, el chavismo ha validado la teoría de que logra imponerse en circuitos ubicados en zonas rurales. Sin embargo, le cuesta ganar en los urbanos, donde se manejan los poderes económicos y políticos de cada entidad regional. Más allá de ganar un escaño, hacerlo en circuitos de ese tipo le agrega un valor al triunfo que repercute en gobernabilidad. Lo ha conseguido en las últimas elecciones regionales (las gobernaciones de 2017 y las de alcaldías de 2018), y mantener el voto en esos espacios representaría otro espaldarazo a su control y la estabilidad en esas regiones.

Más allá de las posibles interpretaciones que puedan realizarse del voto del 6D, la principal connotación del evento electoral estaría en permitir el retorno a la legalidad constitucional de la Asamblea Nacional, previa decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ello implicaría la normalización de la actividad legislativa, incidirá internamente en la vida política, social y económica del país, e incluso en el ámbito de las relaciones internacionales.

Quedaría también allanado el camino para que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cumpla sus objetivos, rinda el mandato para el cual fue electa y, eventualmente, se deje el rol legislativo al Parlamento electo como único ente validado para ello.

De manera anticipada, la oposición radical declaró que no reconocerá el resultado de esos comicios. Es de esperar que algunos sectores de sus bases electorales asumirán igual postura, y así ambos se automarginarán de participar en la vida política nacional. Ello, entonces, cumple con el guion impuesto por Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y el Grupo de Lima, al anunciar que desconocerán la elección en la continuidad de la política de aislamiento internacional.

Bajo ese entendido, el 6D no tendrá grandes implicaciones en las relaciones de Caracas con los países y entes referidos, pues no es la legalidad de la AN el trasfondo de las diferencias de aquellos con Venezuela, cuyo Gobierno ha exhortado en no pocas ocasiones al uso de la diplomacia como mecanismo para dirimir discrepancias, tanto en el plano doméstico como en el exterior.

En cualquier caso, el conciliábulo de la extrema derecha tampoco reconoce a Maduro como presidente, y ello no le ha impedido desempeñarse exitosamente en su cargo. En definitiva, el reconocimiento que necesita es el del pueblo venezolano y ese lo ha logrado en las urnas, elección tras elección.

Quien sí parece que verá afectado el desempeño de sus presuntas funciones es el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó, cargo que, es válido recordar, sustenta ilegalmente por una interpretación desacertada de la Constitución mientras ejercía como presidente del Parlamento.

Ahora bien, el 5 de enero de 2021 vencerá el periodo de legislatura por el cual Guaidó fue electo diputado, y en consecuencia perderá la supuesta condición que le permitió autoproclamarse. No existe, por demás, ningún resquicio legal para que Guaidó extienda su “mandato”.

Guaidó estará, a partir de esa fecha, en la disyuntiva de cumplir o no con la Constitución en rigor de la cual –hipotéticamente– asumió como presidente de Venezuela. Si la respeta, deberá “desautoproclamarse” o “autorrenunciar” –con perdón de la RAE–, pues ya no será diputado.

Solo podría insistir en su fantasía de ser presidente encargado violando olímpicamente la carta magna venezolana, y más que presidente sería entonces emperador o dictador autoproclamado. Apartando la jarana, Guaidó perdería el resguardo de la inmunidad parlamentaria y, ante los cargos que pudieran sobrevenir en su contra (debidamente legalizados y probados en estos años), no sería desatinado verlo agarrar rumbo Colombia o Estados Unidos, en una especie de autoexilio del cual bien viven políticos de oposición.

Termina entonces la legislatura de una AN que no superó su nivel ante sus electores, y de la cual solo sobrevivirán los memes de Guaidó y la bajeza de un grupo político apátrida que apostó por invasiones imperiales antes de asumir trabajar para solucionar las diferencias internas de un país que, a pesar de todo, cinco años después, tiene al Gobierno encabezado por Maduro más legitimado y fortalecido en el poder, y a una derecha en descomposición y reconfiguración.

Sobre los resultados que nos deje el 6D, pudiéramos hablar próximamente.

[1] Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, COPEI, el Voluntad Popular de Leopoldo López y Juan Guaidó, y el Primero Justicia de Julio Borges y del cual se ha distanciado Henrique Capriles.

Nota: Varios partidos de oposición que llaman a la abstención aparecen registrados en coaliciones opositoras que sí concurrirán el 6D. Son partidos que internamente han presentado contradicciones y fueron intervenidos judicialmente por el Tribunal Supremo de Justicia, tras lo cual se nombraron juntas ad hoc que representan a la fracción del partido que pretende participar el 6D. No obstante, los liderazgos de esas juntas no constituyen segmentos mayoritarios en sus partidos y son cuestionados entre ellos, por lo cual es previsible que no lograrán arrastrar al potencial electorado de cada tolda en circunstancias normales.

6D: Elecciones parlamentarias en Venezuela (Parte I)