Se está destruyendo a diario el equivalente a más de 3 000 campos de futbol de bosque amazónico desde que Bolsonaro llegase al poder, en enero del 2019. Foto: DW.
A un año de que miles de incendios forestales en la Amazonia brasileña acapararan las portadas de los medios internacionales, la situación no mejora, algo visible aun cuando la crisis por la COVID-19 ha llevado a segundo plano informativo la destrucción de la vasta selva tropical como una de las amenazas mayores para el equilibrio climático del planeta.
Según los últimos datos obtenidos a partir de millones de imágenes por satélite por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), el área incendiada este año puede ser todavía más grande que en 2019.
Al inicio de la temporada seca en la Amazonia brasileña, el número de focos de incendios batió el récord, con 6 091 fuegos registrados en julio (sin incluir los del 31 del mes) frente a 5 318 el mismo mes del año pasado. El número de incendios detectados en tierras indígenas subió 77% frente a julio de 2019.
La deforestación registrada en los últimos 12 meses ya se sitúa 25% por encima de la cifra para el mismo periodo del año pasado, que fue la más alta en décadas. Se está destruyendo a diario el equivalente a más de 3 000 campos de futbol de bosque amazónico desde que Bolsonaro llegase al poder, en enero del 2019, una subida de más del 60% frente a años anteriores.
Los incendios suelen servir para quemar los rastrojos después de la tala de árboles en las grandes haciendas –muchas de ellas ocupadas ilegalmente– y así allanar el camino para actividades extractivas y la llegada de las megamanadas de bueyes de raza cebú que abastecen la industria de carne vacuna más grande del planeta.
Por si fuera poco, la destrucción implacable de la Amazonia brasileña –con una superficie equivalente a la mitad de la UE y el 20% de las reservas de agua dulce del planeta– está cambiando el clima en otras partes de Brasil y Sudamérica. Una sequía en la región de Pantanal, en Mato Grosso, ha provocado inmensos incendios este mes.
Pese a todo eso, hasta la fecha, Bolsonaro se ha librado de las críticas internacionales con las que tuvo que lidiar el año pasado, cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, hasta llegó a proponer la creación de un comité internacional para gestionar la Amazonia por su importancia para la humanidad.
El presidente de ultraderecha ha cambiado su discurso. Ya no echa culpa de los incendios a los voluntarios de la ONG de Leonardo di Caprio ni anima sarcásticamente a Angela Merkel a reforestar la selva negra. Bajo presiones de corporaciones multinacionales, Bolsonaro ha prohibido las llamadas queimadas –fuegos provocados por los agricultores para abonar el terreno para la siembra– y ha creado una nueva organización federal con poderes especiales para combatir la deforestación bajo el mando del vicepresidente, el exmilitar Hamilton Mourao.
Un posible boicot por parte de 40 empresas europeas, principalmente británicas, y diversos fondos globales de inversión como el noruego GPFG, e incluso el estadounidense BlackRock, han ayudado a forzar un cambio de actitud gubernamental, al menos en público. El superministro de economía, Paulo Guedes, espera que así se destraben las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con la UE y para la incorporación de Brasil a la OCDE.
El nuevo discurso ha dado resultados mediáticos, al menos. The New York Times publicó un artículo que asegura que Bolsonaro “ha dado un giro de 180 grados” y que “mucho ha cambiado en un año”. Pero, más allá de los gestos, no está claro que el plan de Bolsonaro haya cambiado en la Amazonia.
En las próximas semanas, el Gobierno animará a sus aliados en el Congreso a aprobar un proyecto de ley (la Medida Provisional 910) que regularizaría todas las áreas públicas de la Amazonia ocupadas ilegalmente en el pasado. Los beneficiarios serán los grandes hacendados y ganaderos, que se consideran los principales responsables de la deforestación y los incendios.
Conocida como la “ley grilagem”, en referencia a los grileiros (especuladores que falsifican los títulos de propiedad), ofrece una suerte de amnistía para quienes han ocupado ilegalmente 600 000 kilómetros cuadrados de suelo público en la selva amazónica brasileña, un área equivalente a la península ibérica.
La dictadura militar (1964-1984) regaló tierras a los grandes latifundistas sin conceder los correspondientes títulos de propiedad. Lula da Silva intentó reconocer la propiedad de miles de campesinos sin tierra con una restricción de 440 hectáreas sobre fincas regularizadas. La ley de Bolsonaro sube este límite hasta 1 650 hectáreas. Mourao defiende la ley, ya que “sin saber quién es el propietario de la tierra, no podemos llevar a los que delinquen ante la Justicia”.
Se calcula que 50 millones de hectáreas de tierras del Estado han sido apropiadas ilegalmente en Brasil. En teoría, el código forestal obliga a conservar el 80% de la vegetación autóctona en las fincas amazónicas. Pero, según una investigación publicada en la revista Science, el 45% de los terratenientes no cumple con este código.
Las 40 empresas europeas –incluidas Lidel, Marks and Spencer, incluso la filial británica de Burger King– advirtieron en una carta remitida al Congreso brasileño que si se aprueba la ley “dificultará que sigamos comprando productos brasileños”. Pero hay motivos para el escepticismo. Burger King, por ejemplo, es propiedad de Paulo Lemann, el hombre más rico de Brasil, conocido por su escaso interés en cuestiones ambientales.
Sequía y fuegos
La COVID-19 ha ayudado a Bolsonaro a ocultar su agenda de deforestación. Ricardo Salles, el ministro de Medio Ambiente, propuso en un consejo de ministros que fue grabado sin su conocimiento, aprovechar que “en la prensa solo se habla de la COVID-19” para “cambiar todos los reglamentos y simplificar las normas” de protección de la Amazonia.
Bolsonaro le hizo caso. Según un estudio del instituto Talanoa, el Gobierno adoptó entre marzo y mayo 195 medidas de desregulación y reducción de derechos indígenas en la Amazonia frente a 16 en el mismo periodo del año pasado.
(Tomado de La Vanguardia)