Floyd, Brown, Garner, Castile, Taylor, Brooks… Confluencias perversas y víctimas de otra “pandemia” en Estados Unidos

Si Ahmaud Arbery hubiera sido blanco, tal vez habría continuado normalmente su jornada el pasado 20 de febrero de 2020 luego de correr ejercitándose por una vecindad de la ciudad de Brunswick (Georgia). Pero Arbery, de 25 años, era negro. Gregory McMichael, un expolicía de 64, y su hijo Travis, de 34, tomaron sus armas y lo interceptaron en su camioneta. Hubo una pelea y disparos. Y Arbery murió.

El caso salió a la luz varias semanas después, cuando fue difundido un video del crimen. No fue hasta mayo, en medio de la presión pública tras conocerse el video, que la Justicia emprendió acciones legales contra los McMichael, acusados de homicidio y asalto agravado. El padre alegó entonces que Arbery “se parecía” a un sospechoso de varios robos en casas de la zona.

Arbery corría, hacía jogging, desarmado. En el video, según reportes de medios de prensa, se le ve corriendo mientras se aproxima a la camioneta por detrás, intenta rodearla para seguir y es interrumpido por uno de los McMichael. Se oye una discusión, hay disparos y… el desenlace.

Antes de que fuera difundido el video y estallara la protesta pública, un fiscal distrital había considerado que “no existía causa probable” para detener a los McMichael.

El padre de Arbery dijo a una cadena pública que su hijo se ejercitaba por la vecindad a diario. “No sé por qué lo prejuzgaron racialmente y acabaron así con él, cuando todo lo que hacía era deporte y correr y cuidar de su cuerpo porque tenía sueños. Ahora todos sus sueños han desaparecido, porque le quitaron la vida por nada”, declaró.

En Georgia se aplica la ley del arresto ciudadano. Las personas pueden actuar contra alguien si son testigos de su crimen o tienen conocimiento inmediato de este.

Un fiscal local, al bloquear el arresto de los McMichael, citó la ley de arresto ciudadano e insinuó que estaban legalmente en persecución caliente y tenían “causa sólida, de primera mano y probable” de que el joven negro era “sospechoso de robo”.

Pero no hay evidencia que lo apoye ni Arbery fue sorprendido en un acto delictivo. Solo corría tranquilamente, hasta que lo interceptó el dúo de padre e hijo. No había alcohol ni drogas en su organismo, e iba desarmado.

Lawrence Zimmerman, presidente de la Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Georgia, aclaró que la ley de arresto ciudadano de ese estado establece que la fuerza solo puede usarse para prevenir un delito violento. “Lo que no es legal es detener a alguien y luego usar la fuerza”, aclaró.

La de Arbery es una de las tantas muertes de ciudadanos negros acontecidas durante los últimos años en Estados Unidos por prejuicios raciales, en muchos casos a manos de policías. Esas muertes hicieron que surgiera y cobrara cada vez más fuerza, hasta el clímax tras el reciente asesinato de George Floyd, el movimiento Black Lives Matter, paralelamente a un debate cada vez más intenso y amplio sobre la brutalidad policial y el racismo.

Brown, uno entre más de mil baleados por la policía cada año

En agosto de 2014, la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri, desató fuertes protestas que se extendieron por semanas. Brown, también desarmado, caminaba por la calle junto a un amigo cuando fue interceptado por un agente y recibió seis disparos (uno de ellos en la parte posterior de un brazo, lo cual indicaría que hubo disparos desde detrás, como afirmaron haber visto 15 testigos). El oficial sospechó que había sido el adolescente quien había robado cigarrillos en una tienda, según una alerta policial recibida poco antes.

Brown, un joven negro de 18 años y 1.90 m de estatura, tranquilo según sus vecinos –varias personas contaron que era conocido como un “gigante amable”, aun teniendo problemas propios de su edad y de una experiencia vital difícil–, se había graduado de la escuela secundaria solo días antes y empezaría su primer año en el instituto Vatterott College de capacitación profesional.

Meses después, en noviembre, un gran jurado que no dejó pasar la oportunidad de criminalizar a Brown decidió no imputar a Darren Wilson, el policía que disparó contra el joven, y estallaron violentas protestas. Wilson renunció al cuerpo policial. En marzo de 2015, el Departamento de Justicia informó que no procesaría a Wilson, aunque publicó un reporte en el que reconocía prejuicios raciales en el modo en que la policía y las cortes tratan a los afroestadounidenses.

Fue tras la muerte de Brown que una investigación de The Washington Post encontró que el FBI había registrado solo menos de la mitad de los tiroteos policiales fatales, “porque el reporte de esos hechos por los departamentos de policía es voluntario y muchas veces no se reportan”.

En un apartado bajo el título “Fuerza letal”, que aparece actualizado hasta junio de 2020, el diario ofrece una panorámica estadística de eventos en los que el fuego policial ha causado muertes en ese país.

La base de datos del Post –que registra cada tiroteo fatal en el país donde haya estado involucrado un policía en servicio desde el 1 de enero de 2015 y es actualizada regularmente– se basa primariamente en noticias, publicaciones en medios sociales y reportes policiales.

“El Post documenta solo los tiroteos en los cuales un oficial de policía en servicio dispara y mata a un civil, las circunstancias que más cercanamente se asemejan al asesinato de Michael Brown, que impulsó el movimiento de protesta desembocando en Black Lives Matter y en un creciente escrutinio sobre la rendición de cuentas de la policía a nivel nacional. El Post no registra las muertes de personas en custodia policial, tiroteos fatales por policías fuera de servicio o muertes que no hayan sido por disparos”, aclara el diario.

El análisis de más de cinco años de datos revela que “el número y las circunstancias de tiroteos fatales y la estadística demográfica de las víctimas han permanecido relativamente constantes desde 2015”.

Nacionalmente, la policía ha disparado y matado a casi la misma cifra de personas anualmente –alrededor de 1 000– desde que comenzó la base de datos. Desde el inicio de la base de datos, en enero de 2015, un total de 5 403 personas han muerto por disparos de la policía.

“La cifra anual ha sido impermeable a olas de protestas como las que han inundado las calles de EE.UU. tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. El número de muertos ha permanecido estable a pesar de las fluctuaciones en las tasas de criminalidad, cambios en las jefaturas policiales de las ciudades y el impulso nacional por una reforma de la Justicia criminal.

“Incluso en medio de la pandemia de COVID-19 y las restricciones que han mantenido a millones en sus casas por semanas, la policía disparó y mató este año a 463 personas hasta la primera semana de junio, 49 más que en el mismo periodo de 2019. En mayo, la policía disparó y mató a 110 personas, la cifra más alta para un mes desde que el Post comenzó a registrar esos incidentes”. (The Washington Post, 8 de junio, 2020)

“Aunque la mitad (49%) de las personas que han muerto por disparos de la policía son blancos, los afroestadounidenses (24% de las muertes) reciben disparos a una ‘tasa desproporcionada’”, advierte el rotativo.

“Los afroestadounidenses son menos del 13% de la población de EE.UU. (los blancos son el 62%), pero son matados por la policía a una tasa más de dos veces superior que la de los blancos. Los hispanos o latinos son también matados por la policía a una ‘tasa desproporcionada’”.

El profesor Philip Stinson, quien dirige el Programa de Justicia Criminal en la Universidad de Bowling Green State, en Ohio, colaboró con The Washington Post para crear la primera base de datos de oficiales de la policía arrestados, llevados a juicio, absueltos y sentenciados.

En recientes declaraciones a la BBC, dijo que “desde 2005 he estado recolectando los datos diariamente. Y lo que se ve es que desde entonces solo 110 oficiales han sido acusados de asesinato u homicidio resultantes de un tiroteo en servicio, aun cuando desde ese mismo año unas 15 000 personas murieron por disparos de un policía en servicio”.

Los datos recopilados por Stinson y el Post revelan que, de esos 110 uniformados, solo 35 han sido condenados por un crimen, principalmente por homicidio u homicidio involuntario.

“En esos 14 años desde 2005, solo tres oficiales fueron condenados por asesinato. Otros 22 fueron absueltos en un juicio por jurado y nueve absueltos en juicio sin jurado. Otros 10 casos fueron desestimados por un juez o un fiscal y hay más de 20 casos criminales pendientes contra oficiales de policía”, apuntó el académico.

Esto implica –concluyó– que si unas 1 000 personas mueren anualmente en Estados Unidos por disparos de agentes policiales, solo siete de estos son acusados de asesinato u homicidio y, de esos siete, solo dos o tres son condenados cada año, mayormente por homicidio.

“Hay varias razones por las que acusar y procesar a un policía es extremadamente difícil en Estados Unidos”, dijo a BBC Jonathan Blanks, experto en justicia criminal e investigador de The Foundation for Research on Equal Opportunity (FREOPP), un centro de estudios en Washington, DC.

“Quizás la razón principal es que la Corte Suprema ha interpretado nuestra Constitución de manera que permite a los oficiales utilizar cierta cantidad de fuerza en sus labores (…) Tienen el derecho de disparar y matar a una persona si lo consideran necesario, y tienen permitido usar una gran cantidad de violencia”.

Stinson, por su parte, recordó que “si el oficial tiene un ‘temor razonable’ de una amenaza inminente de resultar lesionado gravemente o de enfrentar una fuerza letal, entonces ese oficial está legalmente justificado a usar la fuerza letal (…) Es por eso que muchos fiscales locales se muestran renuentes a presentar cargos contra oficiales de la policía en casos vinculados con uso excesivo de fuerza, y, si se llega a juicio, los jurados a menudo no se inclinan a condenar al policía porque se piensa que es ‘injusto’ castigar a alguien que cometió un error cumpliendo su trabajo”.

“Hay un obstáculo legal casi infranqueable cuando oficiales policiales y funcionarios del Gobierno violan nuestros derechos constitucionales o civiles (…) la doctrina legal conocida como ‘inmunidad calificada’, que protege a policías y otros agentes del Gobierno de responsabilidad por actos ilegales e inconstitucionales, al tomar decisiones ‘razonables’ pero erróneas desde el punto de vista jurídico.

“La Corte Suprema creó en 1982 la ‘inmunidad cualificada’, que dio a oficiales gubernamentales inmunidad al violar derechos civiles y constitucionales, a menos que las víctimas puedan demostrar que se violaron derechos que estaban ‘claramente establecidos’. Requiere que la víctima identifique una decisión anterior por la Corte Suprema o una Corte Federal de Apelaciones, sosteniendo que una conducta idéntica bajo iguales circunstancias fue ilegal e inconstitucional. Si no existe precedente, el oficial sale impune.

“Por ejemplo, en noviembre de 2019, el sexto circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos sostuvo que policías de Tennessee que permitieron que su perro mordiese a un sospechoso que se había entregado no violaron ‘claramente’ la ley. La víctima citó un caso anterior, declarado inconstitucional, en que oficiales echaron su perro contra un sospechoso que se había entregado echándose en el piso con los brazos extendidos a los lados. Eso no fue suficiente, razonó la Corte, porque la víctima de Tennessee se había entregado sentándose en el piso y alzando sus brazos”.

“Cuando la Corte Suprema concibió la ‘inmunidad cualificada’, prometió que no daría ‘licencia para conductas ilegales’ a oficiales del Gobierno. Simplemente, lo ha hecho”. (USA Today, junio de 2020)

Al publicar la cifra de muertos por disparos policiales en lo que va de año hasta inicios de junio, The Washington Post señalaba que “la policía ha disparado y matado este año a casi 500 personas, a un promedio de unas tres por día. La cifra no incluye a aquellos que, como Floyd, murieron por otros medios”.

Floyd: "No puedo respirar"

El caso de George Floyd no ingresa en la base de datos del Post, pero su muerte –poniendo a un lado términos legales– es el vil asesinato, ensañamiento incluido, de un hombre esposado en el piso, que estaba desarmado y en ningún momento se resistió al arresto, que repitió “no puedo respirar” sin que ello detuviera a Derek Chauvin –el policía que aplastó su cuello con una rodilla y todo el peso de su cuerpo por casi nueve minutos (con 18 quejas presentadas en su contra al Departamento de Asuntos Internos de la Policía de Minneapolis a lo largo de su carrera)–, ni provocara una reacción humanitaria, o al menos profesional, en los demás agentes en la escena.

Inicialmente, la policía declaró que Floyd se resistió al arresto y fue entonces que mostró señales de distrés médico, pero se hizo viral en las redes sociales un video de los hechos y ya no pudo ser ocultada la verdad. Ocurrió hace poco mas de un mes.

Aún se debate si era o no falso el billete con que Floyd pagó cigarrillos en esa tienda de Minneapolis el pasado 25 de mayo. Al analizar el caso y retomar los hechos, la prensa sigue usando el término “presuntamente”. Floyd era regular del establecimiento y es poco probable que supiera que el billete era falso, dado que, al llegar la policía, estaba en un auto a pocos metros de la tienda. Aun siendo falso el billete y aun sabiéndolo Floyd, “el arresto policial no puede ser una sentencia de muerte”, han dicho manifestantes y expertos en las últimas semanas.

Poco antes de que en Ferguson fuera baleado Brown, en Staten Island, Nueva York, Eric Garner (43 años, asmático, seis hijos) murió en julio de 2014 como Floyd, rogando por su vida y con la frase “No puedo respirar” en su boca. Garner la dijo 11 veces, sin que ello detuviera tampoco a los cinco policías que se le lanzaron encima (por sospechas de que vendía loosies, cigarros sueltos, sin licencia), uno de ellos prendido a su cuello hasta asfixiarlo.

En un video tomado por un amigo de Garner –también compartido en redes sociales–, se ve a este discutir con los agentes y, en cuestión de segundos, ser inmovilizado por ellos. Garner discutió con los agentes pero no se resistió al arresto, no tuvo siquiera tiempo de hacerlo.

Tras una larga investigación, cinco años después, en agosto de 2019, Daniel Pantaleo, el agente que provocó la muerte de Garner, fue despedido de la policía, que solo mucho después del hecho, en 2018, había iniciado un proceso administrativo interno contra él. Pantaleo siguió asignado a trabajo de oficina con un salario que en 2017, según USA Today citando nóminas de pago de la ciudad, ascendió a 120 000 dólares.

Semanas antes, el Departamento de Justicia había informado que no presentaría cargos contra el oficial por violación de los derechos civiles, por falta de pruebas. Antes, en diciembre de 2014, un gran jurado de Staten Island declinó presentar cargos criminales, lo cual generó fuertes protestas. Ninguno de los 10 policías restantes que participaron en el arresto fue objeto de medida alguna.

Al hacer el anuncio, el comisionado de la policía neoyorquina, James O’Neill, afirmó que “está claro que Daniel Pantaleo no puede servir más como un oficial de policía de Nueva York” y, además de confesar que fue una decisión “angustiosa”, dijo que Garner “no debió haber resistido al arresto” (aun cuando en el video solo se le ve discutir y luego caer al piso bajo la fuerza y el peso de cinco policías) y que, “de estar en la situación de Pantaleo, yo hubiera podido cometer similares errores”.

Aun cuando la autopsia de la Oficina del Médico Forense de Nueva York determinó que la muerte de Garner fue un homicidio (la presión sobre su pecho y el agarre en su cuello provocaron la asfixia que llevó a su deceso), aun cuando Pantaleo usó una llave de agarre en el cuello prohibida hace más de dos décadas por la policía (todo apreciable en las imágenes de video, en las que además se ve una rodilla sobre su espalda y un policía presionando su cabeza contra el piso con todo el peso del cuerpo), la acción del oficial califica como “error” para el comisionado O’Neill; un fiscal de Brooklyn dijo que el video y otras evidencias “no establecieron más allá de la duda razonable que el oficial actuara deliberadamente en violación de la ley federal”, y la subcomisaria del Departamento de Policía, Rosemarie Maldonado, encargada de supervisar los juicios administrativos contra los agentes, quien recomendó el despido, dijo no estar “persuadida” de que el agarre al cuello “fuese intencional”.

Entre otros, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, declaró que “se ha hecho justicia”, que fue un proceso administrativo “justo e imparcial” y que es “el principio para restaurar la fe de la gente” en las autoridades.

Según datos del Institute For Criminal Justice Training Reform (ICJTR), con base en California, como promedio los departamentos de policía del país exigen a los nuevos oficiales 672 horas de entrenamiento básico, “muchas menos que las establecidas para convertirse en plomero o barbero”. Las cifras varían, desde 1 000 horas en Minnesota, Alaska o Washington DC hasta unas 480 en Tennessee, Carolina del Sur y Nevada. ICJTR halló que, incluso, 36 estados permiten a los oficiales comenzar a trabajar antes de asistir a entrenamiento básico”.

Hace unos años, un informe del Departamento de Justicia revelaba que durante el entrenamiento, como promedio, las academias locales y estatales dedicaban 110 horas a habilidades con armas de fuego y técnicas de defensa personal; en contraste, a estrategias de vigilancia policial en comunidades se destinaban ocho horas, el mismo tiempo que a mediación y manejo de conflictos.

“Los policías requieren en Noruega tres años de entrenamiento (cuatro civiles muertos desde 2002); dos años en Finlandia (siete civiles muertos desde 2000); dos años en Islandia (un civil muerto en la historia del cuerpo policial); 21 semanas en la mayoría de academias y departamentos policiales de Estados Unidos (más de 8 000 civiles muertos desde 2001”. (PolitiFact, 2020)

Castile y Taylor, 15 disparos

Cerca de la calle donde murió Floyd en mayo pasado, pero en julio de 2016, murió Philando Castile, un afroestadounidense de 32 años que conducía un auto acompañado de su novia y su hija de cuatro años. Fue detenido por un oficial de policía debido a una luz trasera rota. Tras un breve intercambio, el policía disparó su arma siete veces e hirió mortalmente a Castile, quien fue declarado muerto media hora más tarde.

El hecho fue conocido por un video que difundió la novia de Castile en Facebook y generó protestas a nivel nacional. El agente fue acusado de homicidio en segundo grado, pero absuelto de todos los cargos a mediados de 2017, en un juicio por jurado.

El oficial, Jerónimo Yáñez, declaró que “temió” que Castile estuviera sacando un arma, pero la novia del afroestadounidense ha dicho que solo estaba buscando su identificación para darla al agente.

Castile tenía licencia para portar armas. Aparece en un video diciendo tranquilamente a Yañez que tenía un arma en el auto. Yañez le dice a Castile que no toque el arma, y este y su novia le aseguran que no lo hará. En segundos, el agente dispara siete veces.

El abogado de Yañez dijo que este “olió” marihuana y creyó que Castile correspondía con la descripción del sospechoso de un robo reciente.

El video muestra que Castile manejaba normalmente, aparcó su auto rápidamente al ser requerido por el oficial, estaba atento y fue cortés con el oficial, al que no ofreció resistencia.

El gobernador de Minnesota, Mark Dayton, se preguntó: “¿Habría sucedido esto si el chofer hubiera sido blanco, si los pasajeros hubieran sido blancos?”. A la entrada de la corte, tras el juicio en que el oficial fue absuelto, la madre de Castile declaró: “El sistema en este país sigue fallando a la gente negra, y seguirá siendo así”.

Poco después de la medianoche del 13 marzo de 2020, Breonna Taylor, de 26 años, técnica de emergencias médicas, dormía en su cama cuando agentes policiales, con una orden de no-knock warrant (les permite entrar sin previa notificación) ingresaron a su apartamento en Louisville, Kentucky, y le dispararon ocho veces. Breonna, que quería ser enfermera, murió.

Los policías realizaban un operativo antidroga, pero no había drogas en el apartamento. El hombre al que buscaban vivía en otra dirección. Reportes de prensa informaron que, incluso, ya había sido arrestado cuando se produjo el allanamiento. Tomando en cuenta el error policial y la muerte de Breonna, la familia de esta presentó una demanda acusando a los agentes de agresión, homicidio culposo, fuerza excesiva y negligencia grave.

Los agentes declararon que, aun teniendo una no-knock warrant, se anunciaron antes de entrar. El testimonio de un vecino y del novio de Taylor, Kenneth Walker, señala que no se identificaron como policías. Los oficiales no usaban cámaras corporales que pudieran haber aclarado qué sucedió.

Según Walker, quien tiene licencia para portar armas, oyeron golpes en la puerta a esa tardía hora, preguntaron varias veces “¿quién es?” y no hubo respuesta. Al ser forzada la puerta y entrar los agentes, disparó pensando que era un asalto (algo legal según la ley del estado). Un agente fue herido en una pierna; Taylor recibió al menos ocho disparos. En una llamada al 911, se escucha a Walker diciendo: “Alguien pateó la puerta y le disparó a mi novia”.

Un agente fue suspendido, dos pasaron a labores de oficina; ninguno enfrenta cargos criminales. Más tarde fue retirado el cargo de intento de asesinato de un oficial contra Walker.

Y en medio de las protestas por la muerte de Floyd, llegó en la noche del 12 de junio pasado la muerte de Rayshard Brooks. Brooks, de 27 años, se quedó dormido en su auto, bloqueando una fila de servicio de un establecimiento de comida en Atlanta. La llamada de una empleada alertó a la policía sobre un hombre aparentemente borracho. “¿Qué tipo de auto?”, preguntó la operadora de la policía. “Es un auto blanco”, respondió la empleada. Y a continuación: “¿Él es negro, blanco, hispano o asiático?”. “Es negro”.

Primeramente acudió el oficial Brosnan, minutos después el oficial Rolfe. Por alrededor de 40 minutos todo marchó bien, un intercambio en el que no faltó la cordialidad y en el que Brooks (visiblemente desorientado sobre en qué zona de la ciudad estaba, con algunas señales de ebriedad pero no tambaleante, se disculpa en varias ocasiones, sigue las instrucciones de los policías, se deja cachear tranquilamente) respondió a preguntas, siguió una larga secuencia de pruebas de equilibrio y concentración sin contratiempos y accedió a someterse a una prueba de alcoholemia.

Algunos analistas consideraron que el oficial Rolfe, con experiencia en casos DUI (Driving Under the Influence, conducir bajo influencia), podía haber optado por hacer una notificación a Brooks y conducirlo a casa; otros, que de la policía se espera tolerancia cero contra conductores ebrios. Brooks no estaba manejando en el momento de la llamada a la policía, e incluso ofreció dejar el auto parqueado e irse caminando a la casa de su hermana.

El tono y el curso de los hechos cambian poco después de la prueba de alcoholemia, que detecta en Brooks un nivel de alcohol superior al legalmente permitido. El oficial Rolfe, luego de algunas preguntas, dice “creo que usted tomó demasiado para conducir” y, sin notificarle que está arrestado –con lo cual viola el procedimiento de arrestos DUI, según expertos consultados por The New York Times–, se mueve rápidamente e intenta esposar a Brooks, que se resiste e inicia un forcejeo con los dos agentes. Los tres caen al piso, luchan y el desenlace llega en unos segundos.

Brosnan presiona su Taser contra la pierna de Brooks y amenaza con darle una descarga en un momento en que Rolfe parece tener un fuerte agarre en su cuello. Brooks se apodera del Taser y se libera de los policías, dispara el Taser una primera vez y aparentemente golpea a Brosnan en el brazo. Rolfe dispara su Taser dos veces al cuerpo de Brooks, quien huye y mientras corre dispara su Taser una segunda vez sin golpear a ninguno de los agentes. Rolfe cambia de manos su Taser y saca su pistola de reglamento. Pocos segundos después, dispara tres veces: dos disparos van a la espalda de Brooks, uno alcanza su corazón; otro va a la carrocería de un Chevrolet ocupado por tres personas.

“Confirmamos con la Policía de Atlanta que este modelo de Taser, una vez disparado dos veces, debe ser recargado. Así, en este punto, Brooks está desarmado”, nota el video investigativo del NYT. Es algo que seguramente conocía Rolfe. Brooks ya estaba con un Taser inutilizable en su mano, desarmado, cuando el oficial Rolfe disparó.

Ya caído Brooks, las imágenes –comenta el NYT, cuya investigación se basa en videos de testigos, cámaras corporales y documentos oficiales– muestran que Rolfe parece patearlo. Llega Brosnan y brevemente pisa el hombro de Brooks. Tardan dos minutos en darle primeros auxilios. Unos 15 minutos después, una ambulancia lo lleva al hospital, donde más tarde es declarado muerto.

En una posterior declaración a través de su abogado, Rolfe afirma que usó “fuerza razonable” y que “escuchó un sonido como de arma de fuego y vio un fogonazo delante de él. Temiendo por su seguridad y por la de quienes estaban alrededor, dejó su Taser y disparó su arma de servicio a la única porción del cuerpo del señor Brooks a su alcance, su espalda”. Es, casi al pie de la letra, el procedimiento policial sobre el uso de “fuerza letal”: un oficial debe creer, razonablemente, que un sospechoso posee un arma mortal y que representa una amenaza inmediata de heridas corporales severas para el oficial u otros.

Sin embargo, minutos después del tiroteo, cuando están en la escena los investigadores policiales, una cámara corporal permite escuchar a Rolfe afirmando: “Él (Brooks) comenzó a correr y mientras lo perseguía se volvió y comenzó a disparar el Taser contra mí”. No hay mención de “sonido como de arma de fuego” ni fogonazo.

La misma cámara lo coloca poco después acercándose a Brosnan y preguntando “¿te golpeó?” (con el Taser). Brosnan responde: “Lo sentí, pero no lo veo…”. Otro policía en la escena dice: “Hey, no digas nada en cámara”.

The New York Times apunta que, poco antes, se aprecia que Rolfe parece haber estado al tanto de que Brooks había disparado su Taser dos veces (es decir, que estaba desarmado).

Estados Unidos, un país “armado”

La segunda enmienda de la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a tener y portar armas, un derecho impregnado en la cultura y en la cotidianeidad, visto por muchos como símbolo y expresión de libertad; por otros, como causa de preocupación e inseguridad crecientes, generador de frecuentes tragedias.

Según datos de Pew Research Center (2019) y otras fuentes, el 30% de los estadounidenses afirman poseer un arma y otro 11% vive con alguien que posee una. El 48% creció en un hogar donde había armas, el 59% tiene amigos que poseen armas y el 72% ha disparado un arma en algún momento de su vida, incluido el 55% de quienes no son poseedores.

Entre quienes poseen un arma, el 66% afirman poseer más de una, incluido un 29% que poseen cinco o más. Una mayoría de los poseedores, 72%, tienen pistolas, mientras que el 62% tienen rifles y el 54% cuentan con escopetas. El 73% de quienes poseen armas declaran que no se conciben a sí mismos sin ellas.

El 44% de los estadounidenses dicen conocer personalmente a alguien que ha recibido un disparo, accidental o intencionalmente; el porcentaje es más alto en adultos negros (57%), frente al 43% entre blancos y el 42% entre hispanos. El 23% de los estadounidenses señalan que alguien ha usado un arma para amenazar o intimidar a ellos o a alguien de su familia; otra vez la proporción es más alta en negros (32%), frente a 20% entre blancos y 24% entre hispanos.

“El balance de la violencia por armas de fuego en Estados Unidos es espantoso y va en aumento. Más de 1.2 millones de estadounidenses han recibido disparos en la última década, un millón más han sido testigos de primera mano de la violencia, y cientos de millones –casi cada estadounidense– conocerán al menos a una víctima de violencia por armas de fuego durante su vida. (Giffords Law Center, con base en datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades-2019, revista Pediatrics-2017 y revista Preventive Medicine-2016)

Cuatro o más personas han muerto en tiroteos masivos cada 47 días, como promedio, desde el 17 de junio de 2015, cuando un joven supremacista blanco mató a nueve personas en una iglesia afroestadounidense en Charleston, Carolina del Sur. Este fin de semana, las matanzas número 30 y 31 desde entonces tuvieron lugar con una diferencia de 13 horas. (The Washington Post, lunes 5 de agosto de 2019)

Es un contexto que, indudablemente, puede incidir en la psicología y las reacciones de los policías. (Los tiroteos policiales, según un estudio publicado en 2018 por Journal of Urban Health, ocurren más frecuentemente en estados con altas tasas de posesión de armas).

The Washington Post (junio 8, 2020) publicaba que “en un país donde 40 000 personas mueren por armas de fuego cada año (…) los funcionarios de la policía arguyen que los agentes, ante amenazas mortales, tienen que hacer decisiones en el curso de segundos para protegerse a sí mismos y a otros. Los policías patrullan un país con casi tantas armas como habitantes. No saben si la próxima detención de tráfico, llamada al 911 u orden de allanamiento será en la que alguien salga disparando”.

Pero no hay decisiones de segundos ni amenaza inmediata cuando se mata a hombres que no se resistieron al arresto, sujetos por varios policías, y se les asfixia mecánicamente; cuando se dispara seis veces a un joven u ocho a una mujer, ambos desarmados; cuando se dispara por la espalda a detenidos que huyen… Hay un problema mayor y más profundo, como se ha denunciado en las protestas de las últimas semanas.

Las muertes de Floyd, Brown, Garner, Castile, Taylor, Brooks y las de otros que no quedaron en videos han estado ocurriendo por años, han sido y son consecuencia de una falla sistémica y la confluencia perversa de una cultura de la violencia que ha hecho de la posesión de armas un símbolo de libertad; la brecha de inequidad y el racismo estructural, la brutalidad y la impunidad policiales.

Global Times aludía este mes a un estudio realizado en 2017 sobre la interacción entre oficiales y ciudadanos, con base en las grabaciones de cámaras corporales, que mostró que consistentemente los agentes tratan con menos respeto a los afroestadounidenses que a los blancos.

Según estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Journal of the National Medical Association (2018), citadas por el Giffords Law Center, los hombres negros son el 52% de las víctimas en homicidios con armas, aun siendo menos del 7% de la población de EE.UU., y tienen diez veces más probabilidades que los hombres blancos de morir en un homicidio con arma de fuego. Además, “los civiles negros desarmados tienen casi cinco veces más probabilidades de recibir disparos de la policía y morir que los civiles blancos desarmados”.

Todo esto a casi 30 años de que, en Los Ángeles, Rodney King fuera salvajemente apaleado y pateado mientras le rodeaba más de una decena de policías (poco después absueltos), varios golpeando y gritando, otros mirando pasivamente, en una escena que parecía grabada en la Sudáfrica de los momentos más oscuros del Apartheid. Cuando aún están vivos la memoria y el legado de la segregación como normalidad que marcó tanto las vidas de luminarias cuyos éxitos deportivos y artísticos eran aplaudidos pero que luego debían entrar por la puerta trasera (o no entrar) como las de ciudadanos comunes; las oscuras siglas KKK, los linchamientos y matanzas, los Códigos Negros y las Jim Crow laws (“separados pero iguales”) vigentes hasta los sesenta, las patrullas de esclavos que han sido recordadas en estos días, el miedo y la desconfianza, la inseguridad.

“Los cuerpos policiales en Estados Unidos tienen una historia más larga en cuanto a muertes de afroestadounidenses (…) Con frecuencia miramos al problema contemporáneo, lo que está sucediendo ahora mismo, sin entender que todo lo que sucede hoy está calado por 400 años de legado de injusticia. Esos agravios pasados, esas heridas del pasado por los cuerpos policiales, deben ser abordadas incluso antes de intentar movernos hacia adelante”. (Jennifer Cobbina, profesora de Justicia Criminal en la Michigan State University, USA Today, 7 de junio, 2020)

Es una brecha, histórica y presente, que no acaba de cerrarse. The New York Times, en una columna titulada “Las brechas entre la América blanca y la negra” (junio 19, 2020), la describía así:

“En muchas partes del país, los estadounidenses negros y blancos siguen viviendo en mundos muy diferentes. Este rasgo distintivo de la inequidad en Estados Unidos no es un desarrollo accidental, sino más bien el resultado de elecciones de política.

“El enfoque hacia la política urbana en nuestra nación raramente ha intentado la inversión de recursos necesarios para superar los efectos de décadas de discriminación racial en vecindarios en problemas. En lugar de eso, ha hecho más fácil para la mayoría de la gente blanca aislarse en comunidades que están en su gran mayoría físicamente separadas de las comunidades marcadas por la falta de empleo, la pobreza concentrada, los riesgos ambientales, la enfermedad y la violencia.

“Los barrios negros son frecuentemente centros vitales de la cultura, las comunidades y el poder político negros. Pero no han recibido inversiones que son habituales en los barrios blancos, incluidas escuelas con recursos suficientes e inversiones en servicios públicos. En vez de esto, han sido sometidos a injusticias y desventajas como prácticas de préstamos fraudulentas, discriminación en el sector de la vivienda y vigilancia policial y fiscalías agresivas.

“Ciertamente, un rasgo definitorio de la inequidad estadounidense es que los retos sociales más apremiantes están desproporcionadamente concentrados en las comunidades negras”.

“Pocos se considerarían a sí mismos racistas; sin embargo, vemos la inequidad alrededor nuestro en la vigilancia policial desproporcionadamente agresiva, tasas desproporcionadamente altas de COVID-19 y muerte, asignación desproporcionadamente baja de fondos para asistencia durante la pandemia. Y la lista sigue y sigue.

Estos resultados no son accidentales. Son consecuencia de 100 millones de pequeñas acciones individuales y decisiones que se intersectan e interconectan para crear el andamiaje del racismo estructural.

(…) La exclusión económica es el motor de la inequidad.

(..) La evidencia de inequidad aún nos mira en los ojos y está fundada por nuestra historia, alimentada por nuestras normas sociales, fertilizada por los medios sociales y avivada por el oportunismo político.

(…) La inequidad aumenta porque hay un tipo silencioso de prejuicio, miedo, estatus, expectativa y otredad que camina a nuestro lado cada día, impactando a algunos, invisible a otros, hasta que es capturada en un teléfono celular y se hace viral para que todas la vean”. (Michelle L. Norris, The Washington Post, 28 de mayo de 2020)

“Hoy protestamos, mañana votamos”, violencia sobre violencia y el melting pot en las protestas

Un billete presuntamente falso, un acto de crueldad enfermiza a plena luz del día y en plena calle a la vista de todos, el asesinato de un hombre indefenso a manos de la fuerza que debe velar por el orden y proteger, las protestas que muchos consideran las más fuertes y extendidas nacionalmente desde finales de los sesenta, a raíz del asesinato de Martin Luther King.

La muerte de Floyd fue el detonante por muchas otras muertes y por un orden de cosas que mantiene fracturada a la sociedad estadounidense. El I can’t breathe pasó a ser We can’t breathe (No podemos respirar). La fuerza y el impacto de las protestas por toda la geografía de Estados Unidos y más allá, el impacto en los medios y en redes sociales, en espacios académicos y pasillos políticos, hacen pensar que desde ahora habrá más teléfonos celulares dirigidos contra los actos de violencia y más rápido prenderá la mecha de la indignación. El Enough is Enough! (¡Ya basta!) ha resonado muy alto y ha hecho que muchos más miren hacia el problema del racismo y se detengan donde antes pasaban de largo.

Se vio a policías de rodillas ante los manifestantes, otros que guardaron sus porras y sprays y marcharon en paz con los indignados. Pero el rostro más visible fue el de la represión, tanto contra disturbios como contra manifestaciones pacíficas, contra quienes protestaban tanto como contra periodistas y quienes no protestaban, solo pasaban.

“La militarización de los departamentos de Policía de la nación ha sido visible en las últimas décadas”. (The New York Times, 31 de mayo de 2020)

Al menos un centenar de cuerpos de seguridad, muchos en grandes ciudades, usaron algún tipo de gas lacrimógeno –prohibido en guerras por la Convención sobre Armas Químicas, 1997– para dispersar a manifestantes.

Según Stuart Schrader, académico de la Johns Hopkins University y estudioso de temas de racismo y vigilancia policial, en el periodo de las protestas tras la muerte de Floyd se desplegó el uso más amplio de gas lacrimógeno contra manifestantes en Estados Unidos desde los años de protestas durante finales de los sesenta y principios de los setenta. Cada vez más estudios muestran que este gas y otras armas catalogadas por los cuerpos policiales como “no letales” pueden causar heridas graves e incluso la muerte.

Junto con los gases lacrimógenos fue extendido y ampliamente documentado en imágenes gráficas y testimonios el uso desmedido de balas de goma, municiones beanbag o de racimo y granadas de aturdimiento o flash-bangs (usadas para aturdir con un fuerte ruido y luz cegadora, cuyos daños también han sido señalados por expertos médicos), que fueron empleadas en varios escenarios, como cuando se combinaron con gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes en un parque cercano a la Casa Blanca, con el objetivo de que el presidente Trump pudiera pasar hacia una iglesia y hacerse una foto Biblia en mano, usándola como “accesorio político”, según un senador republicano.

Sobre las balas de goma, Jeffrey M. Goodloe, miembro de la Junta de directores del Colegio Americano de Médicos de Emergencia, declaró al NYT que “aun cuando han sido designados por los cuerpos policiales como ‘no letales’, sabemos que ha habido muertes relacionadas con estos dispositivos. En lugar de llamarlos ‘no letales’, ahora los llamamos ‘menos letales’, y eso comparándolos con una bala convencional”.

La acción policial en muchos momentos y ciudades hizo que algunos expertos llamaran la atención sobre el hecho de que la policía contribuyó a escalar las tensiones. “Miles de personas que pensaron iban a un evento ordinario de protesta se encontraron recibiendo una respuesta agresiva de la policía. La policía realmente tuvo éxito en lograr que la gente se disgustara aún más”, dijo Schrader a The New York Times.

El otro factor que echó leña al fuego fue el propio presidente Trump, desde su oscura frase “cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiros” hasta su casi irreal discurso en la Iglesia Episcopal de Saint John: “Tenemos un gran país, el mejor país del mundo, y vamos a hacerlo aún mejor”, totalmente ajeno a la realidad de una nación fracturada y mientras miles de personas protestaban y eran reprimidas a escasos metros de allí.

Trump y su Administración trataron de criminalizar las protestas e hicieron énfasis en disturbios y saqueos. Un estudio Ipsos/University of Chicago/Oxford, basado en datos geolocalizados y otros análisis y divulgado en la segunda semana de junio, reveló que alrededor del 80% de las 970 protestas identificadas hasta entonces en 400 ciudades y pueblos del país fueron pacíficas.

Trump –cuyo errático y desfasado comportamiento ha hecho más patente la falta de liderazgo tanto en el no-manejo de la pandemia de COVID-19 como ante la ola de protestas, entre otros muchos escenarios y asuntos– se dedicó a amenazar con “mano dura” y desplegar “miles y miles de soldados”, llamó “débiles” a los gobernadores y los conminó a “dominar” a los manifestantes, catalogó como “terroristas domésticos” a quienes exigen justicia racial. Desde todas partes –demócratas y republicanos, activistas y gobernadores, senadores y académicos, militares y religiosos– le llegaron las críticas por inflamar la violencia en lugar de llamar a la cordura, por dividir en lugar de promover la reconciliación y la reflexión nacional que tanto necesitaba el país.

En total contraste con el divisionismo de Trump, las protestas reunieron a personas de todos los grupos étnicos y una gran mayoría de jóvenes. Un sondeo de la Universidad de Monmouth halló que el 76% de los estadounidenses, incluido el 71% de los blancos, consideraron el racismo y la discriminación “un gran problema” (un salto de +26% respecto a un sondeo similar en 2015), y el 57% dijo que la indignación de los manifestantes era totalmente justificada, junto a un 21% que la estimó en cierta forma justificada.

En la encuesta de la Monmouth University y en otra divulgada por CBS News, cerca del 60% de los entrevistados (incluida la mitad de los de la comunidad blanca) dijeron que los agentes policiales son más inclinados a tratar injustamente a las personas negras que a los blancos. Para algunos analistas y activistas, los días finales de mayo y los siguientes de junio han marcado un cambio en la opinión pública estadounidense. La prensa destacó que el apoyo al movimiento Black Lives Matters aumentó en todo el espectro político.

Una encuesta de la firma Civiqs, cuyos resultados fueron publicados por el NYT, reveló que en las dos semanas hasta el 10 de junio el apoyo a Black Lives Matter creció tanto como en los dos años previos. Y un sondeo de The Washington Post-Schar School mostró que el 69% de los estadounidenses estiman que la muerte de Floyd refleja un problema profundo en la forma en que los afroestadounidenses son tratados por la policía, frente al 29% que lo consideró un hecho aislado.

En el mismo estudio, el 87% de los encuestados demócratas, el 76% de los independientes y el 53% de los republicanos dijeron apoyar las manifestaciones.

Trump, asesinatos y racismo

En medio de una pandemia que empeora y ha golpeado desproporcionadamente a las minorías y comunidades en desventaja, con un presidente errático y sin liderazgo político efectivo lo mismo frente a la crisis por la COVID-19 que a un movimiento nacional por la justicia (si en 2016 no convenció a muchos con aquella frase, “soy la persona menos racista que usted conocerá”, hoy es más claramente visto como tal), una economía en recesión y desempleo al alza, la ola de indignación, el debate nacional y el cambio de percepciones generado por las protestas tras la muerte de George Floyd podrían influir por varias vías en el escenario más amplio que plantea un año electoral.

Puede ser un cambio temporal, como han sido y serán muchos cambios en la opinión pública. Puede traer, sin embargo, un activismo político mayor en las bases anti-Trump y deslizamientos en su propia base política, así como una definición entre los indecisos. Hasta el 4 de junio, Gallup refleja una aprobación de 39% (-10) de su gestión, frente a una desaprobación de 57% (+9).

Nuevas encuestas han confirmado la ventaja de Biden en cuanto a intención de voto frente a Trump. Según un sondeo nacional de NYT y el Siena College, el demócrata tiene 50% y el mandatario republicano 36% (en la comunidad negra la diferencia es 79% frente a 5%). En las 11 encuestas que recogía el jueves el sitio agregador Real Clear Politics en varios estados, Biden dominaba en todas (una tendencia que se repite a diario), en siete de ellas con entre siete y 11 puntos por encima. También en los cinco sondeos agregados el miércoles, en uno hasta con +14.

Pero es muy temprano aún y mucho puede ocurrir hasta noviembre.

Sin embargo, la ola de protestas que se inició hace un mes con la muerte de Floyd ha traído replanteamientos y una reflexión sobre deudas como el racismo estructural, la inequidad y la injusticia social, una mayor presión por reformas en la policía y el sistema de justicia criminal; un escrutinio más agudo y consciente sobre el escaso temple y el poco juicio político en el ocupante de la Oficina Oval.

Cuando Trump comenzó a usar Twitter y otras vías para irresponsablemente inflamar la situación causando angustia a quienes querían hacer las cosas bien, el jefe policial de Houston, Art Acevedo, le pidió alto y claro en una entrevista televisada el 2 de junio que “en nombre de todos los jefes de policía de la nación, por favor, si no tiene nada constructivo que decir, mantenga su boca cerrada”.

Cuando el presidente conminó en un tuit a la alcaldesa Jenny Durkan y el gobernador Jay Inslee a “recuperar su ciudad, AHORA” (“Terroristas domésticos han tomado Seattle, gobernada por radicales demócratas, por supuesto. LEY y ORDEN”) y advertía que “Si no lo hacen, lo haré yo. Esto no es un juego”, Durkan le respondió en otro tuit: “Haga que nos sintamos seguros. Regrese a su bunker”.

Son frases que también podrían haber estado en pósteres y bocas en las calles de centenares de ciudades y pueblos donde se manifestó la gente, y muchos las hubiesen tomado para sí: “Mantenga la boca cerrada / Keep your mouth shut”, “Regrese a su bunker / Go back to your bunker”. O podrían expresarse junto al ¡Ya basta! en las urnas a inicios de noviembre.

La ola de protestas por la muerte de Floyd y las de tantos otros, por la inequidad y el racismo y la violencia selectiva ha sido, también, una advertencia de que ante cada nuevo agravio y cada nueva muerte pueden salir otra vez a las calles por miles los brazos –blancos y negros, hispanos y asiáticos– levantando los pósteres: Las vidas de los negros importan; Todas las vidas importan; Sin justicia no hay paz; No podemos respirar; El silencio es violencia; Hoy protestamos, mañana votamos, o Este es solo el comienzo.

Problema de salud:

Por su impacto en la sociedad, instituciones como la Asociación Médica Estadounidense (AMA, inglés) han llegado a considerar la violencia policial como un “problema de salud pública”. Según estadísticas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedad (CDC, inglés), en 2018 más de 85 000 personas fueron heridas en intervenciones de las fuerzas policiales, con costos por tratamientos médicos y pérdida de fuerza de trabajo que ascendieron a 1 800 millones de dólares.

A raíz de la muerte de George Floyd, a finales de mayo de 2020, la AMA declaró en un comunicado que “la investigación demuestra que las comunidades marginadas racialmente están sujetas de manera desproporcionada a la fuerza policial, y existe una correlación entre la vigilancia y los resultados adversos para la salud.

“Al tener una proporción más alta de incidentes con la policía que otros grupos sociales, la población afroestadounidense tiende a padecer más estrés y ansiedad, presión arterial alta, diabetes y asma, y complicaciones fatales de esas afecciones”.

La violencia sistemática por parte de la policía, según la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA, inglés), “trae como resultado muertes, lesiones, traumas y estrés que afectan desproporcionadamente a las poblaciones marginadas”.

Según un estudio en que intervinieron especialistas de los CDC, la sexta causa de muerte entre varones de 25 a 29 años es una confrontación violenta con la policía, y los afroestadounidenses tienen 2.5 más probabilidades de ser víctimas de la policía u otras fuerzas del orden. Las consecuencias de encuentros fatales entre agentes y civiles se extienden más allá de los casos puntuales y generan efectos nocivos para víctimas directas e indirectas y para el sistema de salud y las comunidades en Estados Unidos.