Cubadebate

En Cuba cada día crece más el uso de la Internet y con ella el peligro de utilizarla para cometer delitos. Foto: Archivo.

Basta escribir “compraventa en Cuba” en el buscador de Facebook o Google y en segundos aparece una lista de grupos y páginas de Internet con variadas y surtidas ofertas. Electrodomésticos, celulares, ropas, calzados, muebles, automóviles, materiales de la construcción y otra larguísima lista de productos, son el rostro más visible de una práctica que cobra fuerza en el país, pero que desde hace años combina lo permitido con lo ilegal sin mayores contratiempos.

Surgidos en su mayoría a la par del proceso de informatización emprendido en la Isla, sitios web y grupos de redes sociales funcionan como vía útil para divulgar clasificados y promocionar negocios, pero también para adquirir productos ausentes por diversas causas de las tiendas estatales. En ese sentido, contribuyen a virtualizar el mercado negro y a ejercer actividades no autorizadas por las legislaciones vigentes.

Entonces, ¿qué sucede cuando se convierten en plazas para el encarecimiento y la reventa de productos? ¿Cómo se controla un espacio digital alojado en servidores extranjeros y en el que a menudo coexisten a la vista pública conductas delictivas sancionadas por las leyes cubanas? ¿Por qué una alternativa útil y necesaria se aleja cada vez más de lo legal? En un asunto tan complejo, las respuestas no llegan desde una sola dirección.

De altos precios, reventas e impunidad

En estos combos hay varios productos que solo se pueden adquirir en las tiendas estatales. Foto: Captura de pantalla.

Desde hace meses Erisley Rojas sigue una vez por semana el mismo protocolo. Apenas pone un pie en el suelo y revisa en su celular los mensajes que en la noche llegaron a su perfil de Facebook. Padre de una niña recién nacida, busca en la red social las mejores ofertas para comprar culeros desechables, uno de los productos escasos en las tiendas estatales, pero frecuentes en varios de los grupos digitales a los que pertenece.

“Por lo general trato de conseguirlos cuando los sacan en el mercado, pero a veces no me entero o cuando llego ya los coleros se los llevaron todos. Entonces no queda más remedio y busco en los grupos las ofertas más baratas. A veces tienes un punto fijo y es más fácil, pero en otras ocasiones uno debe buscar seguridad y mejores precios. Por eso primero envío un mensaje para preguntar y elegir. Aun así, casi siempre pago el doble y hasta el triple del valor original”, comenta.

Como le ocurre a este joven enfermero, otros miles de cubanos lidian a diario con un fenómeno que traslada al mundo virtual las mismas manifestaciones de ilegalidad y corrupción existentes en una parte del comercio tradicional. Entonces el acaparamiento, la reventa y los precios multiplicados ganan protagonismo. A Elba Recio, sin embargo, sí le ha ido bien en las redes digitales.

Ella es una de las tantas personas que utiliza los grupos de Facebook para promocionar su negocio de venta de pizzas y jugos naturales. Según dice, desde la colocación del anuncio notó una gran mejoría, “sobre todo asociada a personas que descubrieron el servicio y la comodidad de la red les permite solicitarlo hasta el hogar”.

Además del beneficio reportado para su negocio y el de otros colegas, Elba reconoce otras ventajas. Para ella, esos espacios permiten vender lo ocioso que una persona pueda tener en casa, así como la adquisición de productos altamente demandados. “Eso facilita la vida, porque si uno está dispuesto a pagar, siempre encontrará lo que necesita”.

Maritza Ramírez, una veterinaria de 36 años de edad, entiende la lógica de esa opinión, pero resalta un detalle importante: el valor de separar la promoción de negocios legales, de aquellos enfocados a aprovecharse de las necesidades de las personas.

“Vender latas de pintura en 50 CUC, paquetes de detergentes en 20, champú en 15 o un split en más de 600 CUC es cuando menos abusivo. Cuando he tenido necesidad de buscar algo en estos lugares siempre termino sintiéndome estafada, porque incluso si esas ventas fueran legales ni siquiera tienen un margen de ganancia justo”, comenta.

Lastimosamente, esas ofertas coinciden con otras aun más turbias. Una de ellas anuncia “materiales de construcción de todo tipo” e incluso pide llamar y preguntar “aunque no vea lo que busca”. Otra brinda “cajas decodificadoras Konka para la televisión digital”, algunos más venden “colchones Konfort con calidad y garantía”, o paquetes de café ¡Hola! “a un dólar cada uno y a dos si el servicio es a domicilio”.  

El café de la canasta básica también está en venta en algunos de los grupos de Facebook. Foto: Captura de pantalla.

En tiempos de COVID-19 crecen también las propuestas de aceite, detergente, mayonesa y otra larga lista de los mismos productos que muchas veces escasean en las tiendas estatales. Los vendedores más creativos incluso conforman combos y muchos de ellos incorporan la opción de llevar la compra directamente hasta la casa.

Para Armando Márquez, un auditor jubilado tras más de 40 años de experiencia, una palabra salta a la vista: impunidad. No le falta razón.

“Aun cuando este tipo de reventas son ilegales, muchos ofrecen información personal a la vista pública, exigen pagos carísimos y asumen la postura de «si no te gusta no compres». Incluso, algunas imágenes muestran productos fotografiados dentro de las tiendas estatales o con sellos de empresas cubanas. Es una actividad tan común que muchos la ven como normal”.

A su argumento bien se le pueden agregar otras preguntas para entender un fenómeno que es el punto final de una cadena con varios eslabones menos visibles. ¿Todos los productos salen únicamente de los acaparadores en las colas? ¿Cómo es posible que algunas mercancías, como las pinturas industriales o el cemento, prácticamente no existan en tiendas estatales, pero casi nunca desaparezcan del mercado negro? ¿Qué sucede cuando los artículos provienen de la importación?

Más allá de respuestas vinculadas indiscutiblemente a la insuficiente producción nacional, la lucha contra la corrupción, al deficiente control económico, al escaso impacto de inspectores estatales y a las propias limitaciones del comercio estatal, dos verdades quedan claras.

De un lado, que el problema esencial no radica en la existencia de espacios virtuales para la compraventa, sino en las desviaciones que los dañan. Del otro, que es hora de comenzar a frenar una práctica desgastante para Cuba.

Productos importados vs nacionales: ¿Ser o no ser?

La reventa de productos estatales es para muchos el peor problema de estos espacios. Foto: Captura de pantalla.

Un rápido ejercicio de búsqueda en Facebook arroja un interesante y asombroso resultado: solo bajo el nombre de Revolico —el sitio web de clasificados más conocido en Cuba— aparecen 95 grupos distintos dedicados a la compraventa en el país. Entre todos tienen más de cinco millones de miembros, aunque obviamente muchas personas repiten presencia en varios de ellos. Existen muchos otros grupos y listarlos todos es cosa de titanes.

Esa expansión la ha visto Daniel, administrador de un grupo con más de cien mil integrantes. Quizás por aquello de no convertirse en voz mientras otros prefirieron callar, pide ocultar su verdadero nombre para hablar con Cubadebate. Así, explica que los sitios de compraventa surgieron para “dar espacio a un mercado necesario para nuestro país, aprovechando las facilidades de Internet”.

Dicho de esa forma no deberían existir inconvenientes. A fin de cuentas, salvo excepciones relacionadas con la pornografía, el tráfico de órganos, la incitación a la violencia, los delitos sexuales o contra el honor, publicitar la venta de bienes o servicios aceptados por la ley no vulnera alguna disposición existente en el país, ni los términos de uso de las redes sociales. Sin embargo, una mirada más atenta descubre otro panorama.

Tanto en grupos de redes sociales como en sitios web es posible encontrar tres grandes conjuntos de ofertas: las de productos o servicios autorizados por las legislaciones vigentes, las de mercancías importadas y las de equipos o productos vendidos en las tiendas cubanas. El problema aparece en el caso de los dos últimos, los más comunes a simple vista.

Tomando como base los primeros 95 grupos de compraventa que muestra Facebook, es posible apreciar que desde 2016 a la fecha han ocurrido cuatro picos en el surgimiento de ellos. Nótese que los dos últimos están vinculados a contextos de gran tensión económica. Fuente: Elaboración propia.

En ambos casos, tanto la comercialización de productos importados como la reventa de otros adquiridos en la red de establecimientos comerciales viola lo establecido en el país. Asimismo, para quienes pertenecen al sector no estatal, también contraviene lo dispuesto para el ejercicio de su actividad. No obstante, ya sea en los mercados físicos como en los virtuales, son disposiciones con escaso cumplimiento.

Para Enrique, administrador de otro grupo de Facebook, sí debería permitirse la venta de productos traídos del extranjero. De acuerdo a su criterio, ese no debería considerarse como un negocio ilícito, porque las personas cumplen las disposiciones aduaneras a la hora de entrar al país.

“Quienes venden electrodomésticos, por ejemplo, en su mayoría son cubanos que viajan al extranjero y traen esos equipos de acuerdo a las cantidades permitidas. Ellos pagan su pasaje, pagan su impuesto en la aduana y muchas veces el soborno necesario para pasar rápido o infringir la ley”, comenta con una lógica donde la corrupción parecería una cuestión menor.

Su argumento lo comparten buena parte de los dueños de negocios, compradores e incluso un amplio sector de la población, que ve allí la oportunidad de adquirir bienes o modelos inexistentes en las tiendas cubanas. Algo similar ocurre con celulares, ropas, calzados y otra buena lista de productos que llegan del exterior y van a parar a Internet.

Si bien en un futuro la prohibición de importar mercancías con fines comerciales pudiera revisarse, tanto en los pagos como en las cantidades, lo cierto es que en la actualidad no es una actividad permitida. Además, muchos productos entran el país no como gestión personal de emprendedores, sino como parte de otra operación ilegal encabezada por las conocidas “mulas”.

Junto a ello, ¿dónde quedan en ese esquema los acaparadores y coleros tan habituales en las tiendas cubanas, incluyendo las abiertas hace solo meses y enfocadas al comercio de equipos electrodomésticos? ¿Qué pasa con quienes no son trabajadores por cuenta propia y también se dedican a la compraventa en sitios y grupos en Internet?

Legislaciones y reglas: Palabras al viento

¿De qué lugares sale una cama fowler, un regulador de oxígeno y otros equipamientos sanitarios? Foto: Captura de pantalla.

Para Osvaldo Benítez, un informático de 29 años asiduo visitante a grupos y sitios de compraventa, la reventa de productos sacados de almacenes y tiendas cubanas provoca indignación. Según dice, en el caso de los productos importados los precios son abusivos y oportunistas y deberían controlarlos, pero lo que sí no se debería permitir de ningún modo es la venta de mercancías sacadas de instituciones estatales.

Cuestionados específicamente sobre ese asunto, la mayoría de los administradores que aceptaron responderle Cubadebate aseguraron que cada usuario es libre de promover sus productos o servicios y ellos no velan por el contenido de las publicaciones.

No obstante, ante el interés mostrado en el tema, varios grupos cambiaron la configuración de privacidad y ahora una persona debe ser miembro para ver los post. Para un buen entendedor, solo eso basta.

Amanda, una de las administradoras que accedió a brindar sus impresiones, explica que casi ninguno de ellos obtiene ganancias por moderar los grupos. A su vez, dice que en este mercado informal las reglas son muy claras: no hablar de política, nada de desnudos o pornografía, respeto entre los usuarios y evitar el contenido spam.

“No estamos para controlar el origen de los productos o si la persona tiene un negocio o no. Por ejemplo, si alguien va con toda su familia a una tienda y acapara detergente, lo roba ella misma de un local o lo revende luego de comprárselo a un tercero, ¿cómo podemos saberlo nosotros? Es el Estado quien debe velar porque esos productos no lleguen al mercado negro”, asegura Amanda.

Aunque algo de cierto existe en esa reflexión, aquí se obvia un detalle importante: robar, receptar, acaparar y especular, son hechos delictivos, no una actividad que alguien decide aceptar o no. Si bien no es responsabilidad de los administradores de los grupos llevar adelante una investigación para dilucidar la procedencia de cada producto, al menos sí debería serlo no adoptar posiciones pasivas y complacientes ante lo evidentemente ilegal.

Por su parte, si alguien desea mantener su oferta por más tiempo en los primeros lugares de la lista en las páginas en Internet de más renombre, debe contratar un servicio que oscila entre los 25 y los 200 dólares. Ellas sí dejan claro que los anuncios no deben violar la legislación del país, pero cualquier revisión demuestra que es una norma incumplida.

Quizás por eso es posible comprar en 250 CUC una cama fowler “con su colchón como las que hay en los hospitales en terapia intensiva”, así como una silla de ruedas en 40 o un regulador de oxígeno medicinal en 50 CUC. Otros anuncios divulgan servicios de prestamista, envío de remesas, importador de mercancías, compraventa de divisas, actividades sexuales y venta de animales exóticos, todos expresamente prohibidos por diversas normas jurídicas.

Para Erich García Cruz, el joven creador y administrador de Bachecubano, uno de los sitios web de clasificados más populares del país, los usuarios aceptan un código de ética y los términos y condiciones, por lo cual se hacen responsables de los anuncios publicados bajo sus perfiles. No obstante, él sí considera necesaria una curaduría de la información para alertar ante posibles delitos.

“Eliminamos anuncios sospechosos. Nuestro deseo es adoptar el modelo de eBay, donde los vendedores pasan por un proceso de validación y verificación fiscal, pero aun no tenemos los recursos legales para ello. Queremos ordenar y facilitar la compraventa para que se mantenga bajo los estándares de la legalidad al cien por ciento. Ciertamente tenemos menos anuncios, pero el aporte es que los existentes sean válidos y fidedignos”, explica.

El ejemplo de Bachecubano parece una excepción si se miran los clasificados publicados en otros sitios con iguales objetivos. A su vez, en medio de un panorama con tantos matices, parece alertar sobre una verdad fundamental: eludir responsabilidades es tan perjudicial como no enfrentar los problemas surgidos en un escenario en crecimiento. Ir a la par de ese desarrollo, más en lo práctico que en lo jurídico, es ahora mismo una tarea pendiente.

¿Qué dicen los tribunales?

Para Arianny Casas, es igual un delito cometido en Internet que en un mercado físico. Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.

Para Arianny Casas Pérez, Presidenta de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, un elemento resulta fundamental para analizar la compraventa en sitios de Internet y grupos de redes sociales: como mismo avanza la tecnología y surgen buenas maneras de utilizarla, también lo hace el uso de ella en función de actividades ilícitas.

Según dice, aun cuando una parte de los medios para cometer los delitos sean distintos e incluso nuevos, sí se mantienen iguales las tipicidades y las formas de juzgarlos. No obstante, en este punto aclara otro tema cardinal: para un tribunal no existe diferencia entre una violación cometida en el plano físico o en el virtual.

Esa opinión la comparte el Dr. C. Jorge Luis Barroso González, Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Para él, lo relevante está en el carácter de la actividad, y no tanto en las maneras o soportes de realizarla. “Si es una acción ilícita esa condición no cambia si ocurre en el portal de una casa, en un mercado o en Internet. Lo ilegal no radica en el modo, sino en el contenido del hecho”.

Para el experimentado jurista, analizar el fenómeno también pasa por estudiar el actuar de quienes fundan u organizan los espacios dedicados a la compraventa en Internet. Según explica, si los administradores asumen su función como un negocio y obtienen por ello una ganancia, entonces ejercen un negocio no autorizado en el país.

De lo contrario, si no reciben compensación alguna, habría que entender su gestión como una colaboración con la actividad prohibida de otros, y eso también pudiera tener consecuencias legales. En ambos escenarios, delimitar responsabilidades y caracterizar cada parte del proceso tiene una importancia capital.

Por su parte, la Presidenta del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, Elena Margarita Cabrera Figueroa, reconoce que todos los casos deben verse en su individualidad para considerar las especificidades de cada uno. Aun así, asegura que la mayoría de las conductas vistas en estas páginas y grupos podrían configurar delitos de receptación, así como de especulación y acaparamiento.

“No obstante, por la forma en que funcionan un gran por ciento de estas actividades, el delito que más pudieran tipicar es el de actividad económica ilícita, sobre todo si tenemos en cuenta la reiteración de los actos o el volumen de bienes. Esa es una mirada rápida, pero lógicamente un tribunal es el único encargado de  delimitar cada aspecto”, agrega.

Con la calma propia de quien ha impartido justicia por varios años, ella recalca un asunto no menos trascendente: en el caso específico del sector no estatal, existen un grupo de medidas administrativas aprobadas para sancionar las contravenciones en el ejercicio del trabajo por cuenta propia. “El recurso penal se emplea una vez agotadas otras vías”.

De acuerdo al Decreto Ley No. 357 del 2018, las normas prevén desde las notificaciones preventivas hasta la confiscación de la vivienda, siempre en dependencia del tipo de infracción o la reincidencia. Por ejemplo, violar el alcance de la actividad —una de las faltas cometidas con mayor frecuencia en el sector—, recibe una multa de dos mil pesos cubanos y la cancelación de la licencia por el plazo de hasta dos años.

Sin embargo, el artículo 4 de ese documento deja claro que “cuando la contravención cometida pueda ser constitutiva de delitos, la autoridad facultada impone la medida que corresponda y da cuenta de tales hechos a las autoridades correspondientes”. Entonces llega el eterno dilema: sancionar por vías administrativas o penales. Y mientras se resuelve esa cuestión, en mercados físicos y virtuales el delito no se detiene.

Quizás por eso, cuando en algunos espacios se tratan estos temas, una pregunta siempre aparece entre abogados, jueces y fiscales: ¿existen en Cuba herramientas legales para juzgar actos delictivos cometidos en Internet o con empleo de medios digitales? Si se le pregunta a Arianny Casas, su respuesta llega casi al instante.

“El hecho que taxativamente no estén escritos en el código penal delitos o sanciones vinculadas específicamente al uso de Internet o las redes sociales para la venta de productos ilícitos, no significa un gran impedimento. Los jueces tenemos la posibilidad de interpretar los artículos y contamos con las herramientas para hacerlo. Lo importante es que nuestro pensamiento marche parejo a la evolución de la sociedad”, asegura.

No obstante, la joven jurista sí confiesa que tanto para el enfrentamiento como para el acto de impartir justicia sería mucho más factible la existencia de un título en el Código Penal dirigido expresamente a ese tema. La Presidenta del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara piensa similar y recuerda la importancia de la especialización en este y otros asuntos.

Entonces, si existen instrumentos legales para enjuiciar este tipo de actos, y si administradores como Erick reconocen que “no estamos hablando de un nicho de negocios en la Internet profunda, sino de un lugar donde la información está disponible también para las autoridades, ¿cómo es posible que los tribunales de Villa Clara hayan esperado hasta junio de 2020 para recibir su primer caso surgido de este tipo de prácticas?

19 compras en ocho semanas

En Santa Clara, las autoridades del Ministerio del Interior operaron su primer caso a partir de los anuncios de ventas en redes sociales. Foto: Captura del perfil personal en Facebook.

Era un rostro habitual en los portales de la tienda Las Villas, la única de la provincia dedicada a la venta de equipos electrodomésticos en moneda libremente convertible. Uno de los grupos de Facebook surgidos en Santa Clara y dedicados a la compraventa de productos lo tenía como uno de sus miembros más activos. Al parecer el negocio daba frutos, o al menos así fue hasta que el 10 de junio de 2020 un operativo policial lo detuvo.

Según informaciones brindadas por el Ministerio del Interior en Villa Clara, el trabajo operativo detectó las ofertas de equipos electrónicos de alta gama que habitualmente promocionaba en la red social. A todas luces era una venta ilícita, pero los primeros resultados de la investigación no hacen más que asombrar.

En las últimas ocho semanas, este ciudadano realizó 19 compras en el establecimiento comercial, todas con una misma tarjeta magnética registrada a su nombre. En cada ocasión no adquirió más de dos equipos y cualquiera podría pensar que hasta aquí no ha cometido ilegalidad alguna. Sin embargo, la pesquisa continúa arrojando luces.

La Oficina de Seguridad de Redes Informáticas de la provincia confirmó que las fotos colgadas en su perfil personal para promocionar la venta coinciden con los productos adquiridos en la tienda. Asimismo, el celular que ofrece en los post como número de contacto efectivamente le pertenece y está en su poder.

De acuerdo a los primeros datos, solo en los últimos dos meses asistió trece veces a la tienda y compró diez hornos, un fogón, cuatro sandwicheras, dos moledoras de especias, una nevera y otra bicicleta eléctrica. En total invirtió 2130 dólares.

Romper la barrera de lo virtual

Para la Vicefiscal de Villa Clara, tiempos nuevos merecen maneras distintas de enfrentar el delito. Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.

Yulexay Domínguez Serrano tiene su oficina al final de un largo pasillo. Es un lugar sobrio y organizado con una mesa de reuniones que ocupa casi todo el espacio. En una esquina tiene una computadora; a menos de un metro, un buró con varios documentos encima. Lo ideal sería que más de uno tuviera elementos sobre los casos que aun no llegan a los tribunales. Pero Yulexay es discreto y prefiere no divulgar detalles hasta no cerrar cada proceso.

Es el Jefe de la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio del Interior en Villa Clara y sabe que enfrentar ilegalidades vinculadas al mundo digital tiene particularidades significativas. Aunque asegura que sí existe un seguimiento a esta modalidad, sobre todo a partir de la situación generada en el país por la COVID-19, reconoce lo complejo de llevar adelante una pesquisa en este ámbito.

En primer lugar, habla de la necesidad de conocer quién es verdaderamente el anunciante. A fin de cuentas, una persona puede utilizar un perfil falso o incluso suplantar la identidad de alguien más para camuflar su actividad. De igual manera, tiene la opción de poseer varios perfiles y alternarlos para evitar una sobreexposición en las redes.

“Otro elemento a tener en cuenta es que muchos de estos anuncios incorporan números de teléfono como contacto entre el comprador y el vendedor. Entonces habría que comprobar a quién pertenece ese número y si el dueño y el anunciante son la misma persona. Luego de esos pasos, el camino es identificar también la procedencia de la mercancía”, comenta.

Si bien los sitios y grupos para la compraventa no aparecieron realmente con el nuevo coronavirus, al menos reconocer su existencia y comenzar a estudiar cómo enfrentar el problema significa un muy importante primer paso. A su vez, aunque en verdad el contexto digital impone maneras distintas de combatir el delito, lo virtual termina necesariamente en un espacio físico.

Para Elina Ávalos Manresa, Fiscal Jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, no es imposible llevar adelante investigaciones centradas en las ilegalidades que se cometen a través de los espacios digitales para la compraventa. No obstante, reconoce la necesidad de adoptar nuevos mecanismos, pero también formas distintas de pensar.

“Se trata en primer lugar de comprender el escenario donde nos movemos. Por ejemplo, el final de la compraventa concluye con la entrega del producto y la recogida del dinero, ya sea porque el cliente lo busca en un lugar acordado o porque el vendedor lo lleva a domicilio. Entonces ya no hablamos de una posible persona camuflada detrás de códigos digitales, sino de un ciudadano físico, en un espacio físico, cometiendo un delito a ojos vista”, explica

Por su parte, para la Presidenta del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, un asunto clave en cualquier investigación radica en el cumplimento de las normas para garantizar el debido proceso. Para ello, la obtención de “elementos concretos que permitan comprobar el dicho en toda su extensión” tiene una relevancia capital.

“Cualquier persona tiene el derecho de formular una denuncia y abogamos porque así sea, pero llevar un caso ante los tribunales, y aun más, juzgarlo, requiere de pruebas físicas. La investigación debe ser muy efectiva para garantizarlas y poder impartir justicia en correspondencia con ellas”, agrega.

En lo que sí todos coinciden es en un elemento: la necesidad de elevar la cultura jurídica para que muchas personas no continúen viendo sucesos delictivos permitidos por largo tiempo como algo común. “El mercado somos nosotros y si tenemos convicción de que muchas cosas habituales en sitios y grupos de compraventa no están bien, ya tendremos un primer paso para enfrentar el problema”.

Eliminar las ilegalidades en sitios y grupos virtuales no ocurrirá de la noche a la mañana. Tantos años de crecimiento e impunidad, tanto dinero invertido en compras fuera de la ley y en articular cadenas delictivas al interior de mercados y almacenes, complejizarán el proceso.

Vencerla implica además, por encima de todo, aumentar las ofertas y garantizar en los mercados estatales productos muy demandados hoy. Luego, solucionar los mismos problemas que dañan al comercio tradicional: desvío de recursos, corrupción, ausencia de un mercado mayorista para abastecer al sector no estatal y escaso rigor tanto por parte de los inspectores como por las autoridades policiales a la hora de enfrentar estos delitos. Sin embargo, es un realidad que no se puede ocultar.

En medio de un panorama tan complejo la clave está en no demonizar iniciativas que legalmente pueden servir de mucho a la vida del cubano. Se trata de asumir su imparable crecimiento, y también sus intentos por desviarse, con inteligencia, actualización jurídica, constancia y eficiencia para cerrar los agujeros oscuros por el que muchas veces se fuga buena parte del esfuerzo de un país.