Planificación física en Cuba: Funciones, acciones principales y retos en el ordenamiento urbano

El sistema de planificación física en Cuba, nacido en mayo de 1960, y su importancia dentro de la sociedad como actor fundamental en las transformaciones y el ordenamiento urbano y territorial en el país, fueron temas analizados este jueves en el espacio radio-televisivo Mesa Redonda.

Aspectos como las regulaciones y trámites para la construcción y modificación de viviendas (que implican cuestiones estructurales y de imagen urbana), también estuvieron entre los abordados por los panelistas del Instituto de Planificación Física (IPF).

Samuel Rodiles Planas, presidente de esa institución, afirmó que la planificación física está representada en los tres niveles de Gobierno.

El IPF se subordina al Consejo de Ministros y dispone las normas y regulaciones para el desarrollo de esta actividad. Lo dispuesto es ejecutado por las 15 direcciones de Planificación Física de la Administración Provincial del Poder Popular, y por las 168 direcciones de Planificación Física de la Administración Municipal del Poder Popular.

En esta actividad, las direcciones municipales y provinciales son atendidas metodológicamente por el IPF.

De acuerdo con el presidente del IPF, la labor de esa institución está hoy relacionada con una gran diversidad de actividades, entre las cuales se incluyen la macro y microlocalización territoriales; licencias de construcción; normas y procedimientos al entregar terrenos a personas naturales para construir viviendas según prioridades del Estado; normas y procedimientos para la construcción de viviendas; ordenamiento territorial y urbano, y la representación del país ante organismos internacionales y en eventos sobre ordenamiento, hábitat y asentamientos humanos.

Al intervenir en el espacio televisivo, Anelis María Marichal González, directora general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del IPF, explicó que las funciones del Instituto están organizadas a través de cuatro grandes procesos o actividades:

• Planeamiento: Elabora los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano en todas sus escalas. Esquemas, planes y estudios de detalle que definen qué se puede construir, dónde y cómo.
• Gestión del planeamiento: Se realiza a través del otorgamiento de permisos para acciones constructivas, tanto de personas naturales como jurídicas, donde se incluyen inversiones y trámites, y también el control del territorio (la actividad más cercana a la población, a través de la cual se cumple lo dispuesto en el planeamiento).
• Información territorial: Su base es el Catastro Nacional, donde se reflejan los datos de cada parcela y edificación, y que tiene múltiples usos.
• Comunicación: proceso que combina diferentes modalidades, incluye la participación ciudadana e institucional, la información y la comunicación.

“Este último proceso es transversal a todos los demás, y en él tenemos mucho aún por trabajar”, dijo Marichal González, y agregó que los cuatro procesos están presentes en los tres niveles de Gobierno, con una interrelación constante, pero el objetivo es que cada vez esté más cerca de las personas, en los municipios, donde también se crea y se mantiene el catastro.

“El IPF ejerce un control estatal para que se cumplan todas estas determinaciones. La fuerza y el éxito están en que el municipio se detecte a tiempo y se enfrenten las contravenciones”, señaló la funcionaria.

“Hoy el papel de los municipios en esta actividad se corresponde muy bien con la tarea que les ha dado la Constitución en términos de autonomía y fuerza. Nos queda mucho por trabajar en ese sentido, pero vamos avanzando”, destacó.

En otro momento de su comparecencia, la Directora General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del IPF afirmó que la actividad de planeamiento en el país se expresa a través del ordenamiento territorial en los ámbitos nacional, provincial, municipal y otros espacios, y el ordenamiento urbano, donde se encuentra la mayor concentración de la población cubana.

Agregó que dichos planes tienen una distinción, “y es que se conforman a corto, mediano y largo plazos, con el propósito de acompañar la visión de país que queremos todos desde el espacio físico”.

“Hoy, cada municipio de Cuba cuenta con sus planes de ordenamiento en distintos niveles de aprobación por los consejos provinciales, así como de actualización”, refirió.

Subrayó que también los asentamientos en las ciudades principales tienen esos instrumentos elaborados, y que se trabaja por que todos los asentamientos urbanos cuenten con ellos, además de que los rurales posean sus esquemas de desarrollo.

“El reto está en la participación, si bien hemos logrado trabajar en algunos espacios y realizar consultas urbanas en algunos territorios, es algo que aún tenemos que generalizar y perfeccionar”, consideró Marichal González.

Regulación y control, decisivos en la actividad urbanística

Acerca de cómo se establecen y controlan las regulaciones urbanísticas en el país comentó en la Mesa Redonda Diana Rosa Suárez Matías, jefa del Departamento Jurídico del IPF.

Esclareció que el conjunto de regulaciones territoriales y urbanísticas acompañan los planes de ordenamiento, y expresan un conjunto de reglamentaciones dirigidas hacia las intervenciones que se van a realizar en cada territorio.

¿Qué se puede hacer? ¿Cómo construir? ¿Qué no debe hacerse?, son interrogantes despejadas en todos los instrumentos en los cuales descansa la actividad de planificación física en Cuba.

Uno de los más conocidos por la población es el Certificado de Regulaciones Urbanísticas, el cual se les facilita a las personas cuando va a realizar alguna acción constructiva por esfuerzo propio, y donde se expresan todos los aspectos a ser respetados para poder edificar en una parcela.

Según la especialista, si bien existen regulaciones urbanísticas generales, también las hay por zonas. “Ellas son diversas, pero a la vez ajustables para dar respuesta a todas las necesidades que existan en un momento determinado”.

Suárez Matías también aludió a que una de las debilidades identificadas en el sistema es la escasa divulgación de las regulaciones.

Insistió que se pueden consultar en las direcciones municipales de Planificación Física, y reconoció que en ocasiones, esto no fluye de la manera más coherente o más fácil para las personas.

Hoy se trabaja para que las regulaciones territoriales y urbanísticas de cada municipio sean publicadas en las páginas web de los gobiernos, así como en el portal web de IPF, donde ya están disponibles las de las provincias de las ciudades de Cienfuegos, Santiago de Cuba, Bayamo, y de los municipios de Centro Habana y Guanabacoa.

Al mencionar los servicios de las direcciones municipales y provinciales de Planificación Física, destacó el brindado a personas jurídicas para la ejecución de obras de interés económico y social; así como a las naturales, con el otorgamiento de permisos para ejecutar acciones constructivas en viviendas que cuenten con un título de propiedad, como en aquellas parcelas que están sin ocupar.

“También se elaboran dictámenes técnicos de descripción y tasación de viviendas, en lo fundamental para la actualización de títulos de propiedad y un grupo de procesos jurídicos relacionados con el reconocimiento del derecho perpetuo de superficie, las sesiones de uso de azoteas, las sesiones de uso de solares yermos de propiedad personal, y las reclamaciones de derecho y litigios en torno a solares yermos, y a medidas y linderos”, abundó.

Explicó, además, que no todas las acciones constructivas en la vivienda requieren un permiso, licencia u autorizo.

“Existen —por ejemplo— trabajos de conservación para prolongar la vida útil de las casas, así como otras acciones en su interior, que siempre que no afecten la fachada o la estructura, tampoco lo requieren”.

Aconsejó, no obstante, que cuando se vaya a emprender alguna acción constructiva, el interesado acuda a algún profesional en busca de asesoramiento, porque en ocasiones se realizan cambios y obras al interior de la vivienda que pueden acarrear consecuencias lamentables.

En lo concerniente a los trámites y servicios a la población, la jefa del Departamento Jurídico del IPF aseguró que desde 2015 se traspasaron un grupo de funciones a Planificación Física

Desde enero de ese año, hasta diciembre de 2019, se recepcionaron 1 200 000 asuntos, de los cuales fueron aprobados 1 128 000 trámites, el 94%.

“Se trata de un volumen serio de trabajo, una cantidad de trámites que rebasan los 300 000 al año, y que se llevan a cabo con el personal con el que contamos en los diferentes los niveles de dirección”, argumentó, y dijo no sentirse satisfechos aún con tal cifra, pues aún hay insatisfacciones y molestias de la población.

Asimismo, todavía no se logra un cumplimiento de los términos establecidos en la norma, y en ello incide de manera negativa la fluctuación laboral, y la falta de especialistas de diferentes ramas, como geógrafos, sociólogos, ingenieros hidráulicos, industriales y civiles, así como arquitectos, abogados, comunicadores sociales, entre otros.

Herramientas, políticas y planes para el ordenamiento

Una de las herramientas más importantes cuando se habla de la actividad urbanística del país es el Catastro Nacional, inventario de los bienes inmuebles existentes en el territorio nacional y a cuya importancia se refirió el presidente del IPF, Samuel Rodiles Planas.

Para materializarlo, el 1 de marzo de 2014 se aprobó la Política para el Catastro Nacional, “que determina la ubicación de inmuebles en la manzana, sus superficies, linderos y atributos”.

Toda esa información se almacena en una base de datos y se vincula con la cartografía catastral en un sistema informatizado, “que permite reducir los plazos para la confección de la certificación catastral, siempre y cuando el inmueble no haya sido modificado posteriormente a la realización del Catastro”.

Hoy se emiten certificaciones catastrales en 125 asentamientos humanos. Se destaca Cienfuegos, que lo hace en 39 de los 41 asentamientos con que cuenta.

“Es importante concluir el catastro urbano, porque contribuye a la seguridad jurídica, el ordenamiento territorial y urbano, el sistema informativo de los Gobiernos y al Censo de Población y Vivienda, así como al sistema impositivo. Permite, además, tomar decisiones de Gobierno y agilizar trámites en el área de vivienda”, destacó Rodiles Planas.

En el trabajo del IPF, los años 2018 y 2019 se caracterizaron por la actualización de instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros.

Entre esos instrumentos, fue aprobado el Esquema Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT), el de mayor jerarquía, “que constituye el complemento espacial para el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. En este ámbito se han priorizado La Habana y otras ciudades, así como espacios de importancia en el desarrollo del país, como la Zona Especial de Desarrollo Mariel, los macizos montañosos y Varadero”.

También se dio luz verde a la Política para el Perfeccionamiento del Sistema de Ordenamiento Territorial Urbano y la Gestión del Suelo, como base de las normas jurídicas que regulen esa actividad.

En diciembre pasado –continuó el presidente del IPF–, se aprobó el Esquema Nacional de Ordenamiento del Hábitat, que complementa la Política de la Vivienda y “estimula el proceso inversionista para la creación de un hábitat saludable y seguro, como establece la constitución”.

En tal sentido, Rodiles Planas insistió en que Cuba reconoce el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable para todas las personas. El Estado hace efectivo este derecho mediante programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas, con la participación de entidades y de la población, en correspondencia con las políticas públicas, las normas del ordenamiento territorial y urbano y las leyes. (Artículo 71 de la Constitución de la República).

También ha sido aprobado el Plan de Estado para la implementación de la Nueva Agenda Urbana (NAU) en Cuba, en cumplimiento del compromiso adquirido por el país en la Cumbre Hábitat III.

Cuando están por cumplirse los 60 años del sistema de planificación física en Cuba, Rodiles Planas destacó la prioridad concedidad a la implementación de la NAU, “que contiene el ideal común, principios y compromisos y un llamamiento a la acción en favor del desarrollo urbano sostenible”.

El presidente del IPF explicó que el Plan de Acción Nacional se estructura en ocho ejes estratégicos, 24 líneas de trabajo y 74 acciones preliminares.

“Este Plan de Acción para implementar la NAU en Cuba como Plan de Estado por su carácter integral, obtuvo el Pergamino de Honor que otorga ONU-Hábitat, por poseer una hoja de ruta hasta 2036 que permitirá la concreción de esa agenda en la nación y en los niveles locales”.

“Hoy tenemos una relación directa con los ministerios de Educación y Educación Suderior para vincular la ciencia y la tecnología con la práctica profesional. Hay que lograr un trabajo cohesionado entre instituciones, gobiernos y población”, dijo.

El mayor desafío, insistió, “es contar con el ordenamiento jurídico, disponer realmente de los planes de ordenamiento territorial y urbano aprobados por los Gobiernos, y que se tengan como instrumento para la toma de decisiones de todos, incluida la población”, subrayó Rodiles Planas, y señaló que los artículos 179 y 191 de la Constitución contienen las responsabilidades de gobernadores y asambleas municipales del Poder Popular, entre las cuales se incluye el plan de ordenamiento territorial y urbano, y el control de su cumplimiento.

“Es imprescindible elevar la preparación de los funcionarios del sistema, para llegar a la calidad de servicios que necesita la población, y para convertirnos en verdaderos funcionarios y servidores públicos, para que se vea el resultado del sistema de planificación física”, concluyó.