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El español Alberto Navarro, embajador de la UE en Cuba. Foto: EFE.

Con cuatro décadas de destacada carrera diplomática a sus espaldas, Alberto Navarro (Santa Cruz de Tenerife, 64 años) ha hecho y ha visto prácticamente de todo.

Embajador de España en Portugal y en Marruecos, secretario de Estado para la Unión Europea durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, director del Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, jefe de Gabinete de Javier Solana cuando fue Alto Representante para la Política Exterior de la UE, y por último embajador europeo en Brasil, República Dominicana y Cuba.

Navarro creía que ya pocas cosas podían sorprenderle cuando llegó a La Habana. Pero no. En los dos años y medio que lleva en la isla ha sido testigo del desmantelamiento por la Administración Trump de todos los avances normalizadores impulsados por su antecesor, Barack Obama, que en 2015 tomó la histórica decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba tras medio siglo de ruptura.

Navarro está hoy en el ojo del huracán: importantes empresas europeas han sido demandadas en tribunales de Estados Unidos en aplicación del Título III de la ley Helms-Burton, que Trump ha activado y que permite perseguir y sancionar a aquellas empresas extranjeras que supuestamente “trafican” con bienes expropiados por la revolución; además, el Departamento de Estado comienza a aplicar ahora el Título IV, por el que se impide la entrada a EE.UU. a los altos cargos de estas compañías, a sus cónyuges e hijos menores, como medida de represalia por sus actividades en Cuba.

La primera víctima conocida es Gabriel Escarrer Jaume, Vicepresidente y primer ejecutivo de Meliá, compañía que administra 35 hoteles y 14.000 habitaciones en la isla. En su caso, la sanción es por la gestión de dos hoteles cubanos levantados en una parcela de tierra en la playa Holguín, expropiada por el Estado a la familia Sánchez Hill después de 1959.

“Esto es una barbaridad. Si la ley Helms-Burton es de por sí ilegal por su carácter extraterritorial, el Título IV es además inmoral e inhumano, una aberración, ya que afecta a los familiares inmediatos de los sancionados, algo inaudito pues ni siquiera las penas por los peores delitos, como el asesinato, se transmiten a los hijos. En el caso de Meliá, además, se viola el principio de la presunción de inocencia, ya que ningún tribunal estadounidense ha fallado en su contra”.

El embajador de la UE tiene constancia de que ya hay una veintena de empresas demandadas en Estados Unidos por el Título III de la Helms-Burton.

“Seis son europeas, afectadas en distinto grado: las cadenas hoteleras españolas Meliá y NH, los bancos BBVA y Société Générale, y los touroperadores Booking.com, Holanda y Trivago”. Sobre el Título IV, Navarro tiene pruebas de 14 notificaciones similares a la de Escarrer (no da nombres de personas ni empresas, pues, asegura, la mayoría prefiere que no se haga público). Afirma que algunos abogados le han informado de que hay listas otras 70 u 80 cartas para enviarse en el Departamento de Estado, quizá alguna ya se ha enviado.

Sobre la mesa de su despacho en La Habana está una de estas notificaciones, que le ha hecho llegar uno de los damnificados. En ella se pueden leer amenazas que recuerdan al Chicago de los años treinta y no parecen corresponder a la primera potencia mundial.

En un lenguaje legalista, Washington da 45 días al empresario para que dimita de su puesto directivo, venda las acciones que tiene en la empresa demandada o llegue a un acuerdo indemnizatorio con los demandantes. De lo contrario, le “advierte” que será prohibida su entrada a EE.UU., vencido el plazo.

Navarro se planta. “No podemos aceptar imposiciones unilaterales que son contrarias a los principios básicos del derecho internacional y que nos conducirían de vuelta a la ley de la selva. La UE defenderá hasta las últimas consecuencias los derechos de sus ciudadanos”.

Afirma que, en su día a día de La Habana, tiene reuniones con empresarios y representantes del mundo de las finanzas, que le explican que “cada vez el cerco es mayor. Hay compañías que han creado departamentos específicos para defenderse jurídicamente de la Helms-Burton y también para eludir la persecución financiera. El directivo de una importante compañía me explicó que el 25 por ciento de su trabajo lo dedica a este tema”.

El embajador tiene muy claro el objetivo de la administración Trump con la Helms-Burton, mantenida en suspenso por todos los inquilinos de la Casa Blanca desde la aprobación en 1996.

“Busca crear confusión e incertidumbre sobre Cuba. Disuadir a los empresarios para que no inviertan en la isla. Que tengan miedo de las posibles sanciones y prefieran irse a otros países. Por eso es muy difícil, por no decir imposible, cuantificar el daño. No podemos saber cuántos han preferido desviar sus inversiones para evitar ese riesgo”.

Navarro habla claro: “Como tantas otras sanciones indiscriminadas, esta ley sólo produce daño a personas inocentes o a quienes de buena fe quieren tener un comercio legítimo con Cuba”. Entre sus responsabilidades como embajador dice que ahora lo prioritario es ayudar a la defensa de las empresas europeas.

“La UE es hoy, afortunadamente, nuestra mejor defensa. En 1996 ya llevamos a EE.UU. ante la Organización Mundial de Comercio por este tema y adoptamos nuestra propia legislación antibloqueo, y si hay que tomar otras medidas se tomarán. Me consta el interés de Bruselas y la dedicación que se le presta al asunto, empezando por el Alto Representante, Josep Borrell, quien conoce muy bien Cuba y este problema. La UE va a utilizar todos los medios a su alcance para defender sus intereses y proteger a sus ciudadanos y a sus empresarios”.

¿Por qué la UE considera ilegal la ley Helms-Burton?

“La llamada Ley Helms Burton es contraria al derecho internacional porque busca ser aplicada más allá de las fronteras de Estados Unidos. Hemos repetido muchas veces que un país puede adoptar leyes que nos gusten más o menos. Por ejemplo, a nosotros no nos gusta que apliquen en EE.UU. la pena de muerte, y eso podemos criticarlo, pero nada más. Lo que es inaceptable y contrario al derecho internacional es aplicar sus leyes extraterritorialmente, fuera de sus fronteras, que es lo que ocurre con la Helms-Burton”.

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(Tomado de El País)