Cubadebate

El robo de combustible le cuesta miles de dólares a la economía cubana. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Decir que cada hora el delito le arranca a Cuba 626 litros de combustible es una verdad dolorosa. En Villa Clara, la tercera provincia del país con más procesos penales por esta causa, las pérdidas reportadas en los juicios concluidos este año ascienden a más de 25 mil litros. Una cifra muy superior sigue filtrándose fuera de los juzgados.   

Ya sea en los análisis de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), la Fiscalía, CIMEX o los tribunales, varias preguntas parecen no cambiar con el tiempo: ¿por qué roba el chofer estatal? ¿Qué justificación tienen el pipero y el pistero para adulterar los registros en un servicentro? ¿Por qué algunos directivos prefieren mirar a otro lado cuando detectan irregularidades en el uso del combustible?

Las respuestas a esas interrogantes no deberían quedar en la superficie. Justificarlo todo a partir de los bajos salarios o de una cultura basada en el aprovechamiento de los recursos estatales en pos del beneficio personal, significa detenerse en la periferia de un tema que en lo profundo tiene mucho de ética y de responsabilidad social.

Educación y control son dos cuestiones primordiales aquí, pero difíciles de conjugar cuando el bolsillo aprieta y la exigencia es poca. Entonces, ¿qué hacer frente a ese panorama? ¿Por dónde comenzar a dinamizar la lucha contra el robo de combustible y convertirla en una realidad más palpable? Las respuestas tienen tantos caminos como escollos.

En las sombras

Los camiones de pasajeros son los vehículos privados que más combustible consumen. Foto: Vanguardia.

Desde hace cinco años, Alberto maneja un camión de pasajeros en la ruta Santa Clara-Placetas. Sin embargo, en todo ese tiempo pocas veces se le ha visto detenerse en los CUPET del territorio para rellenar el tanque de combustible. Miembro consciente de una amplia cadena delictiva que tiene como rostro más visible a pisteros y choferes estatales, él prefiere mantener su nombre en el anonimato para no mezclarlo en un desfalco conocido por todos.

Según cuenta otro chofer, que prefiere llamarse Octavio, en el mercado negro un litro de diésel puede oscilar entre 8 y 10 pesos, menos de la mitad del precio por el cual se adquiere en los servicentros.

“Siempre trato de comprar petróleo ‘por la izquierda’, porque es un ahorro considerable. Aunque existen varios puntos para adquirirlo, el gran problema es encontrar un lugar fijo capaz de garantizarlo todo, pero pocas veces aparece”, explica con la más natural de las actitudes.

A diferencia de él, la realidad de tener un vendedor estable sí la conoce Alejandro, otro chofer privado que también prefirió eludir su nombre para contarle a Cubadebate una de las partes más turbias del proceso. Según dice, desde hace más de un año encontró uno de esos “empresarios particulares” dispuestos a facilitarle de un golpe todo el diésel necesario para mover su Chevrolet.

“Quien me vende funciona como intermediario. Él acumula el combustible y tiene el contacto con los compradores. Dos o tres veces por semana paso por un lugar, previamente acordado, y recojo lo mío. Las únicas condiciones son pagar al contado, discreción y llevarse cantidades suficientes para tres o cuatro días. Así se evita repetir demasiado los viajes al mismo sitio”, asegura.

Alejandro ahora se alegra de tener este punto. Antes debía buscar el combustible con diferentes personas y era una tensión constante. Unas veces compraba un poco a transportistas estatales en la autopista nacional; otras lo conseguía en el mismísimo servicentro o, incluso, en algunas ocasiones se lo llevaron hasta la casa. Pero tanto para él como para Octavio, involucrarse en varias cadenas delictivas al mismo tiempo no es una buena opción.

Todos ellos tienen un argumento común para explicar por qué compran combustible sustraído al Estado: los altos precios en los CUPET. Ese es el razonamiento más extendido entre los transportistas privados, los principales receptadores del carburante que otros roban primero. Pero frente a esa justificación bien vale la pena una pregunta: ¿puede un negocio aspirar a sostenerse con lo ilegal?

Juan Carlos Marante Mariño, gerente comercial de la Sucursal CIMEX Villa Clara, no solo sabe muy bien la respuesta a esa interrogante, sino también cómo funciona el robo en los CUPET del territorio.

Rostro habitual en las inspecciones, asegura que la manera más sencilla es el mutuo acuerdo entre el pistero y el chofer estatal responsable de una tarjeta prepagada de combustible. Entonces, de la bomba sale la cantidad justificada con el chip de venta, pero no va íntegramente al tanque del vehículo.

Adulterar las mediciones de los carros cisternas es uno de los modus operandis para el robo de combustible. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Esa es la forma básica, aunque poco a poco aparecen otras más complejas. Por ejemplo, el directivo de CIMEX explica cómo las normas técnicas permiten una pérdida entre un uno y un tres por ciento del combustible durante el proceso de reabastecimiento, en dependencia de si la medición ocurre por vara o de forma automática. Ya han detectado a trabajadores que aprovechan esa brecha, reportan el faltante y se lo apropian.

Otro modus operandi consiste en utilizar los comprobantes de compra emitidos cuando una persona natural adquiere combustible. Entonces, junto al diésel o la gasolina robada, el pistero le vende también el chip a los choferes particulares como una justificación en caso de algún chequeo.

Finalmente, otra manera radica en la emisión de dos comprobantes por una misma extracción. Luego el pistero anula uno por la verdadera cantidad descargada y habilita el otro por la cifra que el chofer reportará a su entidad. Si en las empresas o unidades presupuestadas no existe un control frecuente sobre el combustible esta fórmula se convierte en una de las más exitosas.

“Todos esos mecanismos, así como el de despachar cantidades de combustible por encima de lo permitido, solo se eliminan con exigencia y control, tanto de nuestra parte como de los jefes de turno y administradores. Una de las medidas que hemos tomado es incrementar las inspecciones sorpresivas y chequear si coincide la última operación con lo registrado en la cinta auditora”, explica.

Esa es solo una de las acciones para cerrar puertas a un desfalco que conocen tanto los directivos como las instituciones de control. De hecho, según datos proporcionados por la ONURE, en 2018 la provincia apenas vendió 1.06 litros de combustible por día a cada porteador no estatal, una cifra infinitamente menor a lo que la lógica y la cantidad de viajes indican como normal.

Esa tendencia se mantuvo hasta abril de este año, cuando poco a poco comenzó a cambiar, impulsada por el aumento del control, pero también por las reducciones en las entregas de combustible al sector estatal. La mezcla de esos factores confluyen para que al cierre de agosto Villa Clara venda 54.80 litros diarios por cada uno de sus 517 transportistas privados.

Cuentas claras

En tiempos de control de los recursos energéticos, ver llegar el auto con el logo verde y naranja que identifica a la ONURE es una bendición para algunas entidades estatales, pero un mal augurio para otras.

Para las derrochadoras, ineficientes o con descuidos imperdonables sobre su combustible, esas visitas bien pueden significar un llamado de alerta o el inicio de un proceso más amplio de fiscalización.

Así sucede para las nueve entidades de Villa Clara catalogadas como deficientes en el actual año, una cifra alta si se tiene en cuenta que, hasta agosto último, 20 empresas y unidades presupuestadas recibieron algún tipo de visita. Otras cuatro fueron objeto de procesos investigativos por el Ministerio del Interior y no recibieron evaluación.

Las 190 acciones de control efectuadas en los primeros ocho meses de este 2019 –166 de ellas a entidades con altos consumos– ofrecen un panorama que revela una pérdida económica de 26 mil 596.48 pesos. Las pérdidas del 2018 se ubicaron en más de 17 mil CUC y 6 mil pesos en moneda nacional.

Asimismo, hasta agosto del actual año, siete entidades no lograron justificar su gasto de combustible durante un mes, un indicador capaz de sembrar dudas sobre si el desfalco podría tener allí las puertas abiertas.

Junto a ese dato, apenas basta un rápido bosquejo al último informe para comprobar cómo esos controles demuestran la permanencia en el tiempo de carencias todavía más preocupantes. De los problemas detectados en las once instituciones evaluadas como deficientes en 2018, solo uno no se repite en el actual año.

• Las tarjetas prepagadas de combustible no se controlan como establecen las regulaciones vigentes.
• Diferencias entre los datos reportados en el balance mensual y la información primaria.
• Los sistemas de Gestión y Control de Flota en las entidades no cumplen con todo lo establecido en los procedimientos aprobados.
• Las tarjetas de combustible no están personalizadas por vehículo.
• Deficiencias a la hora de normar el índice de consumo para cada equipo.
• Medios de transporte o tecnológicos consumen combustible sin respaldo de actividades ejecutadas.
• Equipos con sobreconsumo de combustible superior al 5 por ciento.
• Falta de análisis profundos sobre las desviaciones en los índices de consumo.
• Escasos estudios de los indicadores de eficiencia energética.
• Inestabilidad, fluctuación y falta de preparación técnica del personal encargado de realizar la planificación, el control, el análisis y la verificación de los datos generados en la utilización del combustible.

Según el director de la ONURE en Villa Clara, resolver esa situación no implica crear procedimientos nuevos, sino aplicar correctamente el Manual de inspección a los portadores energéticos, un documento recogido en la Resolución 152 del 2018 del Ministerio de Energía y Minas. Sencillamente, cumplir con lo establecido.

Derrame

La desaparición de 15 mil 549 litros de combustible no es cosa fácil. Sin embargo, así ocurrió en la Unidad Empresarial de Base Transporte Caibarién, una de las entidades de ese municipio que más diésel recibe para mantener sus operaciones. La pérdida se detectó durante una actividad de control a una de las reservas habilitadas en la entidad, pero poco pudo hacerse ante los tanques vacíos.

Luego de la alarma y la posterior investigación, el resultado fue más increíble de lo esperado. Aparentemente, nadie se apropió del combustible, porque el deterioro de los medios de conservación actuó primero y el diésel se derramó sin que nadie lo notara.

La demora en una inversión necesaria desde el año anterior y la falta de chequeo a un depósito que de antemano se sabía defectuoso, “propiciaron” la pérdida. Según cálculos conservadores, el diésel perdido podía garantizar más de 680 viajes entre Caibarién y Santa Clara, o más de 130 entre la capital provincial y La Habana.

Como parte de la Causa 29 del 2019, el Tribunal Municipal Popular de Caibarién determinó la implicación del director provincial de Transporte, el jefe de la UEB y el responsable de Seguridad y Protección, quien además de la privación de libertad, recibió una multa de 300 cuotas de un peso cada una.

Durante el juicio, junto al delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas, la Fiscalía también acusó de falsificación de documentos al jefe de Seguridad y Protección.

Este último no solo violó una de las funciones inherentes a su cargo, sino que, al conocer sobre la pérdida, creó un reporte ficticio para simular que había comunicado el estado de deterioro de los depósitos al Instituto Nacional de Reservas Estatales.

Justicia, inteligencia y mano dura

Según Elina Ávalos Manresa, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, la actuación de ese organismo jurídico ante procesos relacionados con sustracción y descontrol del combustible se basa en la rigurosidad, tanto en la investigación como en la solicitud de condenas.

Para ello, la Resolución 15 del 2019, dictada por el Fiscal General de la República, juega un rol fundamental como guía para cada acción jurídica.

Junto al acompañamiento hasta que el proceso llega a los tribunales, el documento establece la imposición de la medida cautelar de privación provisional de libertad para los acusados vinculados a estos hechos. Asimismo, en caso de encontrar responsabilidad, reafirma el decomiso de casas que sirven de almacén o de vehículos utilizados para transportar el combustible robado.

“Aunque a la hora de solicitar sanciones se tienen en cuenta elementos como la edad de los acusados, su conducta previa o las condiciones del delito, sí se mantiene la política de rigurosidad para juzgar casos relacionados con el combustible. Es un delito de alta peligrosidad, porque afecta directamente a varias áreas de la economía cubana”, explica.

Una actitud similar la sostienen los juzgados de la provincia. De acuerdo a Arianny Casas Pérez, presidenta de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, el presidente del Tribunal Supremo Popular también ha dado indicaciones encaminadas a uniformar la tramitación de los procesos asociados a la pérdida de combustible.

La joven abogada aclara que todo parte de un concepto fundamental: la defensa de las garantías legales para impartir justicia. Según dice, estos procesos no se salen de lo establecido en la ley y mantienen sus características de transparencia y apego a los derechos para todos los acusados.

“Aquí la máxima severidad viene junto al análisis caso a caso de los modus operandi¸ las personas implicadas, el tipo de delito, la cantidad de combustible o las entidades afectadas. Cada proceso es diferente en cuanto a complejidad y alcance, y esos son elementos que también valoramos a la hora de emitir una condena”, asegura.

Esa idea la confirma Elena Margarita Cabrera Figueroa, presidenta del Tribunal Provincial Popular en Villa Clara. De acuerdo a unos datos que actualiza cada mes, hasta el momento el 92 por ciento de los sancionados en el territorio por delitos vinculados al combustible recibieron penas tanto de privación de libertad como de trabajo correccional con internamiento.

En una mirada rápida, esos números evidencian el interés de los organismos por enfrentar el robo. De hecho, Villa Clara es la segunda provincia con más medios de transporte decomisados en Cuba por casos relacionados al desvío de combustible. Asimismo, junto a Santiago de Cuba, es el territorio que más viviendas confisca por esos delitos.

Sin embargo, un análisis más profundo revela una estadística preocupante: los tres casos asociados al delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas reportan el 86 por ciento del combustible “perdido” en Villa Clara.

Solamente por esa causa, los juzgados del territorio cuantifican el extravío de más de 20 mil 700 litros de diésel. La cifra es más alarmante cuando uno comprueba que por otros delitos la cantidad apenas sobrepasa los tres mil 250 litros este año.

Mientras tanto, los datos del Tribunal Provincial Popular contienen otra clave esencial para entender por qué es tan difícil cortar de raíz el robo de combustible: de todos los casos juzgados en Villa Clara, el 50 por ciento están asociados al delito de receptación, el último y más fácil eslabón de detectar. Es encarar un problema sin atacar la base. Las estadísticas relacionadas con la fuente del delito tendrían que crecer para que el enfrentamiento sea más efectivo.

“La policía encuentra a alguien con combustible sin justificar y esa persona dice no conocer al vendedor. Si lo cuenta es igualmente difícil demostrar la infracción, porque cuando aparece –casi siempre un chofer estatal– tiene en orden el chip, el consumo y las descargas de la tarjeta. No obstante, no llegar hasta el primer ladrón no implica dejar de juzgar a los otros”, explica Arianny Casas.

Para ella, este tipo de delitos se ubica entre los más sensibles, y aunque la mayoría no reporta grandes pérdidas económicas, el combustible sí sale de servicios que forman parte del día a día del cubano. Alerta además que su peligrosidad radica en que la sociedad ya los ve como algo natural.

“Muchas veces llega a los tribunales una causa por la receptación de volúmenes inferiores a las pérdidas reportadas en grandes empresas. Quizás sean 15 litros y cualquiera lo vería como una cuestión menor, pero por esa cantidad una ambulancia puede dejar de funcionar y causarle la muerte a un enfermo; o un barrio no recibir la fumigación e infectarse de dengue. Entonces no solo es importante ver el delito en sí, sino también sus consecuencias”, comenta.

En ese sentido, un elemento resalta a cada paso: la necesidad del control y la prevención para evitar el robo. Para ello, por ejemplo, las verificaciones fiscales a las empresas deben jugar su papel, tanto como las auditorías o los consejos de dirección. Si eso no ocurre, solo queda juzgar una y otra vez a quienes cometan el delito.

Desidia

El descontrol es una causa fundamental para propiciar el delito. Caricatura: Martirena

A solo horas de que el huracán Irma comenzara a azotar al municipio de Sagua la Grande, el Consejo de Defensa Municipal entregó al hospital del territorio mil 200 litros de diésel para garantizar la vitalidad cuando arreciaran los vientos. Desde ese momento, ese sería el punto de la discordia para todos los implicados en el cuidado del combustible… o más bien, en su descontrol.

Luego de recibir el petróleo sin documentos y solo con el chip emitido por CUPET como constancia, el director, la energética y el subdirector administrativo del hospital lo depositaron en una pipa “novia”, pero enseguida comprobaron que no lo necesitaban. Entonces, el Consejo de la Administración Municipal (CAM) decidió moverlo hasta una de las estaciones de bombeo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

Apenas pasaron dos horas y un chofer de tractor llegó al centro de salud para trasladar el combustible. En el nuevo destino el administrador recibió el combustible, pero tampoco verificó la cantidad que el Estado ponía bajo su custodia. Así lo dejó durante tres meses. Sin cuidados, sin control, hasta que desapareció en su totalidad.

En las investigaciones se comprobó que el chofer del tractor robó 60 litros durante el traslado, pero fue imposible determinar el paradero para los otros mil 140 litros. El hurto de carácter continuado y el incumplimiento del deber de preservar bienes y entidades económicas otra vez fueron los delitos por los que todos fueron juzgados como parte de la Causa 16 del 2019.

Junto a la del administrador de la estación, la Fiscalía Municipal también encontró responsabilidad en la jefa del Subgrupo de Energía del CAM y en la directora de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, sobre todo por no chequear un bien del que conocían su existencia y su importancia.

¿Nuevas alternativas para la misma realidad?

Exigir los comprobantes del combustible a los transportistas privados puede ser un buen paso. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Para Abelardo Martínez Rodas, un auditor con más de 40 años de experiencia, una lucha realmente efectiva contra el robo de combustible implica, en primer lugar, entender qué bases sustentan el fenómeno. Según dice, ese detalle resulta imprescindible para no verlo como un suceso aislado, ni convertir su enfrentamiento en una situación temporal.

“Ciertamente, los ingresos promedio de un trabajador estatal pocas veces alcanzan para satisfacer todas sus necesidades, pero esa no puede convertirse en la razón para defender cualquier tipo de robo.

“Junto a ello, la corrupción y la irresponsabilidad de quienes tienen a su cargo el cuidado de los recursos estatales debería tener consecuencias más severas. La responsabilidad material no puede estar divorciada de la penal. De otro modo sería arar en el mar”, apunta.

En tal sentido, Juan Carlos Marante, gerente comercial de la Sucursal CIMEX Villa Clara, se queja del escaso impacto de los informes que todos los meses él entrega a los organismos encargados de analizar el desvío de combustible.

Según cuenta, ese documento recoge las operaciones de las tarjetas repetitivas o con altas descargas en cada uno de los 59 servicentros de la provincia, pero en la mayoría de los casos nadie las examina o tienen poco seguimiento.

“No podemos negarle a un vehículo estatal el combustible. Ellos pueden extraer hasta tres veces en un día, pero ¿para qué un auto que circula dentro de la ciudad necesita tanto en una jornada? Nosotros plasmamos esas operaciones en el informe, pero es responsabilidad de cada entidad controlar qué sucede con sus tarjetas prepagadas, su combustible y sus vehículos”, comenta.

Por su parte, el auditor Abelardo Martínez encuentra otra área desaprovechada en el control del combustible. Para él, una buena manera de aumentar la exigencia sería incorporar a las pesquisas de los inspectores de tránsito la justificación del combustible empleado en cada viaje.

“Si junto a la revisión de la licencia operativa, el chequeo del estado técnico o la cantidad de pasajeros, los inspectores incluyeran con rigor la verificación de los comprobantes de compra del diésel a nombre del chofer, ese pequeño detalle sería un paso contundente para cerrarle otra brecha al robo”, asegura.

Estudiar nuevos precios del combustible en el país o un fortalecimiento en la relación contractual con los porteadores privados, para permitirles adquirir el diésel a costos diferenciados y bajo condiciones favorables para ambas partes, pueden ser otros interesantes senderos por explorar. Aun así, todo debe llegar junto al destierro de la cultura del facilismo y la ilegalidad como modo de vida.

A su vez, otra buena opción podría estar en la creación de políticas de incentivo fiscal para aquellas entidades eficientes en el uso y control del combustible al final del año.

Que quien economice no vea la reducción de sus asignaciones en el plan del año siguiente, sino un ingreso por concepto de eficiencia para incrementar la inversión en innovación y desarrollo, por ejemplo. Aunque esos son elementos analizados en otras ocasiones, este sería un buen contexto para aplicarlos con mayor fuerza.

De igual manera, para el director de la ONURE en Villa Clara resulta fundamental la constancia en el control y el sentido de pertenencia tanto de jefes como de trabajadores. "Es la única manera de superar las dificultades y borrar de una vez el problema", sintetiza.

“La clave para detener el robo de combustible no radica únicamente en las inspecciones a las entidades, sino en el rol que cada centro laboral sea capaz de asumir ante un contexto donde saben de la prevalencia del delito. El control de los recursos energéticos debe convertirse en una rutina de trabajo, no en algo que sucede porque un ente externo lo exija”, agrega.

Junto a ello, la batalla por solucionar un problema que cada año le cuesta al país miles de dólares pasa también por clausurar otros resquicios “menos ilegales”, pero tan dañinos como el robo más grotesco.

Así, en la más reciente visita a Villa Clara del ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, apareció un dato alarmante: en el último semestre la provincia reportó 15 mil litros de combustible por concepto de sobreconsumo ineficiente. Se trata de los camiones de carga que circulan vacíos y gastan el diésel asignado sin un respaldo en el traslado de mercancías.

Aunque no es un elemento tipificado como robo, pocos pueden evitar cuestionarse si el control sobre el combustible no debería extenderse con igual fuerza también a esos mecanismos ineficientes.

Mientras tanto, otros también se preguntan quién fiscaliza el uso de los autos y el diésel estatal para que no funcionen como un bien particular en manos de choferes y directivos. Son pequeños gastos camuflados detrás de las pérdidas más alarmantes, pero que en definitiva también podrían incrementar las estadísticas por robos o desvíos.

Geominera del Centro: Control para precaver, no para juzgar

En medio del actual panorama, cualquier medida encaminada a resguardar los recursos se torna vital. Bien lo sabe el ingeniero Argelio Jesús Abad Vigoa, director general de la Empresa Geominera del Centro, un lugar que en los últimos dos años tiene ahorros superiores a los 80 mil litros de combustible.

Con nueve UEB distribuidas en todo el centro del país, un gasto mensual de 160 mil litros de diésel, 86 equipos altos consumidores y áreas de trabajo muchas veces ubicadas en zonas de difícil acceso, esta era una entidad con “condiciones” para el desfalco. Pero en febrero de 2017 el Consejo de Dirección tomó un grupo de medidas encaminadas a cerrarle las puertas al descontrol.

“Lo primero fue reconocer que una parte del combustible robado en Villa Clara también provenía de esta empresa. Entonces, buscamos dónde estaba el 80 por ciento de nuestro consumo y cuáles eran las áreas más vulnerables. Con esos datos celebramos un Consejo Energético Extraordinario y revisamos todas las deficiencias y vulnerabilidades”, cuenta Abad Vigoa.

De ese encuentro salieron varias decisiones interesantes. Por ejemplo, se le retiró la custodia de las tarjetas prepagadas de combustible a los choferes de los equipos que no recorrían grandes distancias. Por otra parte, crecieron las medidas de protección en todos los depósitos y se actualizó la prueba de consumo al 100 por ciento de los vehículos de la empresa.

Asimismo, para las llamadas “pipas excepcionales” —encargadas de llevar el combustible a los equipos pesados—, se determinó la rotación de sus operarios cada año.

Del mismo modo, el proceso de llenado solo ocurre durante el horario diurno y la responsabilidad recae en el director o los jefes de Operaciones y Canteras Internas de cada unidad. El chofer del carro cisterna no tiene acceso ni a la tarjeta, ni al combustible.

De acuerdo con el director general de la Geominera del Centro, a la par de esas acciones, también ocurrió la firma de un compromiso ético de todos los cuadros vinculados al combustible. A su vez, mejoraron las condiciones de trabajo y potenciaron el contacto con las familias para que comprendieran la importancia del control.

Aunque luego de implementar las medidas la empresa afrontó la salida de diez trabajadores por voluntad propia y otros cuatro por sanciones disciplinarias, los resultados hablan por sí solos. En 2017 el ahorro fue de 50 mil litros, mientras que un año después la cifra quedó en 30 mil. En este 2019 los cálculos prevén una reducción de 6 mil litros.

“En la UEB Servicios Mineros al Cemento, nuestra unidad que más gasta, logramos disminuir el índice de consumo de 0.79 a 0.70 litros de diésel por tonelada de masa minera. Es un ahorro real, porque ya este año elaboramos el plan de producción basados en el nuevo valor y le dejamos de pedir al país 144 mil litros de combustible”, apunta el directivo.

Con la experiencia de quien lleva varios años al frente de una de las empresas más importantes del territorio, Argelio Abad sabe que esas acciones no surten efecto si no van acompañadas de una constancia y una evaluación sistemática de sus impactos.

Así, el ejemplo de la Empresa Geominera del Centro arroja una de las claves fundamentales para entender en toda su dimensión la lucha contra el robo de combustible: se trata de ejercer un verdadero control para eliminar las brechas por donde llega el delito, no para buscar culpables cuando solo queda lamentarse por los litros y la batalla está perdida.