Las nuevas normas jurídicas de la vivienda en Cuba beneficiarán a más de 230 mil familias. Foto: Pablo Antonio González.
El lunes 27 de mayo comenzó el proceso de legalización de viviendas que se basa en los acuerdos 8574 y 8575 del Consejo de Ministros, que permitirán a más de 230 mil familias legalizar inmuebles bajo régimen de arrendamiento permanente o usufructo, y también a los que no cumplieron con las regulaciones urbanas y territoriales al construir sus domicilios.
Para analizar el desarrollo de las legalizaciones el primer día, y a lo largo de dos semanas, Cubadebate visitó las oficinas de trámites de las direcciones municipales de Vivienda y Planificación Física en Plaza de la Revolución, Guanabacoa y Diez de Octubre.
La mayoría de los casos que se presentaron en esos lugares fueron los de personas residentes en usufructos, que poseen una gran consideración en las nuevas normativas. No obstante, lo nuevo del proceso genera desinformación e incomprensión por parte de los ciudadanos.
“Ayer sí hubo una masa grande de público porque fue el primer día, y la gente tenía desconocimiento, pero bueno, ya hoy está más organizado. Ahora van a entrar los afectados del tornado, los cuales son prioridad, y todos los que nunca han hecho un cambio de propiedad, o tienen trámites atrasados, que tienen la casa a nombre de los padres, todas esas personas van a venir, estos días van a ser bastante cargados al respecto”, dijo Talia Melva Toll Susavila, jefa de Despacho del director de Vivienda en Diez de Octubre.
Neilanys Tamayo Lominchar, jefa de la Oficina de Trámites del mismo lugar, afirmó que los casos más frecuentes el primer día de las legalizaciones fueron las viviendas con carácter de usufructo, “hay personas que llevan viviendo una determinada cantidad de tiempo en un local que una empresa les dio, pero no han podido legalizarlo por diferentes motivos. Esas personas por esfuerzo propio deben tener baño, cocina y entonces proceder a solicitarle a Planificación Física un inspector que dé el habitable, porque el que venga y tenga un local con solo las cuatro paredes no procede”.
En el primer día de trámites, la oficina de Diez de Octubre, donde trabajan Vivienda y Planificación Física, aceptó 17 casos referidos a las nuevas legislaciones, de alrededor de 70 que se presentaron, de los cuales la mayoría no fue aceptada por falta de documentación necesaria.
Han acudido a esas dependencias, además, muchos individuos que viven en zonas cercanas a ríos, líneas de tren, debajo de puentes o tendidos eléctricos, cuyas viviendas no pueden ser legalizadas por la ley.
“Han traído papeles que no complementan, presentan situaciones que ya explicaron una vez y se les denegó por violaciones, y vienen de nuevo porque piensan que con esta nueva ley pueden legalizar, y lo que no procede, no procede. Si hay violación de las regulaciones urbanas, no puede haber legalización”, explicó Ingrid Morales Tur, técnica del Departamento de Urbanismo de Planificación Física de Plaza de la Revolución, con respecto a la situación de estas personas.
Uno de esos casos es el de Luis Madrigal Filli, de 36 años, quien esperaba su turno sentado en la sede de la Dirección Municipal de la Vivienda en Plaza de la Revolución: “Soy del Vedado, es la primera vez que vengo. Vine a averiguar, a que me digan que es lo que hace falta para hacer los papeles de la vivienda de mi mujer”.
Personas esperando su turno para ser atendidas en la Dirección Municipal de la Vivienda de Plaza de la Revolución. Foto: Pablo Antonio González.
Laina Lage Hernández, subdirectora legal de la Vivienda en Guanabacoa, describió las particularidades de su municipio: “Es un lugar de la periferia con más de un siglo de historia, por lo que las construcciones cuentan con un gran estado de deterioro, y tiene la particularidad de estar llena de ciudadelas y solares, donde en pocos metros cuadrados viven muchísimas personas”.
El hacinamiento, afirmó Lage Hernández, es uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan los trabajadores de la Vivienda en Guanabacoa. “Estas reformas ayudarán a estas personas a legalizar sus viviendas y así podrán afiliarse a la ley de los subsidios para ampliarse y tener una mejor calidad de vida”.
La población entrevistada en este municipio sí venía con una previa explicación de los procesos, pero no tenían claro cuáles eran los trámites pertinentes ni el tiempo de respuesta, que en estos casos es de hasta cien días hábiles.
Con las nuevas normativas son menos los documentos necesarios que un individuo debe presentar, sin embargo, “los trámites sí van a durar, es un proceso que conlleva la realización de varias diligencias y el paso por diferentes entidades para la solución de dichas problemáticas”, comentó Mayra García Saure, especialista de Atención a la Población, subordinada a Planificación Física en el municipio Plaza de la Revolución.
También se extiende la carga de trabajo, debido a que uno de los mayores cambios estructurales los sufre Planificación Física, al no ser más el arquitecto, sino un miembro de dicha institución quien debe evaluar la condición de las viviendas.
En Guanabacoa era tangible la organización en las unidades de Vivienda y Planificación Física: varios murales con mapas conceptuales hechos por los propios trabajadores para un mejor entendimiento de los cambios, además de la circulación de seis plegables con diferentes explicaciones, como por ejemplo, los lugares donde era posible legalizar y donde no, y en caso de que la población aún tuviera dudas, se les explicaba con detalle individualmente.
Mural informativo sobre los acuerdos 8574 y 8575, del Consejo de Ministros, en la sede de la Vivienda en Guanabacoa. Foto: Amanda González.
En este sitio los que esperaban su turno estaban tranquilos, sabían cuáles eran los trámites y el tiempo de espera. Acudían a las ilustraciones expuestas en los diferentes murales, dispuestos estratégicamente en lugares visibles y a su alcance, con leyendas detalladas sobre cada aspecto.
En la sede de Planificación Física en Diez de Octubre, también fueron colocados carteles informativos sobre los procedimientos basados en las nuevas leyes, sobre cómo hay que completar la solicitud de legalización y sus parámetros, los consejos populares que se atienden por día de la semana, y la localización del lugar donde se realizan los trámites.
Algunas personas mostraron descontento por haber sido mal atendidas en ocasiones anteriores, como Gretter Arrarás Cruz (28 años) que vive en Nuevo Vedado, es arrendataria de su propiedad desde 2018, y venía a legalizar por las nuevas normas: “Durante todos los años que llevo haciendo trámites, no existía ninguna ley en la cual yo pudiera ampararme, nunca se me había informado esto, y entonces me recomendaron que esperara a la salida de estas nuevas normas por las cuales yo sí podría legalizar”.
Muchos entrevistados refirieron la eficiencia en el desarrollo de los procesos en las diferentes sedes de las instituciones, y que no se exigían tantos requisitos y que había poca demora en los turnos. “Yo pienso que están avanzando bastante rápido, pensé que sería más complicado. No hay dificultades, todo ha fluido y no han sido muchos los papeles que me han pedido”, dijo María Teresa Palomo, residente de Plaza de la Revolución.
Los funcionarios del Estado relacionados con este asunto comentaron su aprobación a la implementación de estos cambios legales. “Estos reordenamientos dan al traste con importantes giros en las cuestiones no resueltas de la vivienda, para bien, claro, pues las contrariedades las encontrábamos en gran medida en los domicilios pendientes a legalizar”, explicó Lage Hernández, subdirectora legal de la Vivienda en Guanabacoa.
“Como es una ciudad grande, con amplios espacios desocupados es proclive a la instauración de asentamientos ilegales, entonces esta es la manera de hacer legal lo ilegal”, añadió.
El director de la oficina de Planificación Física de Plaza de la Revolución, Manuel Fernández Crespo, mostró preocupación por ciertos vacíos, o por personas que quedaron fuera de las nuevas normativas, y explicó también el caso del decreto 288, el cual contempla la legalización de aquellos propietarios que hayan hecho reformas en la propiedad antes de noviembre del 2011. Estas nuevas normativas no albergan o explican cómo deben proceder aquellos que hayan realizado reformas de carácter similar posteriores a esta fecha.
La jefa de la Oficina de Trámites de la Dirección Municipal de la Vivienda del mismo municipio, Isis Juana Rodríguez, reconoce que aquellas personas que presenten irregularidades en sus viviendas no pueden ser legalizadas.
Sin embargo, sugiere que debían haber sido más inclusivos o crear vías para solucionar los casos de los residentes en zonas de alta peligrosidad (ríos, puentes, líneas férreas) para poder resolver sus situaciones y alcanzar una urbanidad segura.
Este es un proceso reciente —lleva apenas dos semanas de iniciado—, pero que, como se ha explicado en otros trabajos, beneficiará mucho a la población, y es también un paso importante en la resolución de los problemas del fondo habitacional en Cuba.
Su extensa duración —seis años— da a muchos un margen muy amplio para reunir la documentación que exige la ley para estos trámites y, además, reparar, acondicionar, hacer habitables sus viviendas, y así poder aspirar a la legalización.
Conducir esas diligencias de la manera más ordenada, eficiente y cómoda para el público, es encargo de los funcionarios de las direcciones de Vivienda y Planificación Física, pero también depende de los propios ciudadanos mantener la tranquilidad y el respeto mutuo latente en las primeras semanas de funcionamiento de las nuevas normas jurídicas de la vivienda.