Cubadebate

Hasta 195 millones de pesos ascendía la deuda del Comercio en Sancti Spíritus al cierre del 2018. Foto: Vicente Brito/ Escambray.

Desde que en el pasado mes de enero, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, criticara en su visita integral al territorio el problema que presenta la cadena de impagos en Sancti Spíritus —una deformación que no es exclusiva de este territorio—, los cuestionamientos hacia el sector del Comercio, uno de los más implicados y públicamente vapuleados, se acrecentaron hasta promover una ráfaga de opiniones que aún no se detiene.

En sus palabras conclusivas sobre el tema, el mandatario cubano expresaba que si el país había diseñado el sistema para que dejara un margen de ganancias por concepto de ventas, entonces no hay justificación para que exista una deuda millonaria, en tanto reflexionaba acerca de que, si no se concilia sistemáticamente, si no se deposita diariamente el dinero de la recaudación y hay faltantes, eso es robo y este resulta inadmisible.

La deuda de deudas del Comercio cerró el 2018 con la cifra, nada despreciable, de 195 millones de pesos, de los cuales más de 103 millones ya estaban fuera de término.

Historia del problema

Para Ariel Fernández Martín, director del Grupo Empresarial del Comercio (GEC) en Sancti Spíritus, las cuantías por concepto de impagos se remontan hasta siete años en unas entidades y en otras, hasta tres. “Las cuentas por pagar se incrementan y el sistema no logra recuperarse —dice—; las sumas en débitos pasan de un período a otro. La falta de capital en determinadas empresas impide su total liquidez financiera.

“Entre las principales deudoras tenemos la Empresa Municipal de Alimentación Pública (Emapa) y la de Alojamiento de Sancti Spíritus; la primera porque asumió a una entidad descapitalizada; es decir, la antigua Empresa Provincial de Establecimientos Especiales de Servicios (Epees), y la segunda, porque desde que surgió, en el 2014, lo hizo sin capital de trabajo ni financiamiento que le permitieran accionar constructivamente en las villas recibidas; tampoco tuvo finanzas para pagar activos fijos tangibles ni insumos”.

Más de 30 demandas con sentencias firmes por la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial de Sancti Spíritus mantienen en jaque a la Emapa del municipio cabecera espirituano, por incumplir los términos del pago con varios de sus proveedores. Sobre el particular, su director, Julio César Collado, explica: “Cuando fusionaron la antigua Epees con la Emapa ya se arrastraba la cadena de impagos con un monto superior a los 44 millones de pesos, sin contar otros 11 millones por no aportes totales a la Oficina Nacional de Administración Tributaria.

“De esa cantidad —asegura Collado—, solo liquidamos 37 millones, pues estamos operando mensualmente con el 50 por ciento del dinero que entra a nuestra cuenta bancaria, ya que la otra mitad se destina al pago de impuestos, al salario, a tratar de cubrir otros gastos y a la compra de nuevas mercancías”.

Pero lo cierto es que, en estas dos entidades mencionadas, junto a Comercio de Trinidad y Cabaiguán, se concentra el 60 por ciento de la cuantía que el sector debe pagar, principalmente, a las Empresas Cárnica, la de Productos Lácteos y la Mayorista de Alimentos.

¿Por qué crece la deuda?

Según Iliana Lezcano Jiménez, la económica del Grupo Empresarial de Comercio en Sancti Spíritus, durante casi todo el 2018 la deuda mantuvo un ritmo ascendente. “Hasta el mes de septiembre el monto fue de 205 millones de pesos —añade—, precisamente, porque se incrementan los cobros de moras por incumplimiento de las obligaciones contractuales, que se desencadenan en embargo de las cuentas bancarias de las empresas implicadas, con la imposibilidad de realizar operaciones financieras en toda su dimensión; pero existen otras causas asociadas al problema”.

Algunos comerciantes alegan que no todos los productos que se expenden en el sistema dejan un margen de ganancia; hablan de mercancías de la canasta básica, como el café, la leche, el huevo, el tabaco o, simplemente, la carne de cerdo que se vende a 16 pesos o el queso; solo que eso resulta insignificante ante una amplia gama de surtidos que aportan solvencias suficientes como para cubrir las más desfavorecidas.

Tampoco faltan ejemplos de impagos del propio presupuesto estatal en varios municipios, responsabilizado con subsidiar la diferencia entre el precio de compra de una mercancía y el de venta.

Pero entre las causas más recurrentes figura el descontrol; así lo reconocieron otros directivos del sector de Comercio al expresar que en todos estos años faltaron rigor, exigencia y observación oportuna, además de calidad en la confección de documentos; aunque ninguna de estas debilidades justifica la cuantía de la deuda.

Luvia Milagros Carrero Plasencia, especialista en Derecho de la Empresa Provincial de Servicios Legales, quien desde hace un tiempo asesora el sector comercial, deja claro que, según la Resolución No. 502 del Ministerio de Economía y Planificación, toca al Grupo Empresarial de Comercio dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las entidades subordinadas a este.

Nuevas estrategias

“Anteriormente, la deuda se trataba con dos denominaciones —acota Ariel—: total de la misma y pagos fuera de término, sin tenerse en cuenta las cifras que estaban en litigio ni los cobros por demanda judicial”.

El GEC inició el 2018 con 280 millones en débitos, una cifra que, a juicio del director, está asociada, además, a la falta de autenticidad de los informes recibidos, donde las empresas afectadas no exponían las verdaderas cifras acumuladas y las incumplidoras arrastraban, de un año a otro, las cantidades enmascaradas de la deuda.

Sin embargo, no fue hasta mediados de ese año —según Ariel— que los Ministerios de Comercio Interior y Finanzas y Precios iniciaron un programa de inspección riguroso para tratar la cadena de impagos, el cual implica un cambio en los procederes y la búsqueda de nuevas estrategias que contrarrestaran los efectos del problema.

¿Qué pasó entonces? El país se enfrasca en encontrar posibles soluciones para frenar el crecimiento del impago. Se orienta renegociar la deuda, buscando estirar los plazos de pagos y en algunos casos, a partir del reconocimiento por parte de las empresas implicadas y del compromiso de liquidación, llevar dichos términos hasta cinco años, lo que evitaría las sistemáticas demandas judiciales y todo lo que en materia de afectación económica se genera para quienes incumplen.

“Estamos poniendo en práctica la confirmación de un expediente contentivo para cada entidad afectada, que incluye las medidas a aplicar para el ordenamiento del adeudo y, a su vez, que garantice la no repetición de las causas que provocaron la descapitalización empresarial; el mismo contempla, además, los antecedentes, la situación actual y otros elementos a tener en cuenta”, aclara Iliana Lezcano.

¿Quién debe?¿Quién paga?

Para ponerle el cascabel al gato o, mejor dicho, para acorralar las cuentas por pagar, la dirección del GEC escudriñó en la economía de cada una de sus empresas y diagnosticó que no todas arrastran eslabones en la cadena de impagos. Los ejemplos positivos se concentran en Fomento, La Sierpe y Taguasco, en tanto Yaguajay carga con problemas todavía más preocupantes como el descontrol, la falta de personal capacitado, la mala elaboración de documentos y los atrasos en facturaciones y conciliaciones, entre otros.

El 2019 se inició con otras perspectivas a nivel de provincia, pero hasta hoy las empresas incumplidoras no logran salir del hueco y la deuda disminuye solo en pequeñas cuantías.

Escambray tocó también la puerta de la Empresa Cárnica Provincial que, con cierre diciembre, esperaba por la liquidación de 45 500 000 pesos. Allí la máster en Contabilidad Ofelia Morales Portieles, económica de la entidad, nos recibe con varias precisiones: “Comercio es nuestro principal cliente, al que le garantizamos los productos de la canasta básica, la red de mercados Ideal y de las Ferias Agropecuarias y, aunque nos deben, no podemos suspenderles las entregas, pues se trata de un encargo estatal, de la comida del pueblo, que no tiene culpa de que exista una cadena de impagos.

“Ese sector se desfasó por no tener las finanzas al día, de manera organizada y sistemática —dice Ofelia—. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con ellos para tratar de buscar soluciones, pero existen muchas aristas del problema; no es lo mismo operar financieramente con precios que datan de 10 años, que hacerlo con los costos actuales, que tienen un componente financiero mayor, atendiendo al aumento en el precio de las materias primas importadas. Todo esto hay que mirarlo haciendo valoraciones cuantitativas y cualitativas”.

¿A cuánto asciende la deuda de Comercio?

“En proceso judicial tenemos 20 500 000 pesos; en litigio, 10 200 000 pesos, y en operaciones del mes, otros 14 800 000 pesos. La suma de todo esto es la realidad. Pero la deuda no hay que disfrazarla con tantas denominaciones, hay que llamarla por su nombre”, puntualiza Ofelia.

¿Cuánto perjudica esta situación a su empresa?

“En el año 2018, por ejemplo, la empresa para descargar la deuda asumió los gastos de comisión y negociación, esto provocó una minoración de la utilidad obtenida —pudo haber llegado hasta un 106 por ciento—, que es un indicador que se toma en consideración para el pago de los trabajadores”.

(Tomado de Escambray)