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Una diplomacia sin protocolo

El atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander se se produjo el 17 de enero. Foto: EFE.

Reitero mi condena al atroz atentado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra los cadetes de la Policía, que no solo violó el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino que acabó ese proceso de paz, que se encontraba estancado por la falta de voluntad de ambas partes.

Pero ese atroz atentado no justifica que el gobierno Duque pretenda que Cuba capture y entregue a los negociadores del ELN, pues eso incumple el protocolo que el Estado colombiano había firmado con esta guerrilla y frente a los Estados garantes, según el cual, en caso de ruptura de la negociación, había que dar tiempo y garantías a los negociadores el ELN para que puedan retornar a Colombia. Y luego el Estado colombiano podría combatirlos.

Sin estos protocolos ningún proceso de paz es posible, ni ningún tercer país aceptaría ser garante o sede de unas negociaciones de paz. Por ello los gobiernos colombianos que en el pasado realizaron esfuerzos de paz pactaron y respetaron ese tipo de protocolos. Por ejemplo, el gobierno Uribe, que adelantó con el ELN varias rondas de negociación en La Habana y en Caracas, cuando las conversaciones terminaron aplicó un protocolo para el traslado con garantías de los comandantes del ELN a Colombia. ¿Por qué en ese momento eso fue posible y ahora parece imposible?

En un blog en La Silla Vacía expliqué por qué jurídicamente ese protocolo, aunque no sea un tratado, debe ser cumplido de buena fe por el gobierno Duque. La razón sencilla es que el protocolo, aunque firmado por el gobierno Santos, compromete al Estado colombiano como un todo y por ello debe ser respetado por gobiernos ulteriores, o estos deben explícitamente modificarlo. ¿Imaginen que el gobierno Duque dijera que no cumple un contrato internacional con una minera porque no es un tratado y fue firmado por el gobierno Santos?

La tesis de que el protocolo viola los compromisos de los Estados frente al terrorismo, en especial los derivados de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, simplemente no es cierta, pues si así fuera, ¿por qué ese mismo Consejo de Seguridad apoyó y sigue apoyando el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia (Farc) que tenía protocolos semejantes? O, ¿por qué el gobierno Duque mantuvo suspendidas las órdenes de captura del ELN en estos meses, que es una validación del protocolo? ¿O fue que solo con este atroz atentado el gobierno Duque se enteró de que el ELN comete actos terroristas?

La posición del Gobierno no tiene sustento jurídico y por eso no ha recibido ningún apoyo internacional significativo, pues contrario a lo que insinúa el Gobierno, ni Chile, ni la CIDH, ni el Consejo de Seguridad han apoyado la tesis colombiana. Sus comunicados condenan el atentado del ELN, señalan que los responsables deben ser sancionados y reiteran deberes de los Estados frente al terrorismo. Todo lo cual es obvio. Pero ninguno dice que Cuba debe incumplir el protocolo y entregar a los negociadores del ELN, que es el punto en discusión. Por su parte, Noruega y Cuba explícitamente señalan que su deber como garantes es cumplir el protocolo. Pero lo peor es que políticamente ese llamado al incumplimiento del protocolo hace prácticamente imposible cualquier proceso de paz o cualquier gestión humanitaria en el futuro, pues la guerrilla no confiará en ninguna garantía ofrecida por el Estado, ni ningún país aceptará labores de mediación frente a un Estado faltón como el colombiano.

Esta actitud además hace perder toda credibilidad al Estado, pues si en un asunto tan crucial como la paz Colombia incumple su palabra y sus compromisos internacionales, entonces es lógico que otros países piensen que es un Estado poco confiable. Una diplomacia que irrespeta los más elementales protocolos se vuelve una diplomacia ineficaz. Ojalá el Gobierno reconsidere su posición.

(Tomado de El Espectador)