Marino Murillo Jorge. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.
Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión para la Implementación de los Lineamientos, anunció este domingo que en el primer trimestre del próximo año se evaluará la actual estructura empresarial de Cuba, en particular la situación de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), con el objetivo de redefinir esa política.
La noticia trascendió en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que sesiona en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde Murillo informó sobre la marcha de la implementación de los Lineamientos socioeconómicos, aprobados en el VII Congreso del Partido, en 2011.
El funcionario cubano reconoció que no pocas OSDE se han convertido en “mini-ministerios”, algunas frenando la independencia de las empresas y con plantillas excesivas. Enfatizó que el principal eslabón de la economía nacional es la empresa estatal socialista, que representa hoy el 86% del ingreso presupuestario por la vía tributaria y no tributaria.
Murillo argumentó que otro asunto polémico ha sido el de las Unidades Empresariales de Base, principalmente el asunto de por qué no tienen personalidad jurídica. Sobre las Juntas de Gobierno, especificó que en el mes de agosto fue realizada una reunión dirigida por Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, con todos los miembros de esas estructuras, donde se precisaron nuevas tareas relacionadas con el control de la ejecución del plan de la economía y su desagregación.
De acuerdo con Murillo, se acordó realizar dos encuentros anuales de similar naturaleza, con el propósito de mantener actualizados a los miembros de estos órganos y chequear los resultados del trabajo realizado.
Respecto a la política macroeconómica, el funcionario refirió que se trabaja aceleradamente en concluir un diseño para la unificación monetaria y cambiaria. Como se ha dicho, en ese proceso se retirará el CUC y se quedará el peso cubano (CUP).
La eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, junto a la transformación del sistema de ingresos de la población (que incluye hacer reforma salarial y modificar ingresos que se reciben vía jubilación o asistencia social) y enfrentar resueltamente la eliminación o reducción parcial de los subsidios excesivos y gratuidades indebidas, son los principales problemas a resolver, dijo.
“En esos problemas se está trabajando integralmente y tendrán una salida en su momento, con esa integralidad”, precisó.
Los diputados conocieron que durante este año -hasta el 23 de octubre último- fueron aprobadas 37 nuevas políticas, para un total de 189 desde el VII Congreso del Partido.
Entre ellas está la definición y creación de empresas de alta tecnología, la creación de una nueva Organización Superior de Dirección Empresarial para la actividad de reciclaje, y la política de las Autoridades Nacionales Reguladoras. Además, se destaca el perfeccionamiento de la política para el ordenamiento del servicio público de transportación de pasajeros que brindan los trabajadores por cuenta propia en vehículos automotores.
Sobre el experimento de las cooperativas no agropecuarias, Murillo informó que las nuevas normas jurídicas están en fase final de aprobación.
Entre otros datos de la actualidad económica del país, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos dijo a los diputados que durante el proceso de capacitación a trabajadores por cuenta propia fueron adiestrados 505 mil 312 de ellos, el 88%.
Las provincias con los porcentajes más bajos de asistencia a los seminarios fueron La Habana (71%), Pinar del Río y Camagüey (89%).
Entre las inconformidades estuvieron los problemas en el proceso de capacitación a nivel municipal. “Ha habido muchas opiniones no positivas sobre el proceso”, señaló Murillo.
Como resultado de ese proceso de intercambio, se eliminó la restricción sobre la tenencia de más de una licencia. “La facultad para dar una o más licencias no puede ser centralizada, es algo que tiene que decidirse en el gobierno municipal, no a nivel central”, subrayó.
“No han dejado de crecer las formas no estatales, los ingresos han ido subiendo en el tiempo, pero el problema todavía es la evasión fiscal que hay en ese sector”, continuó señalando.
Un tema de gran interés ha sido el del mercado mayorista. El jefe de la Comisión de Implementación dijo que el mercado mayorista para las formas no estatales “no está resuelto, y no hay solución en el corto plazo. No se puede levantar expectativas con el mercado mayorista, porque la primera prioridad del plan es abastecer mejor el mercado minorista”.
Proyección de la economía hasta 2030
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, presentó a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos los avances en la confección del Plan de Desarrollo hasta 2030, que recoge una evolución de la economía en tres etapas: 2019-2021, 2022-2026 y 2027-2030.
De acuerdo con las proyecciones, en la etapa hasta 2021 se estiman crecimientos en el entorno del 1 al 2 por ciento. En ese periodo se sientan las bases para las transformaciones futuras mediante el avance de tareas como el nuevo modelo de dirección y gestión en el contexto del ordenamiento monetario del país.
Gil argumentó que se prevé, además, una mayor respuesta productiva del sector agrícola, así como una concentración y reorientación productiva y de los recursos hacia las actividades con mayor potencial.
Se pronostica que hasta 2030 la inversión extranjera directa crezca a un ritmo promedio anual superior al 10 por ciento. Esta actividad es requerida para asumir los cambios en el patrón de crecimiento y asegurar la sostenibilidad del endeudamiento del país.
Para hablar de institucionalidad hay que honrar pagos y contratos
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular examinó este domingo el estado de ejecución de las sentencias de contenido económico y las medidas adoptadas por el Tribunal Supremo Popular con el fin de reducir el promedio de mora judicial y fortalecer la calidad de estos procesos en Cuba.
El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, informó a los diputados que, desde 2015, la radicación de los asuntos pendientes de contenido económico se mantiene en más de seis mil procesos anuales.
Aseguró además que las reclamaciones por incumplimientos de contratos representan el 99.1%, y dentro de ellas, las reclamaciones por impago son las de mayor incidencia, pues las demandas ante los tribunales por demora, inejecución de obra, faltante, calidad y averías son las menores.
Estadísticas sobre sentencias de contenido económico (enero-octubre 2018):
- 5 mil 822 demandas recibidas
- Las más demandados son las empresas de subordinación local (OLPP) y las cooperativas agropecuarias (UBPC, CCS y CPA).
- El monto reclamado en sede judicial asciende a 2 mil 105 millones 416 mil 550 CUP y 165 millones 424 mil 262 CUC, así como 46 millones 168 mil 754 MLC.
- El 79.7 % de las demandas recibidas correspondieron a reclamaciones por incumplimiento de pago.
Remigio Ferro explicó que los procesos de mayor complejidad que se tramitan en los tribunales cubanos son los referidos a operación puerto-transporte-economía interna, por causas relacionadas con faltantes y averías en los contratos de transporte de carga (camiones y ferrocarril), la no realización de la transportación planificada, demoras en la devolución de los contenedores, retraso en la extracción de cargas del recinto portuario e impagos de los servicios.
Ejecuciones de sentencias
Al cierre de octubre, los tribunales ejecutaron mil 515 sentencias (73.8%). Quedan pendientes de cumplimiento 538; en 263 de ellass se realizan pagos parciales, pero por montos muy bajos y en numerosos plazos, lo que contribuye al envejecimiento de las mismas, informó el presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.
“Cuba tiene en su administración de justicia resultados más positivos que el resto del mundo, solo podemos compararnos con nosotros mismos, lo que se cumple en el país en un año, en otros lleva años”, valoró el jurista.
A los procesos relacionados con delitos económicos, los tribunales realizan un seguimiento riguroso. A cada proceso se le diseña un esquema ejecutivo propio en dependencia de la situación que presente el deudor y es monitoreado permanentemente, chequeo del que no solo está pendiente la instancia judicial, sino el Consejo de Ministros y los organismos rectores.
Al sector estatal corresponden 316 de las sentencias pendientes de cumplir. El presidente del TSP dijo que en 51 procesos los deudores alegaron no tener fondos en sus cuentas bancarias al cierre del mes de octubre de 2018 para realizar los pagos.
Remigio explicó que esta indisciplina también sucede entre empresas cubanas y extranjeras. Actualmente concurren 14 sentencias pendientes de cumplimiento, porque empresas deudoras del país alegan que no tienen la capacidad de liquidez (CL) para realizar el pago a firmas foráneas en MLC.
“No es un número centenario pero es significativo para nosotros. La máxima dirección del país ha comenzado a seguir con especial atención este particular para liquidar los procesos pendientes con acreedores extranjeros. Hay que insistir en rescatar los compromisos de pagos, honrar las reglas y los contratos, incumplirlos es una falta grave, porque da una mala imagen de la economía del país. No se puede hablar de la institucionalidad, orden, ética y disciplina si no se cumple con las deudas”, alertó Remigio Ferro.
Los diputados tienen la palabra
Regla María Ferrer, diputada por Pinar del Río, resaltó la integralidad evidenciada en el informe que “incorpora las medidas de lo que se le están aplicando a quienes incumplen, porque es necesario evidenciar que existe la acción penal si no se paga lo que se debe”.
“No hacer cumplir el pago ni visualizar una sanción desencadena la no credibilidad en los procesos. Se declaran pendientes a cumplir acciones que se están entregando paulatinamente y esto se debe conocer para que haya una observancia de que se está trabajando al respecto, puntualizó.
Por su parte, la diputada villaclareña Ania María Aparicio destacó la elevada cifra de impagos presentada en el informe por parte de las cooperativas agropecuarias, cuestión a la cual se refirió como una posible causa del escaso asesoramiento jurídico en esas entidades.
“Tenemos el dato del incumplimiento de esas cooperativas, sin embargo, no vemos los datos de si existió o no un asesoramiento jurídico en ello”, dijo.
Sin embargo, el presidente de la Comisión, José Luis Toledo, argumentó que aun siendo un tema a abordarse, “en el fondo, un asesor no puede hacer nada en un lugar donde no exista una actitud ética en los contratos y en los pagos”.
“Cuando aprobamos la Ley de contratos pensamos que se acabarían los problemas con estos, sin embargo, no fue así, porque cuando el problema es de indisciplina y actitud no hay norma que valga. A los contratos les faltan cláusulas, si hay demoras en el cumplimiento no exponen cuál es la penalización, lo cual pone de manifiesto falta de interés y no solo de asesoramiento”, aseguró.
Para la diputada Elba Martínez Amador, de Camagüey, un elemento negativo a eliminar es la no asistencia al tribunal en el momento que se cita, otras de las indisciplinas que mellan el proceso judicial.
En otro aspecto y como acuerdo de la Comisión, se aprobó la apertura pública de informaciones como éstas por los integrantes del tribunal con el objetivo de ser procesadas por las entidades y sus provincias.
“Se debe enviar a cada diputado la información de aquellas entidades que responden a su marco de acción, como seguimiento y apoyo a las sentencias que se ejecuten”, expuso el diputado y abogado, Joaquín Miguel Bernal Rodríguez, funcionario del Comité Central del PCC.