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El derecho a la alimentación es reconocido -de manera explícita, como garantía para todos y todas- dentro del nuevo Proyecto de Constitución en Cuba, el cual inició su proceso de consulta popular este 13 de agosto.
Todo padre y toda madre quisieran traer al mundo un niño o niña para quien el hambre no fuese una preocupación. Toda persona tiene el derecho de nacer, completar su día e irse a la cama sin pasar hambre. Lograrlo es posible y el primer peldaño en ese camino se llama voluntad política. A ese nombre le añadiría un apellido: real.
El derecho a la alimentación debe privilegiarse como alta prioridad en la agenda de cualquier país; debe también traducirse en garantía ciudadana para acercarnos a ese mundo Hambre Cero que -reitera la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)- es posible.
En América Latina y el Caribe, alrededor de una docena de naciones tienen reconocido actualmente en su Constitución el derecho a la alimentación.
Deviene un hecho plausible que Cuba -uno de los países de la región que ha cumplido las metas acordadas internacionalmente en la lucha contra el hambre- ratifique en su nuevo Proyecto de Reforma Constitucional la alimentación del pueblo como una prioridad política y la establezca como derecho legítimo y universal de cada uno de sus hijos e hijas, dando continuidad a lo que ha sido un desvelo durante casi seis décadas.
Ello denota la voluntad política real del gobierno cubano y la sensibilidad parlamentaria sobre un tema neurálgico que impacta e importa a todo ser humano, varias veces al día y todos los días: la alimentación.
Un mundo que se levanta con el dilema y la vergüenza de tener más de 800 millones de estómagos hambrientos, agradece siempre todo cuanto se haga en materia constitucional y legislativa, de políticas públicas y sectoriales, para refrendar lo que debe ser un derecho de todos y todas, y no un privilegio de minorías.
Las propuestas de los artículos 88 y 89 encarnan ese espíritu de preocupación y ocupación del gobierno y el Parlamento en relación con la seguridad alimentaria y nutricional de la población cubana. El artículo 88 refiere: “Se reconoce el derecho de las personas a la alimentación. El Estado trabaja para alcanzar la seguridad alimentaria de toda la población”.
La FAO considera que las modificaciones propuestas en el proyecto constitucional, al resaltar la importancia de la seguridad alimentaria como elemento de derecho de cada ciudadana y ciudadano, consolidan el camino del país en su empeño por garantizar el conjunto de derechos fundamentales de los individuos.
También apreciamos la visión estratégica del artículo 89, que señala: “Todas las personas tienen derecho a consumir bienes y servicios de calidad y que no atenten contra su salud, y a acceder a información adecuada y veraz sobre estos, así como a recibir un trato equitativo y digno de conformidad con la ley”. Esto permite integrar el marco de derechos relativos a la alimentación enfrentando el desafío de la calidad e inocuidad de los alimentos.
Nuestra organización reconoce y felicita al pueblo cubano y a su gobierno por dar alta relevancia en la agenda de país a un tema tan sensible y común a todas las personas, así como por llevarlo a consulta popular. Hechos que ponderan, asimismo, el compromiso de la nación de seguir avanzando hacia la seguridad y soberanía alimentarias.
La Generación Hambre Cero en el planeta no resulta un sueño inalcanzable. No, si todos y todas la asumimos -de manera proactiva y tangible desde cada radio de actuación- como lo que verdaderamente es: una meta tan posible como urgente.