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América Latina: La guerra jurídica contra la democracia

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El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Foto: EFE.

El 1 de septiembre de 2016 el Senado de Brasil destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia del país en un “juicio político” en el que resultó condenada por supuestamente haber manipulado el presupuesto público.

Entre el 2 de noviembre de 2017 y el 6 de marzo de 2018, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recibió tres procesamientos judiciales, dos por presuntos delitos de corrupción y uno por interferir presuntamente en la investigación del atentado de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en el año 1994.

El 24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia contra el que fuera presidente del país y actual candidato mejor situado en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción. Acaba en prisión en abril de 2018 y resulta inhabilitado para la reelección presidencial.

El 9 de abril 2018 la Fiscalía de Colombia ejecuta una orden de captura con fines de extradición de los EEUU contra el diputado electo del partido FARC y responsable de la implementación del Acuerdo de Paz Jesús Santrich, por un supuesto delito de conspiración para exportar cocaína a los EEUU. Desde entonces permanece en prisión, apartado de la implementación del acuerdo de paz y sin haber podido tomar posesión de su escaño en la Cámara Legislativa a pesar de no existir acusación alguna contra él en Colombia.

El 3 de julio de 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador una orden de prisión y captura internacional contra el expresidente Rafael Correa. Previamente, el 14 de diciembre de 2017, era condenado a seis años de prisión el vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Y el 17 de junio de 2018 era capturado en Madrid, por solicitud de Ecuador, Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de Gobierno de Rafael Correa.

“La legitimidad otorgada al proceso de judicialización de la política emana del consenso sobre la 'corrupción' como problema fundamental de América Latina”. Esta premisa cargada de razón formal fue manifestada por instituciones financieras internacionales y agencias del Gobierno estadounidense promotoras del Ajuste Estructural del Estado en la década de los años 90. Viene siendo utilizada para atacar gobiernos, fuerzas políticas y líderes de izquierdas de América Latina que se oponen a los ajustes neoliberales dictados por el FMI, afirmando que los “populismos de izquierda” presentan un problema de corrupción estructural, omitiendo que la corrupción es intrínseca al neoliberalismo y a las políticas de ajuste y austeridad.

Contra todos los que han puesto en marcha con éxito alternativas a las políticas neoliberales se ha utilizado el 'lawfare', la “guerra jurídica asimétrica”, que ha sustituido la doctrina de la Seguridad Nacional -guerra contra insurgente- que se impartía desde las Escuelas de las Américas. Ahora son judiciales las escuelas desde las que el Norte expande su estrategia para acabar con los gobiernos de izquierdas inhabilitando políticamente a los líderes que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos.

Guerra jurídica o 'lawfare' es una palabra inglesa correspondiente a una contracción gramatical de las palabras "ley" (Law) y "guerra" (warfare), que describe una forma de guerra asimétrica. Una "guerra jurídica" que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes, o inmovilizándolos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos. De esta forma describe el 'lawfare' el “Informe del Encuentro de expertos en Cleveland sobre el 11 septiembre y sus consecuencias”, del año 2010.

El 'lawfare' se muestra ahora con toda intensidad. Su planificación comenzó hace años mientras la izquierda en América Latina ponía en marcha sistemas democráticos más participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales lideradas por el “establecimiento” estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos para la izquierda.

Remontémonos al 16 de octubre de 1998. El exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres acusado de crímenes contra la humanidad por una orden emitida por el juez Garzón a petición de colectivos defensores de víctimas. El final de la “guerra fría” causó la desorientación estratégica de su vencedor, los EEUU. Era imprescindible definir un nuevo enemigo que permitiera mantener el conglomerado militar-industrial base del sistema capitalista que doblegó a los países socialistas. Ese periodo de desorientación posibilitó que el ejercicio de acciones penales desde terceros países -la 'jurisdicción universal' contemplada en las legislaciones nacionales desde hacía años, pero imposible de aplicar durante la 'guerra fría'-, se convirtiera en una poderosa herramienta contra regímenes autoritarios responsables de crímenes contra la humanidad, conductas ilícitas ejecutadas para reprimir los anhelos de cambio de los pueblos.

Fueron años de expansión de la 'jurisdicción universal'. A la detención de Pinochet le siguió el inicio de procedimientos judiciales impulsados por colectivos de víctimas contra militares y políticos argentinos, uruguayos, colombianos, congoleses, estadounidenses, israelíes… responsables de masivas violaciones a los derechos humanos.

La respuesta de las democracias occidentales no fue expandir la jurisdicción universal, sino combatir la oportunidad abierta para hacer respetar el derecho internacional y acabar con la impunidad de los crímenes internacionales. Las contrarreformas legales de la 'jurisdicción universal' en Bélgica en el año 2003 y España en los años 2009 (PSOE) y 2014 (PP), son ejemplos de esta regresión, así justificada:

“(…) La jurisdicción universal puede usarse por motivos políticos o con fines vejatorios, y puede afectar negativamente al orden mundial causando fricciones innecesarias entre los Estados, abusos potenciales de los procedimientos legales y privación de derechos humanos individuales” (I.B.C. Revue internationale de droit pénal, 2008/1, Vol. 79).

Quienes mantienen el actual orden mundial extrajeron lecciones sobre las potencialidades de la 'jurisdicción universal' -fácil accesibilidad, bajo coste y alta eficiencia- para utilizarla a favor de sus intereses. Comenzó el diseño de nuevas estrategias que les permitieran mantener su poder y capacidad de intervención cuando ello fuera necesario. Debido a los efectos políticos contraproducentes que tuvo la doctrina de la Seguridad Nacional -torturas, desapariciones forzadas, dictaduras, protestas sociales...-, desde el fin de la guerra fría los Estados Unidos no utilizan como primera opción la implantación de regímenes autoritarios si les es posible mantener el control sobre cualquier país por medios de apariencia más democrática.

La intervención jurídica se convierte en una opción eficaz siempre que exista un plan para alcanzar el fin buscado. El plan requiere una táctica -intervención jurídico-política para cooptar al poder judicial y operadores jurídicos -, unos recursos -escuelas y programas de formación de jueces y juristas- y unos objetivos: derrocar a los gobiernos que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos. La estrategia es desprestigiar a las fuerzas políticas que los dirigen e inhabilitar electoralmente y destruir políticamente a los líderes que los encabezan.

Los precedentes de esta estrategia jurídico-política los encontramos en la denominada “guerra contra el terrorismo” impulsada después del 11-S de 2001. Los EE.UU. intentaron crear una nueva interpretación del derecho aplicable a los conflictos armados, pretendiendo hacer desaparecer paulatinamente la abismal diferencia entre derecho penal interno y derecho internacional humanitario. Han intentado imponer nuevas categorías jurídicas no previstas en las leyes internas ni internacionales, como el “combatiente enemigo ilegal” o su derecho unilateral a “vigilar y ejecutar” con el que justifican la utilización de drones asesinos.

Un paso más ha sido la masiva judicialización de la política con sustento en el consenso sobre la “corrupción”, aplicada de forma generalizada a los líderes de la izquierda alternativa latinoamericana que han pretendido garantizar la soberanía nacional frente a la injerencia.

Desde principios del siglo XXI comenzaron a invertir recursos en programas de cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial los de América Latina. Las “Escuelas de las Américas” para militares se han sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto en los Estados Unidos -donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jurídicos-, como en los países de América del Sur, donde a través de una generosa financiación de la agencia estadounidense para el desarrollo, la USAID, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación judicial.

En Colombia, desde la creación de la escuela de formación del poder judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, financiada por USAID, se ha transitado del sistema jurídico de naturaleza 'continental' -imperio de la ley escrita- previsto en la Constitución Política, a un sistema de precedente judicial -'common law' estadounidense- carente de sustento constitucional. Ahora son los jueces de la Corte Constitucional quienes redactan las leyes mediante el proceso de revisión constitucional. En caso de sentenciar que una ley no se ajusta a la Constitución, proceden a darle una nueva redacción actuando como una segunda y definitiva cámara legislativa.

En América Latina asistimos a la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos, por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del de los Estados Unidos, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales, que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e 'indictments' remitidos por la justicia estadounidense.

El plan diseñado para la expansión del 'lawfare' ha comenzado a alcanzar sus objetivos. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Lula, Jesús Santrich, Rafael Correa… todos ellos han sido objeto de esta estrategia político-jurídica que los inmoviliza políticamente en esta nueva guerra jurídica. El objetivo es desprestigiarlos a ellos y a sus fuerzas políticas equiparándolos a delincuentes comunes e inhabilitándolos electoralmente.

El poder judicial que permitió que América Latina fuera uno de los continentes con más corrupción institucional -en muchos casos se benefició de ella-, que nunca fue capaz de combatirla, ahora se ha convertido en un arma de intervención directa en los asuntos políticos internos, al servicio de los intereses de las oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales.

La guerra jurídica implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los países de América Latina. El Poder Judicial debería mantenerse al margen de la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular. Esta injerencia en los asuntos políticos supone la anulación de la independencia judicial por su consciente politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho. El 'lawfare' se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina.

(Tomdado de El Diario)

Se han publicado 16 comentarios



Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.

  • Francesco Monterisi (Italia) dijo:

    En Amèrica Latina està en curso una enorme OPERACION CONDOR judicial.
    Articulo traducido en italiano http://www.cubainformazione.it/?p=34978

  • Bernardo dijo:

    Se trata del Plan Condor en el siglo XXI.

  • Nelson dijo:

    Anoche comentaba que perfectamente aparecen pruebas ´´sembradas´´ en las casas de Cristina durante el allanamiento. La estrategia de perseguir mediante la justicia a los líderes de izquierda de América Latina ha dado frutos.
    ¿hasta donde son ciertas las acusaciones?
    Será dificil saberlo.
    Lo cierto es que sirve de experiencia para la izquierda continental en aras de prepararse ante estos retos.
    Otra cosa, se hace necesario que los movimientos progresistas no se concentren en una sola figura líder, porque cuando esta abandona el poder se crea un vacío.

  • Oscar R. Verdeal Carrasco dijo:

    ?Todavía hay quien cree en la famosa tripartición de poderes? El poder hace mucho rato no es "judicial" sino económico. Lo lamentable es que la izquierda (tanto latinoamericana como mundial) sigue coqueteando con la "democracia" y no aprende a unirse y tomar el toro por los cuernos.

    • Carlos Gutiérrez dijo:

      La culpa no la tiene la tripartición de poderes, sino el uso que se haga de ella. Es como cuando se aplica el marxismo deformándolo de acuerdo a los intereses y opiniones particulares de una persona o un grupo y el resultado es terriblemente negativo y completamente distinto a lo que soñaron los clásicos, pero entonces sale alguien y le echa la culpa a Marx. Eso mismo pasa con las doctrinas de Montesquieu, y de otros tantos pensadores.

  • Isael popa F. dijo:

    Unido al Poder Judicil, emplean abiertamente como frente político a los Medios de Comunicación, mayoritariamente en poder de las oligarquías del continente.
    Ahora bien, no parece articularse una contraofensiva bien pensada, para contrarrestar esta aviesa pólítica. Urge movilizar a los pueblos , dotados de las armás teóricas y revolucionarias, para poder hacer frente a esta acometida, encabezada por los que corrompieron a América, padres de todos los trucos para robar impunemente y someter a nuestros pueblos.

  • Carlos Gutiérrez dijo:

    Por cierto: ¿Qué significa un oneroso cartelito, que me está saliendo con molesta frecuencia cuando trato de enviar un comentario, y que dice algo así: "Estás enviando comentarios demasiado rápido; Frena"?

    • Aroldo dijo:

      Eso mismo jajaja, a mí me ha salido otras veces.

  • Alexeis Alberto. dijo:

    Está claro de la guerra fría que utiliza la derecha.
    No pueden ganar en la urnas,el pueblo ha ganado conciencia,ellos trataran de impedir que LULA llegue al poder,sino lo conciguen trataran de hacer atentados,crear crisis política y económica y en último lugar una inetrvención.
    Venezuela es el espejo.
    Pero si el pueblo continua luchando sin cesar,la derecha no tendrá oprtunidad,todo depende del pueblo y ellos quieren a LULA.

  • andres garcia lopez dijo:

    TOTALMENTE CONTIGO DE ACUERDO OSCAR
    "Todavía hay quien cree en la famosa tripartición de poderes? El poder hace mucho rato no es “judicial” sino económico. Lo lamentable es que la izquierda (tanto latinoamericana como mundial) sigue coqueteando con la “democracia” y no aprende a unirse y tomar el toro por los cuernos.

  • El vecino de Lucifer dijo:

    Parece que algunos no entienden lo que es la Democracia.
    Nadie está por encima de la ley, sin importar su ideología.

    • Aroldo dijo:

      Obviamente no entendíste nada del artículo.

  • Taba dijo:

    Si no se permite a Lula su candidatura a la presidencia de Brasil, lo menos que van a hacer los brasileños es aplicar la justicia, que es sacar del poder al presidente de facto.

  • eeah dijo:

    ... que la corrupción es intrínseca al neoliberalismo y a las políticas de ajuste y austeridad.... Si seguimos pensando eso el monstruo nos va a devorar, recuerden las palabras de Fidel el 17 de Noviembre del 2005 cuando dijo que la corrupci'on era lo unico que podia destyruir a la revolucion. No n os engañemos pensando que solo los paises capitalistas sufren de ese mal. Por lo demas excelente articulo. Demuestra que estos gobiernos progresistas no tuvieron la vision necesaria para nombrar jueces (en el caso de Ecuador vicepresidente) a los que criaron y hoy le estan sacando los ojos.

  • Fernando Acosta Riveros dijo:

    Saludos de paz y bendiciones desde México. Este artículo es una reflexión interesante y de mucha utilidad para los pueblos de nuestra América. Aquí en Jalisco y en toda la patria de Ricardo Flores Magón faltan solo unos meses para iniciar un gobierno progresista de Centro-izquierda. Ojalá el Lic. Andrés Manuel López Obrador, los y las integrantes de su gabinete conozcan este interesante planteamiento. Desde la población y la sociedad tenemos la obligación de apoyar los cambios favorables para México y también de alertar y señalar fraternalmente cuando veamos algún movimiento raro hacia la corrupción o de estilo traidor, arribista, etcétera. Costó mucho trabajo que le reconocieran el triunfo a AMLO y es obligación defenderlo con dignidad, principios y buen estilo de trabajo y compromiso. ¡Hasta la Victoria Siempre!, ¡Viva la Unidad de los Pueblos de Nuestra América!, Fernando Acosta Riveros, colombiano-mexicano, lector y suscriptor de Granma Internacional desde el año 1974 cuando se llamaba Resumen Semanal Granma.

  • Alberto dijo:

    Yo creo que hay pillos también en la sacrosanta izquierda.

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Enrique Santiago Romero

Abogado. Secretario general del Partido Comunista de España. Asesor jurídico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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