Ultimátum en las tarimas: Del surco al plato en Cabaiguán

A boca de jarro y apostados detrás de carretillas que exhiben tomates, ajíes pimientos, ajos, malanga, cebolla y hasta raquíticas manos de plátano burro, los pocos vendedores ambulantes que quedan en las cercanías del Mercado Agropecuario Estatal (MAE) La carpa roja, en Cabaiguán, esgrimen una verdad para ellos irrefutable: vender a menos precio no da negocio.

Lo sustentan con más vehemencia desde que a fines del pasado año el Consejo de la Administración Municipal (CAM) plantó ultimátum en las tarimas y comenzó a exigir, rigurosamente, que no se venda ni a un peso más de lo establecido en las resoluciones que regulan el tope de los precios de los productos del agro.

Han sido toneladas de gardeo estatal. Tanto que, recientemente, se rescindió más de medio centenar de contratos a quienes vendían en puntos móviles de la Agricultura Urbana, se mudaron las carretillas de las cercanías de La carpa roja, se limitaron las licencias de los vendedores ambulantes de productos agrícolas y se decomisaron no pocas libras de mercancía.

Mas, de un lado de la báscula siguen pesando los alimentos exclusivos por cuenta propia, los costos elásticos, la ley de la oferta y la demanda…; del otro, producciones que no van del campesino a las plazas, los impagos de Acopio, los esfuerzos para abaratar y sustentar las ferias dominicales, el vilipendio a los consumidores… Con tales aderezos, Escambray sopesa argumentos —desde los mostradores hasta las jabas— y se sienta a la mesa.

De Carretilla

“Quieren que vendamos el tomate a 2.10 pesos la libra y, sin embargo, el domingo en la Feria el Estado lo vendió a 5 pesos en La carpa roja”, sostiene Elgio Moya Camacho, el único de los vendedores que se atrevió a respaldar con nombres y apellidos sus palabras.

“Llevo 20 años con patente y dos años sin multa —asegura— y de ahora para ahorita nos quitaron la licencia. Los productos que se venden aquí se traen de otros lados; por ejemplo, la malanga y el boniato, de La Habana, y si el campesino te vende el boniato a 1.70 pesos la libra tú no lo puedes vender a peso. Con licencia es y estamos como bandoleros. Los que quedan son cuentapropistas, pero están en el filo del cuchillo”.

Gratis caen por ristras, en la agenda de este semanario, otros argumentos: que si el cese de los contratos llegó sin avisos, que si el campesino prefiere venderles a ellos porque Acopio no paga, que si por ser vendedores ambulantes no pueden almacenar mercancía, que si deberían hacer como en Santa Clara que toparon, por ejemplo, el tomate a 8 pesos, que si ellos se acogen solo a la ley de oferta y demanda, que si a nadie cogieron violando precios…

¿Pero ustedes saben que la malanga tiene un precio topado aunque se haya vendido hasta a 12 pesos?, indaga Escambray. Y lo admiten, como mismo lo reconocía aquel muchacho que prefirió el anonimato por temor a represalias: “Hay precios que se han disparado, es verdad, pero el listado de precios que hay tampoco es coherente, es absurdo”.

Por años se le ha puesto límite a los costos —vigente aún en la Resolución 127 del Ministerio de Finanzas y precios o en la reciente Resolución 908 del Consejo de la Administración Provincial— y por años se ha violado. En el 2015 estas mismas páginas daban fe de  aquella incipiente iniciativa local que intentaba contener los importes de los alimentos solo en las ferias dominicales; a la postre, el encarecimiento abofetea más allá del mostrador. Pero la añeja permisividad también ha servido de terreno fértil para no pocas infracciones y justamente ahora se pretenden contener.

“Empezamos a trabajarlo hace dos años —afirma Carlos Puentes Molina, vicepresidente del CAM a cargo de la distribución de bienes y consumo—. En diciembre tomamos la decisión, coordinado con la Agricultura Urbana, de no hacer más contratos con los puntos móviles de ese organismo y dejar solo los puntos fijos que habían hecho una inversión, un local.

“Se hizo debido a violaciones de precios, fundamentalmente, y porque no estaban cumpliendo con el reglamento de la Agricultura Urbana que establece que son carretilleros móviles, que no pueden estar a menos de 200 metros de una entidad estatal —y estaban frente a La carpa roja— y que deben vincularse a un organopónico porque su razón era vender las producciones de esos lugares”.

Desde entonces solo quedó una treintena de puntos fijos y se le suspendió el contrato a más de medio centenar de trabajadores de la Agricultura Urbana que, a despecho de la legislación y a sabiendas de las autoridades, vendían desde acelgas hasta papas.

Y las carretillas que minaban la calle aledaña al MAE se han ido sembrando a cuentagotas en entrecalles contiguas. Y los productos que se comercializaban antes siguen cotizándose a veces, en susurro, a similares costes.

Mas, ni los carretilleros con patente están inmunes. Según la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, nada los exime de regirse por la lista de precios vigente. “Ninguno se acoge a la ley de la oferta y la demanda —precisa Elianni Silot López, al frente de dicho órgano—. Se decidió que estos vendedores de forma ambulatoria debían moverse del área de la feria, ya que estaban violando el alcance de la actividad, descrito en la Resolución 42 del 2013, que decreta que no pueden establecerse en un área fija. Solo en esa área tenemos seis que fueron apercibidos y se les hizo el trabajo profiláctico”.

Tres años atrás, por acuerdo del CAM —según asevera la propia fuente—, ya se había suspendido temporalmente el otorgamiento de licencias para ejercer este oficio y en la actualidad, a tono con las recientes regulaciones para el trabajo por cuenta propia, no se aprobarán nuevas patentes.

Aseguran las autoridades estatales que las regulaciones no pesan únicamente en los hombros de las instancias gubernamentales ni de la policía, sino que se ha convocado a los ciudadanos a denunciar el timo en sus bolsillos.

La ley y el orden

Dicen que aquel sábado de diciembre, cuando las patrullas se parquearon frente a las casas almacenes en las narices mismas de La carpa roja, ya la gente había empezado a marcar cola. Dicen que el domingo posterior, cuando aquellos mismos tomates, malangas, guayabas, yucas… cruzaron la calle hasta el MAE cabaiguanense, a precios “pagables”, la venta no duró ni una hora.

Solo en Cabaiguán, la Policía Nacional Revolucionaria en esa ocasión intervino tres casas almacenes, cuyas mercancías llenaron dos camiones. Según el capitán Yosvany Hernández Castro, jefe de la Estación de la Policía en esa localidad, el accionar no ha terminado. “No hemos bajado la guardia. Todos los domingos en la feria seguimos realizando estos operativos para verificar que se venda de acuerdo con la lista de precios”.

Pero tales acciones no son exclusivas de Cabaiguán; en toda la provincia la Policía Técnica Investigativa y la Unidad de Patrullaje han escrutado con lupa desde los productores hasta las carretillas, han radicado denuncias, se han apostado en las tarimas para que se venda como la ley manda, han interceptado camiones de mercancías intentando salir del provincia, han impuesto multas…

Es un campo sitiado. Tanto, que los inspectores estatales de la Dirección Integral de Supervisión también impusieron, al cierre del 2017, 84 multas por violaciones de precios —de acuerdo con el Decreto Ley 227, artículo 1, inciso b—, lo cual reportó un importe de 9 000 pesos. Asimismo, a tenor del Decreto-Ley 315 se recaudaron 25 000 pesos debido a las multas impuestas a personas que ejercían el trabajo por cuenta propia sin patente.

La batalla no termina en el mostrador, y se sabe, sobre todo si al cerrar los talonarios de multas los alimentos siguen cotizándose por las nubes, si quien compra sigue encontrando en las carretillas lo que no se halla en las placitas.

Ante tales carencias no faltan defensores de quienes venden en carretillas. Así lo sustenta Isidro Martínez: “Para qué quitaron los carretilleros si tú vas a la placita y lo único que hay son latas, entonces tienes que venir aquí a comprar aunque sea más caro”. Más allá, con una jaba tan menguada en tomates como su propio bolsillo, la pensionada Rafaela Rodríguez discrepa: “Lo que tenían era un descaro con el pueblo. Usted cree que con una pensión yo puedo pagar 30 pesos por cinco o seis tomates”.

Increíble, como igual de sorprendente es que un municipio eminentemente agrícola con más de 3 000 productores y 54 bases productivas no pueda llevar la producción del surco a las placitas. Y es la sequía que afecta y el ciclón Irma y Acopio, que sigue pretendiendo que le lleven las producciones casi gratuitamente hasta la ciudad.

No será eterno. Por lo menos así lo cree Puentes Molina: “Queremos que Acopio sea el mayor comercializador, que vuelva a ser lo que era antes. Ya tenemos tres tractores con tres carretas, un camión y en este mes entra otro tractor con carreta y otro camión; ya acopio tiene transporte y puede ir al campo”.

Para abaratar los costos también se abonan otras estrategias: el traspaso de 19 placitas a los dominios de Acopio —ya dispone de 11 y de dos mercados estatales— y llevar la comida a cada Consejo Popular como lo delinea el novel programa de autoabastecimiento.

La golondrina de Cabaiguán no hará primavera si en el resto de los territorios —pienso, por ejemplo, en Trinidad— los alimentos continúan comercializándose a precios galácticos, si las papas solo se venden en aquellos sacos camuflados debajo de las carretillas, si los campesinos guardan la mercancía de primera para los revendedores.

La carestía de los alimentos no se resuelve con pararse en la esquina de La carpa roja y ver la calle aledaña despoblada de carretillas que han pasado a estacionarse cuadras más allá. Eso solo es otro cultivo en el fértil campo de los flexibles costos. Lo verdaderamente trascendente es que tantas estrategias persistan y den frutos y que, a la postre, no resulte poco menos que agónico llevar un plato de comida a la mesa.

(Tomado de Escambray)