Puerto Rico, 31 de marzo de 2014
Carlos Muñiz Varela.
El compromiso contraído por el secretario de Justicia, César Miranda, de reclamar la evidencia que tiene el Gobierno de Estados Unidos sobre asesinatos políticos como el de Carlos Muñiz Varela y Santiago Mari Pesquera es fundamental para cerrar las heridas que se le infligieron a la democracia y que todavía laceran la confianza en nuestro sistema judicial.
Los documentos parcialmente desclasificados hasta ahora, y en poder de las autoridades locales, contienen tachaduras que imposibilitan distinguir los nombres, y por tanto, conocerlos, y señalar de una vez por todas a los responsables de hechos monstruosos, cometidos a plena luz del día y con tácticas de clara esencia terrorista, que aún permanecen en la impunidad.
Carlos Muñiz Varela, de origen cubano, pero llegado a Puerto Rico a la edad de siete años, fue asesinado a tiros el 28 de abril de 1979, perseguido por promover vuelos turísticos a Cuba a través de una agencia de viajes de su propiedad. Bajo las leyes vigentes del País, su asesinato no ha prescrito, pero han sido infructuosos todos los esfuerzos llevados a cabo por diversas instancias judiciales para dar con los culpables.
Se presume que tres sicarios contratados por los autores intelectuales del crimen, fueron protegidos por altos mandos policiacos y algunos políticos de aquella época, más tarde señalados por sus vínculos con el bajo mundo y la corrupción, y por otros delitos que los llevaron a la cárcel.
La manera en que se ha enfocado el esclarecimiento del caso de Muñiz Varela, sugiere irregularidades crasas con respecto a las pistas, los indicios e incluso las admisiones que se han hecho respecto a lo que sin duda fue un crimen de odio ideológico, tan sólo alentado por las ideas y el trabajo que desempeñaba la víctima. De acuerdo con el exsecretario de Justicia de 2005 a 2008, Roberto Sánchez Ramos, un alto jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) le habría admitido que contaban con evidencia suficiente para resolver el caso.
Y el anterior secretario, Luis Sánchez Betances, también habría iniciado conversaciones con el Departamento de Justicia federal para que solucionaran de una vez el crimen.
En efecto, es difícil de entender que los documentos parcialmente desclasificados omitan, mediante el procedimiento de tachar los nombres, información que puede revelar detalles del complot y así poder fijar responsabilidades a los autores de un asesinato de claro perfil de odio político, desconocido hasta entonces en el ámbito social puertorriqueño.
En el caso del asesinato de Santiago Mari Pesquera, hijo mayor del fallecido líder independentista Juan Mari Bras, ocurrido en marzo de 1976, y por el cual resultó convicto el ciudadano Henry Walter Coira, sigue flotando la sombra de una conspiración, en cuyo caso los instigadores del crimen seguirían impunes. Es de rigor para la memoria histórica de nuestro pueblo y la dignidad de su trayectoria judicial, llegar al fondo de lo que ocurrió con Mari Pesquera.
No es justo para la familia de Muñiz Varela, ni tampoco para una sociedad como la nuestra, hoy asediada por otro tipo de violencia, que las autoridades federales no ofrezcan la cooperación que pueden dar para la solución de un crimen que se cometió hace 37 años, por la vía de tachar los nombres en los documentos que deciden hacer públicos. No toleraría el pueblo estadounidense que las identidades de los responsables de atentados cometidos en su territorio, permanecieran ocultas por voluntad de las autoridades de otro país que se supone cooperador y democrático.
Hay que ser consecuentes en la lucha contra el crimen, y eso incluye los asesinatos de odio ideológico que están impunes -incomprensiblemente- hace décadas. El secretario de Justicia, César Miranda, tiene en sus manos requerir del Gobierno federal los datos tachados en los documentos y exigir la solución de un capítulo trágico de nuestra historia.
Es un paso que no debe posponerse más.
Editorial del Nuevo Día