Cubadebate

Durante más de medio siglo, el gobierno de los Estados Unidos ha manipulado sus relaciones migratorias con Cuba como instrumento de presión o chantaje políticos. De una parte, la asfixia económica de un bloqueo que en lugar de ceder se acrecienta con los años; por la otra, el incentivo de la emigración ilegal -el nuestro es el único país del mundo cuyos ciudadanos son aceptados y regularizados de inmediato si pisan ilegalmente territorio estadounidense-, y su politización, al establecer que todo emigrado cubano es un "refugiado".

Solo crisis como las de 1980 y 1994, han obligado al gobierno vecino a sentarse en la mesa de negociaciones, a la que ha sido invitado siempre por Cuba. Del primer encuentro, emergió un Acuerdo de Normalización firmado el 12 de diciembre de 1984. Entre otros aspectos, aquel esfuerzo de concertación implicaba la devolución al país de 2 746 "excluibles" del "éxodo" del Mariel, que vivían en Estados Unidos y la concesión por parte de su Gobierno de hasta 20 mil visas anuales a ciudadanos cubanos que deseaban emigrar.

Cuba cumplió sus compromisos de forma rigurosa. El Acuerdo se mantuvo vigente durante ocho años, hasta 1994 -su letra quedó sin efecto entre 1985 y 1987, por la salida al aire de la mal llamada Radio Martí-, pero de las 160 mil visas que, sumadas, debieron ser concedidas por los Estados Unidos, solo se entregaron 11 mil 222, es decir, el 7% del total posible. En contraposición, continuó la irresponsable aceptación en territorio norteamericano de polizontes o secuestradores de naves aéreas y marítimas.

La llamada "crisis de los balseros" de 1994 conjuga esos factores: recrudecimiento oportunista del bloqueo económico y comercial, que aprovecha la caída simultánea de los mercados y los proveedores socialistas, la aceptación tácita de la emigración ilegal -que permite el secuestro armado de embarcaciones y aeronaves-, y la no concesión de visas para la emigración legal. Como resultado, en 1994 emigraron ilegalmente hacia los Estados Unidos más de 30 mil personas.

La nueva crisis migratoria condujo otra vez al diálogo, y a la firma de dos nuevos Acuerdos: el Comunicado Conjunto del 9 de septiembre de 1994, así como la Declaración Conjunta, fechada el 2 de mayo de 1995, que instrumentalizaban las medidas convenidas. Ambos gobiernos manifestaron nuevamente su interés en normalizar los procedimientos migratorios y se comprometieron, de una parte, a no otorgar la aceptación provisional a todo emigrante cubano que llegase a territorio estadounidense por vías ilegales, y por la otra, a tratar de impedir por medios persuasivos las salidas inseguras. Se comprometieron además a tomar medidas efectivas que impidiesen el tráfico ilegal de personas y el uso de la violencia en el desvío de aeronaves y embarcaciones.

El nuevo acuerdo mantuvo el coto de no menos de 20 mil visas al año, para garantizar la migración ordenada. Las autoridades cubanas han concedido todas las facilidades a los ciudadanos cubanos que han recibido la visa y documentos de viaje para emigrar a los Estados Unidos. A partir de 1995, los ciudadanos cubanos que fuesen interceptados en alta mar por guardacostas y embarcaciones estadounidenses serían devueltos a Cuba, y las autoridades de la Isla se comprometían a no tomar medidas legales contra estos infractores. También se acordó la devolución a Cuba de los emigrantes que entrasen de manera ilegal a la Base Naval de Guantánamo. En acciones de buena voluntad y cooperación, el gobierno cubano autorizó la visita de fiscales, abogados e investigadores estadounidenses para verificar la información y recoger las declaraciones sobre casos de secuestro y operaciones de tráfico de emigrantes.

Cuba ha tomado medidas ejemplarizantes y eficaces, sin recibir colaboración alguna por parte del gobierno de los Estados Unidos. El Estado cubano ha difundido artículos y reportajes en sus medios de comunicación sobre casos de víctimas mortales del tráfico humano y la emigración ilegal, con el objetivo de disuadir a potenciales emigrantes y ha realizado acciones preventivas profilácticas con individuos involucrados en salidas ilegales fallidas. Ha detenido y sancionado además a organizadores, transportistas y guías de costa involucrados en el negocio del tráfico de emigrantes. En los últimos cuatro años ha endurecido su enfrentamiento. Nuestro gobierno ha arrestado a decenas de traficantes y mantiene su disposición a entregarlos a la justicia estadounidense, para que sean juzgados de acuerdo con las leyes de aquel país.

Las embarcaciones de los traficantes capturados son confiscadas, según un Decreto-Ley promulgado al efecto. El artículo 348 del Código Penal cubano estableció la sanción de cadena perpetua para los comisores del delito de tráfico de personas que emplearan la violencia, con peligro o pérdidas de vidas humanas. Este aspecto del Acuerdo, de vital importancia, fue violado en varias ocasiones por la administración Bush, que admitió a secuestradores y a sujetos con causas legales pendientes en Cuba. El gobierno estadounidense no descontinuó la práctica de otorgar la admisión provisional automática a todos los emigrantes cubanos que arriben a su territorio por vías irregulares, ni ha devuelto a todos los emigrantes ilegales interceptados en alta mar. Durante el mandato republicano se concibieron y ejecutaron programas, aún vigentes, para estimular la deserción de colaboradores y profesionales cubanos desde terceros países. La cifra de visas concedidas estuvo en esos años por debajo de lo acordado. La marcha del cumplimiento de los Acuerdos fue periódicamente revisada en 20 rondas de negociaciones conjuntas, desde septiembre de 1994 hasta enero de 2004, en que fueron suspendidas por decisión unilateral de los Estados Unidos. Solo a partir de la toma de posesión en 2008 de la administración Obama, se han expedido 20 mil visas al año según lo acordado.

Tras reanudarse con el Gobierno de Obama, en julio del 2009, y realizarse cuatro rondas, fueron canceladas nuevamente desde mediados de 2011, por decisión política unilateral del gobierno estadounidense. El gobierno de Cuba presentó en 2009 al gobierno de los Estados Unidos un proyecto de nuevo Acuerdo Migratorio, con la intención de eliminar las irregularidades descritas y fortalecer la cooperación bilateral para el enfrentamiento a la emigración ilegal y al tráfico de emigrantes. El proyecto de Acuerdo no ha sido aceptado por el gobierno estadounidense.

Pero la manipulación política de los contactos entre los pueblos cubano y estadounidense, no solo afecta a nuestros ciudadanos. El 16 de enero de 1961 se estableció por el gobierno de los Estados Unidos que todo ciudadano estadounidense que deseara viajar a Cuba tendría que solicitar un permiso especial, medida aún vigente. Cuba eliminó el permiso de salida para los ciudadanos cubanos, ¿cuándo los Estados Unidos eliminarán el permiso de salida para viajar a Cuba a sus ciudadanos?

(Tomado de Granma)