Editorial de La Jornada
Algunas de las asambleas ciudadanas que tienen lugar en diversas localidades de España, y cuyos participantes son genéricamente conocidos como los indignados, acordaron en sus sesiones de ayer mantener los campamentos por un tiempo más y, lo más importante, dar paso a formas de organización que aseguren la continuidad del movimiento de protesta que sacude al país ibérico. Así ocurrió en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Bilbao.
En ésas y muchas otras ciudades, las asambleas decidieron convocar a la conformación de un movimiento con fundamento barrial y avanzar en las formas de organización para expresar el hartazgo ciudadano ante el modelo económico depredador, la insensibilidad y frivolidad de la clase política y el nulo interés de los poderes políticos y económicos por el sufrimiento de asalariados, consumidores, inquilinos, desempleados, jubilados y jóvenes sin acceso a la educación ni al trabajo, entre otros sectores poblacionales afectados por el manejo oficial ante la recesión que persiste en España.
Otro dato significativo de la jornada de ayer es que se confirma el crecimiento transgeneracional de los indignados y la expansión de sus causas. Ahora, en ese movimiento confluyen no sólo la irritación de los jóvenes ante un modelo político-económico que les niega un sitio en el mundo, sino también la preocupación de los jubilados por la pérdida del poder adquisitivo de sus pensiones y el recorte de sus prestaciones, los vecinos afectados en sus entornos urbanos por la descontrolada irrupción de capitales que los transforman y destruyen, los migrantes extranjeros exasperados por la discriminación y los atropellos de que son víctimas. Entre otros.
No debe perderse de vista que la brutal e injustificada represión policial ordenada el pasado viernes contra los indignados que acampan en la barcelonesa Plaza de Cataluña no logró amedrentar a ésos ni a otros manifestantes en el resto del país, sino que tuvo, incluso, el efecto contrario: dio a los jóvenes golpeados y heridos por las cargas de los mossos d'esquadra un elemento adicional de cohesión y de instatisfacción contra un régimen que tiene, en el deplorable proceder de Felip Puig, encargado del Interior en la Generalitat catalana, la expresión extrema de una insensibilidad generalizada y de una mentalidad policial compartida por el grueso de la clase política, y que se proyecta a otros ámbitos de descontento social, como el nacionalismo vasco.
Otra muestra de semejante espíritu fue dada ayer por la titular de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien desde el sábado ha venido exigiendo al Ministerio del Interior que realice en la Plaza del Sol un desalojo represivo similar al efectuado por el gobierno catalán en Barcelona.
Con o sin nuevos episodios de agresión gubernamental a los ciudadanos, lo que ha quedado claro en estas semanas de revuelta es que el sistema inventado e impuesto tras el fin de la dictadura franquista, sus instituciones y sus partidos políticos, no es una vía eficiente de participación ciudadana y crea más problemas de los que soluciona. Sólo así puede entenderse la decisión de la gente indignada que ayer decidió dotarse de una estructura independiente de los poderes establecidos a fin de pugnar por el cambio de modelo económico -compartido por los partidos Popular, en la oposición, y Socialista Obrero Español, aún en el gobierno- y de presionar por la instauración de una democracia realmente incluyente, plural y participativa. Porque en España, como ocurre en otros países cuyos gobiernos son dominados por el poderío empresarial y mediático, la clase política ha terminado por escindirse de la ciudadanía a la que dice representar y en cuyo nombre actúa, y hoy sólo se representa a sí misma y a los intereses de los capitales locales y foráneos.