Cubadebate

El "Comité Nacional para la Liberación de los Cinco Cubanos" de Estados Unidos acaba de presentar ante un tribunal de Washington una demanda formal contra la Junta administrativa de la Oficina para las Transmisiones a Cuba (OCB), responsable de las emisoras de propaganda anticubana del Gobierno  de Estados Unidos, Radio y TV Martí.

En su denuncia el Comité señala los prejuicios creados en contra de los cinco antiterroristas cubanos a partir del 12 de septiembre de 1998 y particularmente en el curso de su juicio en Miami por la avalancha de material negativo difundido por periodistas contratados y remunerados por Radio Martí, con el propósito de influir en la decisión del jurado.

La OCB se abstuvo ilegalmente de revelar la existencia de tales contratos con periodistas pagados de manera encubierta por el gobierno para publicar informaciones difamatorias en contra de Cuba y los Cinco, en violación de las más mínimas reglas de la profesión.

El Comité presentó una solicitud FOIA de acceso a la información el 23 de enero último para obtener documentos relacionados con la contratación de estos periodistas.

Según la demanda,  "el público tiene derecho a saber hasta qué punto el Gobierno de Estados Unidos pagó de manera oculta a periodistas para redactar textos relacionados al caso de los Cinco que iban a alcanzar e influir a la vez en los candidatos al jurado mientras el propio Gobierno llevaba estos procedimientos judiciales".

A partir del 12 de septiembre de 1998, los medios de comunicaciones de Miami "jugaron un importante papel al crear un ambiente hostil en la ciudad, a través de los periódicos, la televisión y la radio", precisa el documento presentado con el apoyo de la fundación Partnership for Civil Justice, una asociación de juristas de Washington.

TEXTOS INCENDIARIOS PAGADOS POR EL GOBIERNO

"Si el Gobierno estaba financiando, como todo lo demuestra, a periodistas quienes escribieron textos incendiarios y falsos acerca de los Cinco que iban a influir entre los candidatos al jurado y el jurado como tal, mientras perseguía a los Cinco, esto levantaría serias preguntas sobre la mala conducta del Gobierno y la privación del derecho a un juicio justo", señaló el Comité, en un documento presentado ayer en conferencia de prensa.

Al tomar la palabra, Gloria La Riva, dirigente del Comité recordó que la información gubernamental fue publicada originalmente en el diario Miami Herald por el periodista Oscar Corral en 2006.

"El 23 de enero último, el Comité exigió más información de la OBC, porque creemos que hay mucho más influencia del Gobierno de Estados Unidos a través del pago a periodistas que lo divulgado en el 2006".

"Después de un plazo, la OCB nos dio una lista limitada de nombres de periodistas: los que fueron revelados en 2006 y otros, descubiertos en nuestra solicitud", continuó La Riva para confirmar que la OCB y la propia Radio-TV Martí se negaron luego a dar más información. Lo que llevó a la demanda presentada ayer, miercolés.

El escándalo desencadenado por Oscar Corral estalló en septiembre 2006 cuando se reveló que unos 50 periodistas de la Florida estaban pagados por Radio Martí para realizar material propagandístico alineado con la retórica anticubana del Departamento de Estado.

Los nombres de conocidos periodistas del diario El Nuevo Herald, identificados con la extrema derecha, aparecían en la lista.

El comentarista Pablo Alfonso había recibido unos 175 000 dólares desde 2001; Olga Connor,  71 000 dólares, y Wilfredo Cancio Isla, unos 15 000 dólares.  Expulsado del Nuevo Herald, Cancio fue reintegrado poco después y sigue hoy como jefe de redacción del diario.

Finalmente, Carlos Alberto Montaner, comentarista madrileño-miamense con pasado terrorista, conserva hoy su espacio en esta publicación convertida en hoja de propaganda de todos los extremismos de derecha de América Latina.

En cuanto a Oscar Corral, el reportero que desenmascaró a estos periodistas pagados por Washington y quién, también, se atrevió a investigar temas calientes relativos al terrorista internacional Luis Posada Carriles, fue víctima de amenazas de muerte antes de encontrarse implicado en un oscuro caso de relación con una prostituta, en circunstancias dudosas.

Fue también Corral quién desarrolló el tema del escandaloso informe de auditoría de la Oficina General de Contaduría (GAO), que revelaba que los grupos anticubanos gastaron en artículos suntuarios, chocolates, enlatados de cangrejo y otros productos decenas de millones asignados por el gobierno de Estados Unidos entre 1996 y 2005 para la guerra sucia contra Cuba través de su Agencia para el Desarrollo internacional (USAID).