Publicado el 18 de diciembre de 2005 en el New York Times
Traducción Cubadebate
Editorial
El 17 de octubre de 2002, el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, teniente general Michael Hayden, hizo una petición elocuente, solicitando que la Cámara y el Senado hicieran una indagación conjunta de inteligencia, con vistas a lograr un diálogo sobrio a nivel nacional en cuanto a si la línea entre la libertad y la seguridad debía cambiarse después de los ataques del 9 septiembre y, de ser así, precisamente hasta que punto debía cambiarse. Recordó a los legisladores que las regulaciones para que su agencia realizara labores de espionaje contra los estadounidenses, que fueron redactadas cuidadosamente hace decenios, se basaban en la protección de los derechos constitucionales fundamentales.
Si se fueran a cambiar, afirmó el General Hayden, "Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que buscar el verdadero equilibrio entre la protección de nuestra seguridad y la protección de nuestra libertad." El general Hayden se refirió a la necesidad de tener un "diálogo nacional" y añadió: "Lo que necesito en realidad es que hablen con los miembros de sus circunscripciones y que averigüen dónde es que el pueblo estadounidense quiere que se establezca esa línea entre la seguridad y la libertad."
El general Hayden estaba en lo cierto. Los asesinatos en masa del 11 de septiembre mostraron que el sistema de inteligencia de Estados Unidos tiene grietas mortales que es necesario cerrar. La mayoría de estas grietas se debían a fallas de cumplimiento y no a barreras legales. No obstante, los estadounidenses esperaban un cierto equilibrio razonable, cuidadosamente mesurado, entre la seguridad y las libertades civiles. Confiaban en que sus líderes electos seguirían los principios democráticos y legales de larga data, y harían cambios oportunos. Sin embargo, el Presidente Bush tuvo otras ideas. Amplió secreta e irresponsablemente las facultades del gobierno, de una forma peligrosa e innecesaria, lo cual socava las libertades civiles y puede haber violado también las leyes.
En la edición del viernes del Times, James Risen y Eric Lichtblau informaron que en algún momento durante el 2002, el Presidente Bush firmó una orden ejecutiva secreta con la que abolía un consenso alcanzado cuidadosamente hacía 25 años: que establecía que espiar a los estadounidenses por parte del gobierno era generalmente prohibido, y que cuando esto se permitía, debía ser regulado y supervisado por los tribunales. Las leyes y órdenes ejecutivas que rigen la escucha electrónica por parte de la agencia de inteligencia se diseñaron específicamente para confirmar la prohibición de registros irracionales y las confiscaciones, previstos en la Cuarta Enmienda.
Sin embargo, el señor Bush decidió de forma secreta que iba a permitir que la agencia espiara a los ciudadanos estadounidenses sin necesidad de tener una orden para hacerlo, de la misma forma en que había decidido con anterioridad ignorar las Convenciones de Ginebra, las leyes estadounidenses y las regulaciones del ejército en lo que respecta al trato de los prisioneros en la guerra contra el terrorismo. De hecho, el mismo abogado del Departamento de Justicia, John Yoo, que ayudó a redactar el memorando retorcido para la legalización de la tortura, escribió artículos respaldando el criterio de que el presidente pudiera, una vez más, hacer caso omiso de la ley, respecto de la capacidad de la agencia de inteligencia para escuchar llamadas telefónicas e interceptar mensaje de correos electrónicos.
"El gobierno está justificado por tomar medidas que en condiciones menos difíciles pudieran catalogarse como una violación de las libertades individuales," escribió este abogado.
Seamos claros en esto: las labores ilegales de espionaje que el gobierno hace contra los estadounidenses son una violación de las libertades individuales, en medio de condiciones difíciles o no. Ninguna persona que respete realmente el estado del derecho y la Constitución tendría dificultades en entender eso. La ley que impera en la Agencia de Seguridad Nacional fue escrita después de la guerra de Vietnam porque el gobierno había realizado listados de personas que consideraba como amenazas a la seguridad nacional y los espiaba. En aquel momento hubo cabos sueltos sobre la forma eficaz de recopilar información de inteligencia, los mismos que existen en la actualidad, y el Congreso, los tribunales y el pueblo estadounidenses los rechazaron.
Esta carrera final específica sobre las libertades civiles es también innecesaria. La agencia de inteligencia ya tenía la facultad para leer tus mensajes, tus correos electrónicos y escuchar tus conversaciones telefónicas. Lo único que tenía que hacer era obtener una orden especial de un tribunal especial creado a esos efectos. La cantidad de pruebas para obtener una orden se flexibilizó un poco después de los acontecimientos del 11 de septiembre, pero incluso antes de los ataques raras veces el tribunal rechazaba una solicitud.
El tribunal especial puede actuar en cuestión de horas, pero los funcionarios del gobierno alegan que en ocasiones necesitan comenzar a monitorear una gran cantidad de números telefónicos incluso con más celeridad, y que en esos números pudieran incluirse algunos de ciudadanos estadounidenses. Se supone que ello justifique la orden del señor Bush, pero eso no tiene sentido. Ya la ley vigente reconoce que las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses pueden interceptarse de forma aleatoria. Establece que esos expedientes pueden retenerse y utilizarse si constituyen un verdadero material de inteligencia o contrainteligencia extranjeras. De lo contrario, deben botarse.
El presidente Bush defendió el programa ayer, al alegar que con él se salvaban vidas, insistió con fuerza en que estaba trabajando dentro del marco de la Constitución y la ley, y denunció al periódico The Times por divulgar la existencia del programa. No sabemos si estuvo acertado en la primera ocasión; esta Casa Blanca ha emitido tantas falsas alarmas sobre la urgencia de amenazas a la seguridad nacional que ha perdido toda su credibilidad. Pero hemos aprendido a las malas que no se puede confiar en el equipo del señor Bush para buscar los límites de la ley, y mucho menos para respetarlos.
El señor Bush dijo que no anularía su directiva secreta ni detendría las labores de espionaje ilegal, por tanto el Congreso debe encontrar una forma de obligarlo a hacerlo. Quizá los líderes del Congreso a los que se le informó sobre el programa deban comenzar a trabajaren ese sentido.