El Salvador es uno de los países más duros del mundo con quienes interrumpen su embarazo: hasta 50 años de cárcel. Su segunda condena es vivir bajo el estigma, en un país que considera que quienes abortan o pierden sus hijos por complicaciones obstétricas son homicidas (Fuente: El País)
Guillermo Tell
Semejante situación persiste hoy aunque ganando terreno los reclamos por revisiones y cambios en una de las legislaciones más duras que menoscaban derechos de las mujeres, un tema pendiente que regresa al centro noticioso con la llegada de cada nuevo gobierno.
Para la Organización de Naciones Unidas “es importante resaltar que el Código Penal afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres”, y pidió una revisión de todos los casos que acabaron con penas de prisión, al tiempo que la Eurocámara dijo en un pronunciamiento que el embarazado forzado “es un crimen de lesa humanidad y una forma de violencia de género contra la mujer”.
En el propio país la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, explica que las prisioneras “sufren condiciones muy duras y el sistema de justicia no hace ninguna consideración, no tiene en cuenta sus circunstancias”, mientras que hay un grupo de letradas y activistas que luchan desde el exterior para devolverles sus vidas y quitarles ese estigma.
Todo lo que se arrastra desde el fondo de rancios dogmas intransigentes que perviven.