La condena de una joven salvadoreña a 30 años de cárcel, acusada de homicidio por aborto tras quedar embarazada por una violación, fue calificada de injusta por un colectivo feminista que apelará el fallo. Su defensa alega que dio a luz y que el bebé nació muerto. (Agencia AFP).
Guillermo Tell
Mujeres de organizaciones feministas protestan.
Todavía en pleno siglo 21 retrógradas visiones plasmadas en petrificados códigos legislativos convierten en doble víctima a una estudiante de 19 años, de la abusiva violación primero y de un presunto crimen familiar después, “sin ninguna prueba directa”, según el informe de los peritos de la Fiscalía.
Los hechos recién juzgados se remontan a un año atrás cuando ella parió en el baño de su casa y fue trasladada a un hospital, donde dio cuenta del nacimiento del bebé muerto, en la casa de donde la policía retiró el cuerpo contaminando la escena de acuerdo con alegatos de la defensa de la muchacha.
El Salvador figura como una de las pocas naciones en el mundo que castiga hasta con 40 años de cárcel a mujeres que aborten, incluso cuando lo hacen por complicaciones en sus embarazos y con este último caso suman allí 17 las que purgan por circunstancias parecidas. Así le ocurrió en 2013 a una joven a la que se le impidió abortar un feto que se desarrolló sin cerebro y sin posibilidad de sobrevivir al nacer.
Las leyes pertenecen a la respetable soberanía de cada país, pero a cada quien el derecho al sobresalto humano ante la supervivencia de inquisiciones tan arcaicas y rígidas.