El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, vinculó públicamente el domingo a más de 150 jueces, alcaldes, legisladores y militares con las drogas, y les ordenó entregarse a las autoridades para que se investiguen sus casos mientras intensifica su sangrienta guerra contra lo que califica de "pandemia". (Fuentes Nuevo Herald y El Mundo)
Guillermo Tell
Rodrigo Duterte
El recién estrenado mandatario de este archipiélago asiático, quien previamente desplegó una campaña electoral siguiendo las pautas del aspirante estadounidense Donald Trump, basada en declaraciones espectaculares, se encuentra hoy en el ojo de la tormenta mediática, al concretarlas en el ejercicio del poder.
Su promesa de mano dura contra la delincuencia, seguido ahora por llamamiento directo tales como “si conocen a algún drogadicto, mátenlo ustedes mismos” se ha traducido en la muerte de más de 400 traficantes a manos de la Policía o grupos de vigilancia, lo que ha desatado fuertes entre las organizaciones de derechos humanos, según reportan medios.
Descontando estos presuntos excesos, la cifra oficial de unas 4.400 personas detenidas desde que asumiera el cargo hace un mes y los casi 600.000 que se entregaron a las autoridades, parece reflejar la extensión del omnipresente fenómeno social de la droga hasta en los intersticios del aparato estatal a juzgar por los150 funcionarios y militares citados.
La controvertida orientación para combatir el narcotráfico, puede que solo arroje más ruido que nueces, sin atacar las empoderadas redes internacionales del narcotráficos, y desconociendo otros factores como la secular pobreza del país, las petrificadas élites políticas privilegiadas y la corrupción.