El caso de Liz Carolina Villasanti puso una vez más en la agenda del país el trabajo infantil, esa realidad insoslayable que afecta a más de 420.000 niños de todo el país. Deberían estar jugando y estudiando. Pero no lo están. (Fuente: El Mundo).
Guillermo Tell
Una niña juega en los alrededores del vertedero Cateura, de Asunción. Foto: Elmundo.es
De 10 años de edad, la menor murió aplastada por una maquinaria pesada cuando buscaba desperdicios reciclajes en un vertedero en las afueras de Asunción, la capital de Paragüay. Y no era la única que en el momento de la tragedia se dedicaba a la misma labor, denunciada por el Fondo de las Unidas para la Infancia (UNICEF) entre las más peligrosas para la niñez.
Pero Liz Carolina es una de seis hijos de una pareja que trata de que la familia sobreviva al día, frente al reto de la falta de empleo, que tipifica a su vez la aguda pobreza extrema de vastas poblaciones en el mundo, fruto de la riqueza mal repartida que ahonda las brechas sociales.
Por mucho que encomiablemente la UNICEF, otras agencias internacionales, gobiernos y foros mundiales impulsen la prohibición el trabajo infantil, lo que merece el más decidido apoyo, lo cierto es que la cifra de niños dedicados a menesteres que no deben tocarles cede casi a cuentagotas.
Cuando el hambre aprieta en hogares bajo el azote de la miseria, esa desesperada y peligrosa alternativa permanece latente si faltan remedios de fondo que pasan principalmente por cambiar el orden económico mundial, y al menos entretanto por la voluntad de los gobiernos de acometer con firmeza programas protectores.