El gobierno uruguayo anunció que profundizará su lucha contra el tabaco, pese a la demanda internacional que le presentó la tabacalera multinacional Phillip Morris, cuyos ingresos duplican el Producto Bruto Interno del país, de unos 32.000 millones. (Fuente: AP)
Guillermo Tell
El litigio sin precedente abierto por la poderosa empresa ante una dependencia sobre inversiones del Banco Mundial contra la política de un Estado soberano, intenta frenar los esfuerzos en favor de la salud de la población, lo que debería merecer elogio en lugar de reclamaciones, si lo consideramos desde el más elemental ángulo de los derechos humanos. Pero el frío cálculo de las ganancias y pérdidas comerciales dominan el lenguaje de las transnacionales del ultra liberalismo y su típica conducta extraterritorial.
Sin embargo, las autoridades uruguayas han reiterado que se mantendrán firme en su sano empeño de aplicar medidas como la prohibición de fumar en locales públicos y oficinas y la obligación de las firmas de tabaco a cubrir un ochenta por ciento de sus paquetes de cigarrillos con muestras de los daños que sufre el fumador, y eliminar ciertos lemas publicitarios. Y nada más.
Ya la Corte Suprema del país rechazó con buen fundamento el reclamo de inconstitucionalidad planteado por la tabacalera local, a la que al parecer poco importa la calidad de vida.