El Supremo asegura que el bombardeo que mató a Couso es penalmente imputable. El alto tribunal ordena a la Audiencia que reabra la investigación por indicios de delito y vulneración de las normas del Derecho. (Fuente: EFE)
Guillermo TellLa búsqueda de la justicia, tantas veces escamoteada por contubernios políticos, ganó un tanto, por la fuerza de los hechos, la movilización internacional y la tenacidad indoblegable de la familia del camarógrafo español José Couso, asesinado a mansalva por militares estadounidenses invasores que dispararon contra reporteros albergados en el hotel Palestina de Bagdad, durante los aciagos días de la agresión contra Iraq, en 2003.
Al menos se ha dictaminado que se reabra la investigación del caso, torpedeada antes consecutivamente por otras instancias jurídicas para evitar el encausamiento del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, autores materiales directos de la fechoría, a quienes se ha pretendido amparar bajo el pretexto de circunstancias bélicas y de un inexistente francotirador apostado en el hotel.
Pero la experiencia recomienda un optimismo vigilante, si falta voluntad política en los poderes correspondientes para colocar aunque sea bajo escrutinio la conducta militar del imperio.
